El Ayuntamiento de Castalla consiente la construcción de cientos de viviendas ilegales

La segunda fase de la urbanización Castalla Internacional, compuesta por más de 500 viviendas unifamiliares, carece de licencia de obras, tampoco dispone de una declaración de impacto ambiental favorable, y no tiene luz ni agua corriente legalizada, según denunció ayer el PSPV. Eugenio Burriel, responsable de Territorio y Vivienda del partido socialista, exigió al consejero, González Pons, que paralice de inmediato las obras en esta "ciudad sin ley" y que advierta al alcalde, Juan Rico, del PP, de las "ilegalidades" que está cometiendo por consentir estas obras.

El alcalde dice que las casas "en breve serán objeto de la oportuna legalización"

La mayoría de los propietarios de estas viviendas son residentes extranjeros que alcanzaban el sueño de disfrutar del clima y vivir cerca de la costa. Sin embargo, estas casas se han construido sin que el planeamiento del terreno estuviera aprobado por la Consejería de Territorio. El informe de impacto medioambiental no es favorable y el Ayuntamiento no ha concedido la correspondiente licencia municipal de obra, con lo cual la luz y el agua que tienen las casas es provisional, no hay contadores y se abastecen del suministro de la calle, ya que las casas tampoco disponen de cédula de habitabilidad, según aseguró, Eugenio Burriel, máximo responsable de Territorio y Vivienda en la ejecutiva del PSPV.

"Mientras el consejero González Pons no paralice estas obras, abra un expediente sancionador a la empresa y diga al alcalde que está cometiendo una ilegalidad, todas sus palabras serán humo", dijo. Según la documentación aportada por los socialistas en octubre de 2004, Medio Ambiente no emitió un informe de impacto medioambiental favorable por los informes negativos de la Confederación del Júcar por el inadecuado tratamiento de los vertidos de estas casas. Para los socialistas estas construcciones son "ilegales, carecen de permisos, a pesar de que ya están vendidas y habitadas". Pese ello, el Ayuntamiento aprobó en marzo el PAI de Los Campellos II, sobre una superficie de 205.000 metros cuadrados. "Es una actuación cuando menos negligente", dijo Burriel, que criticó "los oídos sordos y ojos ciegos de la Consejería de Territorio y del alcalde, que permiten y consienten esta ilegalidad manifiesta". Los socialistas denunciaron que la administración del PP responde a la consigna de "construye aunque sea ilegal". Ante esta situación, el PSPV anunció que trasladarán estas irregularidades ante la Justicia, y en concreto al fiscal especializado en delitos urbanísticos.

El alcalde, Juan Rico, del PP, en un escrito remitido el 16 de marzo a la mercantil Marsadi, representada por José Antonio Rodríguez y Fernando Fenoll y encargada de las obras, pidió un informe sobre la situación del proyecto y les instó a que "hasta que no se haya aprobado y adjudicado el PAI deberá abstenerse de realizar cualquier obra". Para el portavoz municipal socialista, Antoni Luna, existen contradicciones, ya que el alcalde le contestó esta semana por escrito a una pregunta sobre estas obras. Según el primer edil, "no es cierto que el Plan Parcial no esté aprobado definitivamente. La Comisión Territorial de Urbanismo aprobó el documento, si bien lo supeditó a una serie de observaciones técnico-jurídicas". En esta contestación, del lunes 10 de julio, el alcalde califica las viviendas en cuestión de "legalizables" en el futuro y anuncia que "en breve serán objeto de la oportuna legalización".

Luna criticó el "urbanismo salvaje" que está aplicando el PP en esta localidad del interior de Alicante que en pocos años ha visto cómo su población ha aumentado en unos 3.000 censados. "Y eso lo sufrimos todos en los servicios básicos, que no están preparados", dijo Luna, que ofreció otro dato: hace 4 años sólo tenían dos inmobiliarias y ahora tienen 9.