Los técnicos detectan irregularidades en el PAI donde tiene la parcela un edil del PP de Burriana
La secretaria del Ayuntamiento de Burriana, el arquitecto municipal, la jefa de la sección de Urbanismo y el ingeniero de caminos municipal han suscrito un informe en el que detallan algunas irregularidades en la tramitación de uno de los Programas de Actuación Integrada (PAI) del municipio, en el que tiene interés el responsable de Urbanismo, Javier Perelló. El concejal del PP compró una parcela meses antes de que se presentara el PAI y la escrituró poco después de que entrara en el registro del ayuntamiento. Pese a su "interés directo", Perelló ni se abstuvo en la tramitación ni en la votación, basándose en el informe de un abogado ajeno al ayuntamiento que él encargó.
"Podría estar viciada la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento, por no haberse seguido el procedimiento legalmente establecido", señala uno de los párrafos del informe. El escrito de los cuatro técnicos señala que "del examen del expediente" se deduce que el planeamiento que se ha tramitado tiene tres versiones distintas, ya que el aprobado por el ayuntamiento, de forma provisional "difiere" del sometido a información pública, así como del que se remitió a la Consejería Territorio con el fin de que autorizara las actuaciones que se pretenden. "Por lo tanto, la correcta tramitación del Plan de Reforma Interior de Mejora exigirá su sometimiento a información pública y su posterior tramitación de conformidad con la Ley Urbanística Valenciana".
Este escrito fue ayer uno de los protagonistas del pleno municipal que se celebró en Burriana. Los afectados acudieron al Ayuntamiento con pancartas en las que se exigía al alcalde, Alfonso Ferrada, del PP, que tramite la recusación que han presentado sobre el concejal de Urbanismo. Los afectados también han recusado al alcalde.
Sobre la sesión también pesó el incidente ocurrido durante la mañana, cuando el edil socialista José Manuel Fernández Olivencia sufrió un ataque de ansiedad, que provocó su desfallecimiento, cuando se anunció una moción del PP en la que solicitaban su dimisión. Ferrada anunció el aplazamiento de la moción que exige la dimisión del edil "por estar condenado por una intromisión ilegítima en el honor de un funcionario".
