El Atrium recurre contra el Ayuntamiento de La Vila Joiosa por el convenio que legalizó su exceso de alturas
La promotora del hotel Atrium Beach de La Vila Joiosa, Hotel Luna, SA, ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano contra el Ayuntamiento de este municipio por la aprobación del Plan de Reforma Interior de Mejora (PRIM), el pasado 20 de octubre, y que ha supuesto la legalización del edificio.
A pesar de los esfuerzos del Consistorio gobernado por José Miguel Llorca, del Partido Popular, por solucionar los excesos del hotel, esta es la segunda ocasión en la que Hotel Luna, SA recurre a los tribunales contra la Administración al sentirse perjudicada. El primer recurso rechazó la sanción económica impuesta por el Consell de 12 millones de euros por el exceso de edificabilidad del complejo, y ahora recurre la aprobación del PRIM que pretendía legalizar la mayor parte de las obras excedidas, también con los votos de los concejales del PP.
El acuerdo recurrido prevé puestos de trabajo para la localidad y terrenos
El portavoz de la mercantil, Javier García, explicó que están procediendo a la demolición de los 14.400 metros cuadrados de exceso de edificabilidad (menos de la tercera parte de la computada), tal y como se dictaminó, pero consideró "injusta y desmesurada" la medida, contra la que han recurrido. García acusó al gobierno vilero de "trato injusto" hacia su empresa pese a las gestiones realizadas por Llorca. "No han respetado ninguna de las dos licencias con las que hemos realizado las obras; han computado como edificabilidad del hotel los cerramientos y terrazas de particulares en las torres; lo hacen de acuerdo al nuevo PGOU, cuando el hotel se basó en el anterior; ofrecemos parcelas como compensación y reducen su valor...", se quejó. García advirtió que la empresa acudirá "a todas las instancias posibles para denunciar esta injusticia".
El acuerdo entre el Ayuntamiento y la empresa contemplaba, además de la demolición, la obligación de la mercantil de destinar la mitad de puestos laborales que genere el complejo a vecinos del municipio y ceder varias parcelas que suman 22.000 metros cuadrados. El anterior consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, impuso una multa de 12 millones a la mercantil, sanción que se pretendía ejemplarizante de una política urbanística basada en el rigor de la ley.
El portavoz del Bloc en La Vila, Vicent Serra, consideró que la mercantil "no conoce la vergüenza", al ser capaz de "denunciar a una Administración que está legalizando mediante un PRIM una ilegalidad", y pidió la intervención de la Fiscalía. El edil de Iniciativa Independiente, Pedro Lloret, calificó de "muy extraña" la denuncia ante el esfuerzo del municipio. Este periódico intentó obtener una valoración del Gobierno local, que se negó a hacer declaraciones alegando que la información había surgido mediante un fax anónimo enviado desde el Consistorio. "Notas de prensa anónimas no son contestadas. No sabemos a qué tipo de intereses obedecen", apuntó un portavoz.
Por otra parte, el pleno municipal del próximo jueves abordará la situación de las 5.000 viviendas construidas a escasos metros del Atrium Beach, en el Plan Parcial Cales y Atalayes, después de que el TSJ haya anulado el acuerdo que aprobó el proyecto en 2002, y las haya dejado en situación de ilegalidad. El PP pretende someter a votación el mismo convenio urbanístico, que requería de una mayoría absoluta que en aquella ocasión no tuvo por la ausencia de dos ediles, lo que ha provocado ahora la revocación.
