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La oposición pide que dimita el secretario de Justicia por maniobrar contra el fiscal

Fernando de Rosa hizo gestiones para crear una comisión del PP que vigile a la fiscalía

El episodio en el que se ha visto involucrado el PP valenciano al anunciar la creación de una comisión que vigile a la fiscalía y encontrarse horas después con el desmentido del más significado de sus supuestos miembros, el ex fiscal del TSJ Enrique Beltrán, ha puesto al descubierto que el secretario autonómico de Justicia, Fernando de Rosa, ha hecho gestiones desde su cargo institucional para constituir un grupo de partido surgido de los ataques más duros contra el actual fiscal jefe, Ricard Cabedo. Los socialistas, que exigieron la dimisión de De Rosa, y Esquerra Unida acusaron ayer al presidente Francisco Camps de autoritarismo por presionar a la justicia desde la Generalitat para frenar los casos de corrupción.

Such habla de autoritarismo y Ribó de prácticas propias de grupos mafiosos

Fernando de Rosa, juez en excedencia y secretario autonómico de Justicia, llamó por teléfono a Enrique Beltrán el día 5 de octubre y, posteriormente, se reunió con él el día 7 para proponerle formar parte de un comité de expertos consultivo, según reveló el sábado el ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, que desmintió tajantemente ser miembro de la comisión anunciada horas antes por el PP para "garantizar la independencia" de la fiscalía, en ejecución de un anuncio que el vicesecretario regional de los populares, Ricardo Costa, había formulado el 28 de septiembre en medio de duras acusaciones hacia el actual fiscal jefe, Ricard Cabedo.

Según el PP, con Beltrán, forman la comisión el ex presidente de la Audiencia de Castellón, Fernando Tintoré, el abogado y miembro del partido Benito Nemesio y el profesor de Derecho Constitucional Alexandre Catalá. Sin embargo, Beltrán lo negó de inmediato y ayer lo volvió a hacer en un comunicado, en el que esta vez no aludió a sus contactos con De Rosa. "Nadie me ha propuesto nunca participar en un grupo cuya función sea fiscalizar o criticar la actuación del fiscal jefe", señaló, para añadir que todos los fiscales son compañeros suyos y que no pone en duda su profesionalidad.

Tras hacerse evidente que De Rosa intervino desde su cargo institucional en las gestiones para constituir la comisión del Partido Popular, el grupo parlamentario socialista, por boca de su portavoz adjunto Antoni Such, pidió la dimisión inmediata del secretario autonómico de Justicia, a quien situó como protagonista de una "operación orquestada desde la Generalitat para cuestionar la independencia judicial". En opinión del diputado socialista, el desmentido de Beltrán "ha puesto en evidencia no sólo a De Rosa, sino a todo el PP de la Comunidad Valenciana, con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a la cabeza".

El PSPV interpreta que "han intentando engañar al ex fiscal jefe pidiendo asesoramiento jurídico para luego, sin su consentimiento, incluirlo en un vergonzoso listado de un supuesto tribunal político que bien recuerda a los tribunales de orden público, impropio de las democracias más avanzadas". Such añadió que Camps debería dar cuenta en las Cortes Valencianas de lo que supone el "ataque más directo y bochornoso a la independencia judicial que nunca un Ejecutivo ha realizado, transgrediendo todas las barreras de la división de poderes básica en nuestra democracia".

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Such, que en declaraciones a la cadena Ser aseguró que Camps "hace uso y abuso de un autoritarismo de extrema derecha" para fiscalizar a los fiscales, afirmó en un comunicado que "la operación de engaño, presiones y mentiras del PP que ha salido a la luz pone de manifiesto que Camps está dispuesto a todo con tal de evitar la acción contundente de la justicia, consciente de la delicada situación en la que se encuentran sus principales referentes en la Comunidad, caso de Fabra, de Hernández Mateo, de Medina y de Díaz Alperi". Para Such, lo peor de todo es que con esta "burda operación, ha quedado de manifiesto, no sólo que el PP no va a hacer nada por esclarecer ante la opinión pública los escándalos políticos más graves de la democracia en nuestra Comunitat que afectan a todo el PP, sino que va a utilizar todos los medios que tenga a su alcance para entorpecer cualquier avance en las investigaciones que están llevando a cabo los juzgados".

En términos parecidos se expresó el portavoz de Esquerra Unida-Verds-l'Entesa, Joan Ribó, que describió lo ocurrido como "un intento burdo de manipulación de la justicia y de tratar de influir en ella con la utilización de personas de trayectoria importante". Ribó añadió: "El PP ya no se recata en utilizar la justicia y las personas en beneficio propio, pero que se tenga claro que intentar presionar y tratar de influir a la justicia por razones políticas es una práctica que parece copiada de organizaciones mafiosas, por lo que es lógico que algunos no se presten a ello"

El dirigente de Esquerra Unida coincidió en que la presión del PP sobre el fiscal jefe Cabedo obedece a la investigación de casos de corrupción que afectan a algunos de sus cargos públicos. "En lugar de intentar arreglar sus graves problemas de corrupción", afirmó Ribó, "el Partido Popular se ha estado dedicando a matar al mensajero y ahora a generar grupos de control a la propia justicia, lo que nos parece inaceptable". "Camps y su equipo están en una espiral enloquecida y todos estos indicadores hablan de un estado de nerviosismo que comienza a rayar en la histeria y nos hacen pensar en que el cambio político podría estar más cerca de lo que dicen las encuestas", concluyó.

La secretaria de comunicación del PP, Sagrario Sánchez, defendió la "valiosa labor" de Fernando de Rosa y dijo lamentar que al PSPV "le duela la buena voluntad" con la que los populares han creado la polémica comisión.

Confianza en los fiscales

Enrique Beltrán aseguró ayer en un comunicado: "Nadie me ha propuesto nunca participar en un grupo cuya función sea fiscalizar o criticar la actuación del fiscal-jefe de la Comunidad Valenciana". Tampoco la de "cualquier otro fiscal integrado en la misma, todos ellos compañeros míos por los que tengo el máximo respeto y confianza en su profesionalidad, que no se ha puesto en duda en ningún momento".

El ex fiscal jefe del TSJ se desmarcaba, así, de una comisión que el Partido Popular presentó el sábado precisamente como un grupo de expertos cuya función es "velar por que se respeten todos los principios que rigen el Estatuto del Ministerio Fiscal".

Resultaba llamativa la ausencia de alusión alguna en el escrito a las gestiones que realizó ante él el secretario autonómico de Justicia, puesto ayer en la picota por los portavoces de la oposición tras las declaraciones efectuadas por Beltrán el sábado. "Lo que me ha pedido el Partido Popular no es ninguna valoración de actuación alguna como podía malinterpretarse del comunicado emitido el día 14 de octubre", reza el escrito de ayer, "sino conocer mi opinión junto a la de otros expertos juristas sobre mejoras en la legislación que afecta a la Administración de Justicia, incidiendo en las mejoras de los medios personales y materiales que muestra la misma, así como aspectos organizativos y funcionales".

Contra lo anunciado por el PP, Beltrán insistió en desmarcarse de cualquier "vinculación de tipo político con este partido".

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