Castellón legaliza 2.000 casas en la Marjalería y hace la vista gorda a otras 1.000 en suelo protegido
En Castellón, el PP ha gobernado durante casi dieciséis años. En el término municipal hay más de 3.000 viviendas ilegales que, en cualquier caso, han ido en aumento sin que autoridad autonómica alguna bloqueara su proliferación. De hecho, lejos de adoptar esta medida, el Ayuntamiento y la Generalitat han optado por aprobar un plan especial que legalizará la mayoría de estas construcciones, levantadas sobre 5 millones de metros cuadrados de la Marjalería castellonense que han pasado a ser urbanizables. El pasado mes de marzo, Territorio dio el último visto bueno a esta medida por la que más de 2.000 viviendas pasarán a ser legales, en el momento en el que se ejecute el plan para el que hay prevista una inversión inicial de 20 millones de euros, una cantidad que saldrá de las arcas públicas, tanto de la Generalitat como del propio Ayuntamiento de la capital de La Plana. En el caso del consistorio, el gasto obligará a un endeudamiento. Los otros 100 millones de euros necesarios para realizar infraestructuras básicas como alumbrado, alcantarillado o asfaltado correrán a cargo de los propietarios de las viviendas.
Aún así, sobre suelo no urbanizable protegido quedarán cerca de un millar de viviendas sobre las que se hace la "vista gorda". No recibirán ningún tipo de licencia ni servicio pero tampoco se ordenará el derribo, tal como recoge una ordenanza especial dedicada a ellas. De esta manera, alrededor de 1.000 construcciones de la Marjalería de Castellón siguen y seguirán siendo ilegales, ya que están fuera de cualquier ordenación y cubren una parte de los 3 millones de metros cuadrados de marjal protegido. La constancia de la ilegalidad es además evidente en los más de 700 expedientes de infracción incoados por el equipo de gobierno por obras ilegales, de nueva construcción o ampliación.
