Las víctimas del metro acuerdan presentarse unidas como acusación particular en el juicio

Las víctimas del accidente de metro del 3 de julio acordaron ayer presentarse unidas como acusación particular en el proceso judicial. Fue una de las pocas decisiones que pareció quedar clara en la primera reunión que celebraban, que resultó difícil por el número de participantes (un centenar) y porque la mayoría no se conocía. Casi todas las voces que intervinieron en la asamblea censuraron al Consell por no haber puesto medidas de seguridad antes del accidente o por su actitud tras el siniestro. Hubo quien reclamó dimisiones y quien apostó por crear una asociación despolitizada.

Las víctimas reunidas ayer en la Casa de la Cultura de Torrent eran tan heterogéneas como debían serlo las 43 personas que perdieron la vida en el convoy de la línea 1 del metro de Valencia. El encuentro de ayer, que se extendió más de tres horas, fue la primera toma de contacto para fundar una asociación. ¿Con qué objetivo? Ésa fue una de las preguntas que más veces se repitió en la asamblea.

En lo que no hubo dudas fue en la opinión que los afectados por el siniestro y sus familiares se han formado de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana y del propio Consell. A la reunión, convocada por algunas de las víctimas, y amparada por el Ayuntamiento de Torrent, se presentó Enrique de Francisco, director general de Coordinación. El papel no era fácil. De Francisco dijo nada más llegar que estaba allí para ayudarles, y para escuchar lo que creyeran que el Gobierno valenciano había hecho mal. "¿Que si habéis hecho algo mal?", le dijo un hombre que tenía enfrente, "50.000 cosas", añadió, "así que fuera". El director general no se marchó finalmente. Permaneció de pie y en silencio durante dos horas.

Las asambleas no resultan sencillas. Y no lo resultó la de ayer, integrada por un centenar de personas cuyo dolor era evidente. No había orden del día. Tampoco moderador. Hasta que un abogado del Ayuntamiento de Torrent y luego un joven, cuyo padre falleció en el metro, asumieron el papel.

En las intervenciones quedó clara la enorme confusión en la que dos meses después del accidente siguen inmersos los afectados en cuanto a trámites, vías procesales, recursos e indemnizaciones. Casi todos los intervinientes criticaron la falta de información ofrecida por la Generalitat. Algunas voces acusaron al Consell de acelerar la entrega de dinero para mantenerlos "callados". Otras rechazaron los intentos de todos los partidos por utilizarlos. Las hubo que criticaron a la prensa y también quienes la defendieron. Se pidieron dimisiones, que los responsables fueran a la cárcel o "al menos a la cola del paro". Una pregunta se repitió, formulada de diversas formas, en muchas ocasiones: "¿Qué ocurrió?". "¿Hizo el convoy un recto?", es decir, ¿se salió de las vías antes de chocar? "¿Hubiera bastado una baliza para evitarlo?" Todos cuantos se pronunciaron en este caso dijeron que sí.

Simplificando, porque la mayor parte de los asistentes no intervino en la asamblea, se intuyeron dos líneas de proceder en lo que será la asociación de víctimas del accidente. Una apostó por mantenerla estrictamente fuera del campo político, dejar que los tribunales sigan su curso y concentrarse en unificar las acusaciones penales y en obtener una voz coherente que sirva para expresar su tragedia. La otra, sin ser contraria ni necesariamente incompatible con la primera, pareció querer articular, además, una oposición más marcada contra los responsables técnicos y políticos del accidente.