La oposición en Riba-roja espera que los jueces "frenen la especulación" del PP

El gobierno municipal del PP en Riba-roja, dirigido por Francisco Tarazona, propicia "operaciones urbanísticas de dudosa legalidad" y al margen del plan general urbano que aprobó en 1997, con la reclasificación de miles de metros cuadrados de suelo rústico en residencial. Así lo denunció ayer de nuevo desde la oposición el grupo municipal socialista, que ha presentado una querella contra Tarazona y dos concejales más, ambos sobrinos del alcalde, por la principal operación urbanística, el Programa de Actuación Integrada (PAI) de Porxinos, donde el Valencia CF construirá su nueva ciudad deportiva y 2.700 viviendas.

La querella por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación, fraude e información privilegiada describe un amplio entramado de intereses urbanísticos e inmobiliarios vinculados al alcalde y su entorno familiar, que han comprado suelo en la zona de expansión de Porxinos, pendiente de varios PAI en trámite.

El concejal socialista Gustavo Ramírez, uno de los firmantes de la querella, expresó ayer su confianza en que "la justicia frene la especulación" propiciada por Tarazona. Ramírez destacó que la gestión del alcalde popular, lejos de redundar en un aumento del patrimonio municipal, ha permitido al entorno lucrarse "supuestamente con información privilegiada". Familiares de Tarazona tienen terrenos en PAI pendientes de adjudicar en los que los precios de una hanegada rondaban los 6.000 euros y han pasado a valer de 48.000 a 54.000 euros con el boom urbanístico, según los socialistas.

Ramírez destacó la estrecha relación del PP de Riba-roja con empresas como la mercantil Mafort, adjudicataria de obras como el matadero o un centro de rehabilitación, varios PAI y que en su nómina tiene a familiares del alcalde. Precisamente los intereses familiares exigían a Tarazona y sus sobrinos abstenerse de la aprobación del PAI de Porxinos, defiende la querella, que les acusa de prevaricar al votar. Ramírez rechazó que la denuncia se dirija "contra el Valencia".

El PSPV persigue la anulación del PAI de Porxinos y del de Mas de Baló, adjudicado a un hermano de Juan Soler, presidente del Valencia CF, y un ex directivo del club. Como en otros casos, el alcalde vendió a los urbanizadores el 10% del aprovechamiento urbanístico y no lo invirtió en suelo municipal, como exige la ley. Además, cobró por ese suelo la tercera parte del dinero por el que lo ofertaron después los urbanizadores. Tras aprobarse el PAI en febrero de 2003, los adjudicatarios financiaron un concierto de Julio Iglesias en Riba-roja, un especie de compensación, criticó Ramírez.