La juez acuerda que se excave una galería para aclarar el hundimiento del Carmel
El trabajo costará 167.283 euros, que pagará Justicia, fue propuesto por los peritos
La magistrada que investiga el hundimiento del túnel del Carmel por los trabajos de prolongación del metro ha acordado que se excave una galería de cinco metros de longitud en el subsuelo de la zona para esclarecer las causas del siniestro ocurrido el 27 de enero de 2005. Los trabajos han sido propuestos por los tres peritos judiciales que desde hace meses redactan su informe sobre las causas del hundimiento y costarán 167.283 euros, según el presupuesto presentado por ellos mismos. El Departamento de Justicia de la Generalitat asumirá el coste.
Los tres peritos judiciales (Alcibíades Serrano, Antonio Serrano y Jordi Corominas) solicitaron por escrito a la juez el pasado 16 de febrero la necesidad de realizar una galería transversal de cinco metros de longitud como culminación del informe que están efectuando desde el pasado mes de mayo. Se trataría de una excavación que transcurriría entre la estación de El Carmel y el túnel de maniobras, en sentido horizontal. Inicialmente, los peritos evaluaron la posibilidad de realizar un pozo vertical, pero finalmente lo descartaron por motivos de seguridad.
Los argumentos que esgrimían los peritos a la juez es que esa galería permitiría confirmar la estructura de la zona y la calidad de los materiales, así como realizar ensayos de placas, tanto en horizontal como en vertical, sobre la deformación de las rocas del terreno y sondear el estado de las paredes de los túneles. También explicaban que la galería permitiría recoger muestras de los materiales que se estaban empleando cuando se produjo el desprendimiento, en especial de la gunita empleada para los trabajos de cimentación.
La magistrada Elisabet Castelló, titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, dictó anteayer una providencia acordando la realización de los trabajos, así como el presupuesto y la empresa que le fue sugerida. La juez entiende que "está justificada la necesidad del trabajo", y acuerda que se comunique al Departamento de Justicia de la Generalitat que deberá asumir su coste, que será de 167.283 euros. Los trabajos empezarán de inmediato.
Sebastián del Val, uno de los abogados que defiende a un grupo de vecinos perjudicados por el derrumbe, expresó ayer su satisfacción por la decisión de la juez y aseguró que servirá para arrojar "mucha claridad" sobre las causas del hundimiento. El abogado considera que los trabajos que se realicen a partir de la excavación de la galería también despejarán las contradicciones que, en su opinión, se han evidenciado en la investigación judicial.
Precisamente ayer declaró durante siete horas la última de las cinco personas que fueron imputadas por la juez. Fuentes judiciales informaron que Sergio García Ariza relató que la causa probable del hundimiento fue una falla húmeda que había en la zona. García Ariza, que sólo tenía cinco años de experiencia en el sector, era el jefe de obras de la unión temporal de empresas (UTE) formada por las constructoras a las que se les adjudicaron los trabajos. Ese cargo de responsabilidad le había sido confiado el 10 de enero, apenas unos días antes del hundimiento. Hasta entonces había realizado gestiones técnicas en las constructoras.
Contradicciones
El inculpado negó que se produjera una excavación en la zona de las obras el 24 de enero y únicamente habló de que se realizó una limpieza del barro para preparar la solera del túnel de maniobras, que a lo sumo podía tener entre 20 y 40 centímetros de profundidad. Otras personas inculpadas que han declarado en las últimas semanas ante la juez hablaron de hasta un metro de profundidad.
Después de estas declaraciones y, sobre todo, tras el encargo de la galería de excavación, la investigación judicial del caso toma un nuevo rumbo y ahora es probable que acusaciones y defensas soliciten nuevas diligencias.
