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Reportaje:

Las fosas comunes, en el juzgado

La batalla por rescatar del olvido la crueldad de la represión franquista se pasea por los tribunales de Valencia

La tenaz desmemoria de la represión franquista esta siendo desbancada de su púlpito de honor. Más allá del 70 aniversario de la capitalidad republicana de Valencia, celebrado en diversos actos a merced de la iniciativa de asociaciones de tamiz progresista y sindicatos y sin el apoyo de la administración local, el dossier del olvido se paseó ayer por los tribunales. El juicio por la decisión del Ayuntamiento de Valencia de construir 1020 nichos sobre una de las fosas comunes del cementerio general de la ciudad, donde según la asociación Fòrum per a la Memòria del País Valencià fueron sepultadas víctimas republicanas de la represión, comenzó sus andadas en el juzgado número 2 de lo contencioso administrativo de Valencia.

Barberá "pretendió burlar el gasto de una simple exhumación", según Montalbán
"Yo vi restos óseos en la superficie de la tierra", afirmó el socialista Matías Alonso

El recurso que dio lugar al actual proceso judicial, presentado por el Fòrum, estuvo motivado por la reiterada negativa consistorial a paralizar unas obras que podrían haber acabado con las pruebas físicas de esa barbarie y que pasaban por encima de la merecida consideración de difuntos de otras épocas, cuyos restos no habían sido exhumados y todavía descansaban en ese lugar. El equipo de Gobierno local, presidido por la popular Rita Barberá, hizo caso omiso de las peticiones del Fòrum y de la oposición -PSPV y EU- a este respecto y la concejal de cementerios, María Jesús Puchalt, afirmó que no había "restos humanos que investigar porque se hacen exhumaciones continuas".

A principios de mayo las máquinas de la contrata Secopsa entraron en la sección séptima del recinto fúnebre y empezaron a remover la tierra de parte de la fosa, concretamente del cuadro tercero y cuarto. Poco después, la juez decretó la paralización cautelar de esos dos cuadrantes -una de las reclamaciones de la asociación- pero Secopsa siguió sus trabajos en las parcelas 1 y 2, colindantes con las anteriores y también afectadas por la sepultura colectiva. La extracción de tierra de esa zona desató el escándalo: la contrata trasladó restos óseos allí encontrados y los tiró a la cantera de Sagunto. Las amenazas de PSPV y EU de recurrir a la vía judicial convencieron a Barberá de parar las máquinas también en esa zona.

"Yo vi restos óseos en la superficie de la tierra", afirmó ayer el concejal socialista Matías Alonso, en relación con los cuadrantes 3 y 4, tras declarar en el juzgado. La versión del edil de EU-L'Entesa, Antonio Montalbán, quien también compareció en calidad de testigo, coincide plenamente con la de su homólogo del PSPV. "Aparecieron en cuanto empezaron a remover la tierra", precisó. Según Montalbán, Barberá "pretendió hacer un atajo y burlar el gasto que significa hacer una simple exhumación". Ambos ediles expresaron su deseo de que el contencioso atribuya "de una vez por todas" las responsabilidades políticas pertinentes y no paguen por lo sucedido "los técnicos y los operarios de la contrata" que, a su modo de ver, no son quienes toman las decisiones.

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El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante Josep Ochoa Monzó, quien declaró en calidad de perito, afirmó que "el procedimiento administrativo siempre da unas garantías" y que desde este punto de vista "la actuación del Gobierno local era totalmente reprochable" porque tal procedimiento no había existido. Según Ochoa, el consistorio "debería haber identificado a las personas que estaban sepultadas en la fosa y advertir a las familias de la existencia del proyecto en cuestión. Solo en caso de que no se responda a dicho aviso se puede actuar en consecuencia" y al margen de los interesados. También comparecieron en el juicio el jefe de obra de la empresa Secopsa, José Carlos Suay Ferrando, el jefe de servicios de cementerios, José Luis Cámara, y Vicente Muñoz Pueyes, miembro del Consell Valencia de Cultura (CVC). Esta entidad redactó un informe donde se señalaba la mala gestión del Ayuntamiento de Valencia en cuanto a la conservación de monumentos funerarios de gran valor histórico y artístico.

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