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Los escándalos urbanísticos

Benidorm 'perdonó' 222 millones de aprovechamiento urbanístico

Los socialistas piden al fiscal que investigue dónde está el dinero

El PSPV de Benidorm denunció ayer la "desaparición" de 222,7 millones de euros de las arcas municipales correspondientes al aprovechamiento municipal del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1990. El secretario comarcal del partido y concejal en la oposición, Jaime Llinares, reveló que "no figura" en ningún registro municipal la aportación del 10% del valor de los terrenos que los promotores deberían haber hecho efectivo.

Según la legislación los adjudicatorios de los planes parciales previstos en el PGOU deben ceder un 10% del valor de su parcela al municipio, y se puede hacer en metálico o bien mediante la cesión de terrenos equivalentes. "Hemos detectado que la práctica habitual del PP durante los 16 años de gobierno ha sido vender esas parcelas al propio promotor que tenía la adjudicación y el suelo no ha entrado en el patrimonio municipal. Ahora bien, a la hora de construir viviendas de renta protegida nos encontramos que no tenemos suelo público y no se ha ingresado nada", denunció el edil. Llinares calificó el caso de "grave escándalo en la gestión pública", ya que una vez agotado el desarrollo del planeamiento el consistorio solamente dispone de ocho parcelas de titularidad municipal, de las cuales sólo una está libre. Este solar corresponde al 10% de aprovechamiento del plan parcial Cint Centella y tiene 2.000 metros cuadrados de techo.

Jaime Llinares cifró en 1.113.606 metros cuadrados de techo (edificables) el suelo urbanizado desde la aprobación del PGOU, de los que 113.360 metros cuadrados de techo deberían haber sido cedidos al consistorio, una cantidad equivalente a 222,7 millones de euros (37.000 millones de pesetas). "Después de 16 años de gestión del Partido Popular es el momento de ver cómo se ha gestionado el suelo público".

Llinares pidió explicaciones al Gobierno local de esta situación, ya que "podría haberse regalado o perdonado a promotores afines ese suelo municipal". El PSPV recopila datos y estudia presentar ante la Fiscalía estos datos para que abra una investigación sobre la gestión municipal.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Manuel Agüera, del PP, negó las cifras ofrecidas por la oposición y matizó que en muchas ocasiones se han permutado los metros de aprovechamiento por otros espacios de interés para su protección, como el parque natural de Serra Gelada, o por su interés cultural, como el Trinquet. "En ningún caso han desaparecido esas cantidades, al menos en los últimos tres años en los que he estado yo al frente de Urbanismo", apuntó.

Llinares compareció junto al portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Benidorm, Agustín Navarro, para justificar el voto negativo a la propuesta de modificación puntual del PGOU y recalificación de suelo para la construcción de viviendas sociales que el PP llevará al pleno de hoy. La propuesta prevé la construcción de 529 VPO y permite al promotor construir hasta 2.000 viviendas libres como contraprestación. "No nos oponemos a que se construyan las viviendas protegidas, porque son necesarias. Pero si se tiene que recalificar suelo que se haga sólo en la parte correspondiente a las viviendas sociales y que el promotor se las ingenie", dijo Navarro.

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El portavoz de la oposición y candidato a la alcaldía por el PSPV fue más allá y explicó que su partido tiene indicios de que cuatro meses antes de anunciarse este proyecto los terrenos en los que el Ayuntamiento pretende recalificar suelo cambiaron de propietario, lo que colocaría a los concejales del PP ante un presunto delito de tráfico de influencias. "Antes de dar un paso en este asunto el PP debería comprobar si los propietarios han cambiado recientemente de manos de una familia de toda la vida a promotores", añadió Navarro.

Viviendas sociales

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm tiene previsto aprobar esta mañana el concierto previo con Territorio y Vivienda para la construcción de 529 viviendas de protección oficial en la partida de El Moralet. La propuesta conlleva la modificación puntual del PGOU y permitirá al adjudicatario la construcción de 2.000 viviendas libres como contraprestación. El proyecto prevé recalificar 400.000 metros cuadrados urbanos, de zona verde a urbanizable, y reclasificar otros 400.000, de no urbanizable a urbanizable. El objetivo es desarrollar los 400.000 metros cuadrados calificados como zona verde urbana en el PGOU, ya que estos se encuentran en manos privadas. El elevado precio del metro de suelo dificulta al Ayuntamiento su adquisición para su desarrollo como parque público.

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