Una ley andaluza obligará al transporte público a utilizar biocarburantes

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de la Ley de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y la Eficiencia Energética, que será una norma "pionera" en España dedicada en exclusiva a establecer medidas legales para impulsar las energías renovables y propiciar el ahorro. El texto, elaborado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, contempla, entre otras actuaciones, obligar a los 3.000 autobuses urbanos de Andalucía a utilizar biocarburantes, y a las nuevas construcciones de cualquier tipo y a todos los edificios públicos incorporar obligatoriamente placas solares térmicas.

El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, detalló que esta ley incorpora la novedad de declarar de utilidad pública las fuentes renovables de energía con la premisa de que tengan prioridad frente a las energías convencionales. En este sentido, se exigirá que se aprovechen las energías eólica e hidráulica en aquellos lugares con la presencia de estos parques energéticos. El Gobierno andaluz ha completado, a través de distintas órdenes de Zonas de Evacuación de Energía Eléctrica, el mapa de este aprovechamiento energético, cifrado en 3.500 megawatios. El texto, con todo, no se pronuncia sobre algunas energías renovables como los parques eólicos marinos, que han encontrado muchas reticencias en los sectores pesqueros y turísticos de las provincias de Cádiz y Huelva.

Para todos los edificios de nueva construcción, este proyecto establece que deberán incorporar sistemas solares térmicos. Con carácter retroactivo, la totalidad de edificios en uso de la Junta de Andalucía deberán también someterse a estos cambios. Esta norma establecerá la obligación de que los 3.000 autobuses de transporte público de competencia autonómica o local que presten servicio regular de viajeros utilicen biocarburantes. También se promocionará el uso de estos carburantes en el transporte marítimo y en la maquinaria agrícola y pesquera.

Vallejo informó que esta nueva norma será remitida, de inmediato, al Parlamento andaluz con "un compromiso fuerte" con el desarrollo sostenible y el triple objetivo de impulsar el uso de las energías renovables; crear una conciencia de ahorro y eficiencia energética similar a la que ya se ha consolidado en el consumo de agua; y establecer una ordenación y un uso racional de los recursos energéticos.

La nueva ley aportará en el capítulo del ahorro y la eficiencia la exigencia del Certificado Energético para los nuevos grandes centros consumidores, especialmente instalaciones industriales y superficies comerciales. Este requisito se exigirá a partir de niveles energéticos que serán fijados reglamentariamente. Incluirá un índice de eficiencia energética con la relación entre el consumo real del centro y el de referencia dentro del sector productivo al que pertenezca. Los suministradores estarán obligados a verificar que el consumidor está en posesión de este documento de garantía y control. Al mismo tiempo, las administraciones públicas deberán implantar medidas de ahorro y eficiencia en el ámbito de sus propias instalaciones y actividades, incorporación a la planificación urbanística los objetivos de este ahorro.

El Gobierno aprobó también el proyecto de Ley que autoriza la Universidad Fernando III, la primera privada de Andalucía que promueve la Fundación San Pablo-CEU y la Compañía de Jesús.