Las leyes 'florero' del PP

En 2002, el entonces consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco, modificó la ley de drogodependencias de 1997 e introdujo la posibilidad de suministrar heroína a los toxicómanos de larga duración que hubieran fracasado repetidamente en los intentos de desengancharse. La noticia recabó una amplia difusión en los medios de comunicación, al tratarse una medida novedosa que equiparaba a la Comunidad Valenciana con países europeos tan avanzados en la materia como Suiza. Pero Valencia no es Zúrich, y cuatro años más tarde esta posibilidad duerme el sueño de los justos y los técnicos de drogodependencias de la Consejería de Sanidad (departamento al que se trasladó el área de drogas hace tres años) no tienen ninguna intención de aplicarla.

Muchas iniciativas legislativas son inútiles porque después no son desarrolladas

Este es un ejemplo de medida legislativa inútil, pero no es el único. De las 131 leyes aprobadas en las Cortes Valencianas desde que el Partido Popular se instaló en el Palau de la Generalitat en 1995, ha habido no sólo artículos, sino decenas de leyes enteras que se encuentran sin estrenar. Algunas son leyes florero, promulgadas más que nada por cuestión de imagen; en otros casos se trata de textos que, si bien eran necesarios y positivos, han quedado olvidados en los cajones de la Generalitat, sin desarrollo reglamentario y sin aplicación práctica, ya sea por falta de voluntad política o bien debido a la ausencia de dotación presupuestaria, o por ambas cosas a la vez.

En algunos casos se trata de leyes que se podrían haber solucionado con la aprobación de simples decretos o normas de inferior rango, pero que por motivos políticos siguieron un proceso más largo y de mayor peso que, a pesar de todo, al final no ha servido de nada. Como la ley de 2003 sobre Perros de Asistencia para Personas con Discapacidades, en la que se incluyen artículos como la obligación de "cuidar con diligencia extremada la higiene y sanidad del perro de asistencia" o "garantizar un adecuado nivel de bienestar del perro". Tampoco han tenido demasiada trascendencia otras normas, como la del Estatuto de las Personas con Discapacidad, la Ley del Voluntariado o la del Consejo Valenciano de Personas Mayores.

La nómina de leyes que no han servido para nada es larga y denota que algunas de esas iniciativas legislativas eran del todo innecesarias. Muchas de ellas se tramitaron por mero interés propagandístico, de conveniencia o para contentar a sectores determinados. Este último es el caso de las más de 15 leyes promulgadas por las Cortes Valencianas para crear otros tantos colegios profesionales, desde el de podólogos hasta el de higienistas dentales, pasando por el de fisioterapeutas o el de logopedas.

La falta de desarrollo reglamentario o la ausencia de consignación presupuestaria para la puesta en marcha de las leyes son los motivos más habituales de la inoperancia de los textos legales que se aprueban en las Cortes Valencianas. Así, la ley 10/1997 de Tasas sobre Inspecciones y Controles Sanitarios de Animales y sus Productos no ha servido para nada hasta el momento: la Generalitat no recauda ni un solo euro por esas tasas por la sencilla razón de que la ley, que se promulgó para homologar la legislación valenciana a las directivas europeas en la materia, no ha sido desarrollada reglamentariamente.

La nómina de textos legales aprobados por la Cámara autonómica valenciana que después no han sido desarrollados ni aplicados es muy extensa. Como la ley de Espectáculos, la de la Música, la del Libro y algunas más.

En otros casos, los textos aprobados en las Cortes Valencianas sólo han servido para echar leña al fuego y empeorar las cosas, como la ley de Coordinación de las Policías Locales, aprobada en 1999 pero que hasta el momento no ha hecho más que enfrentar a los sindicatos policiales con la Administración autonómica, entre otras cosas, a cuenta de los uniformes de los agentes.

Otros textos legales aprobados en la Cámara autonómica sí que han sido desarrollados, pero eso no quiere decir que se hayan aplicado conforme a lo previsto. Es el caso de la ley de emergencias, o de la de modernización de las estructuras agrarias: sin consignación presupuestaria, esos textos legales carecen de efectividad. Tampoco han tenido mucho efecto leyes como la de la pesca marítima, la de la contaminación acústica o la que protege la columbicultura y el palomo deportivo.

A esta nómina habría que añadir la ley de uniones de hecho de 2001, de marcado acento político. El PP logró venderla como un ejemplo de su talante liberal. Levantó ampollas en la Iglesia e incluso entre altos cargos populares, como el director general de Familia, que presentó su dimisión. Sin embargo, apenas equiparaba derechos en materia autonómica y no entraba en cuestiones como la adopción por parte de homosexuales, que reclamaban los sectores más progresistas. Una opción que ha quedado cubierta con la ley estatal del matrimonio homosexual.