La huelga masiva de funcionarios provoca la suspensión de centenares de juicios
Los sindicatos cifran el seguimiento en el 85 %, y el Departamento de Justicia en el 46%
La huelga masiva que realizaron ayer los funcionarios de justicia para reclamar mejoras laborales provocó la suspensión de centenares de juicios en toda Cataluña. La cifra exacta es imposible de precisar porque las administraciones se pasaron la pelota sobre quién debía evaluar el impacto, pero un recorrido por los tribunales de la ciudad de Barcelona durante la mañana indicaba que el seguimiento del paro había sido mayoritario, como evidenciaba la ausencia del personal, y que eso había provocado el aplazamiento de los juicios señalados desde hacía semanas.
La jornada de huelga de ayer fue convocada el pasado día 17 por los cuatro sindicatos del sector: CSIF, UGT, CC OO y el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), la fuerza mayoritaria, creado hace años a partir de una escisión de CC OO. Teniendo en cuenta que los señalamientos de juicios se realizan hasta con meses de antelación, era imposible evitar el impacto que tuvieron en el ciudadano las suspensiones. Para el próximo martes, 6 de junio, está convocada otra huelga, pero esta vez indefinida.
Los sindicatos cifraron el seguimiento del paro en el 85% de los 7.136 funcionarios de la Administración de justicia que trabajan en Cataluña. El Departamento de Justicia lo cuantificó al mediodía en el 40,6% y por la tarde en el 46,08%. Este cálculo se realizó descontando de la plantilla los funcionarios que no habían fichado en la jornada de ayer.
El principal punto de discrepancia entre las organizaciones sindicales y la Generalitat es la jornada laboral. Los sindicatos reclaman que se reduzca de las 37,5 horas semanales que realizan en la actualidad a 35. Aseguran que ésa es la jornada vigente en Madrid, la Comunidad Valenciana, Andalucía y el resto de las comunidades en las que la administración competente es el Ministerio de Justicia.
La Generalitat, por su parte, se niega en redondo a negociar esa cuestión. "Es injustificable que reclamen menos jornada laboral. Hemos de defender el servicio público", afrimó ayer Joan Turró, secretario general del departamento. Turró admitió que en casi toda España el personal de justicia trabaja menos que en Cataluña, pero explicó que el ofrecimiento económico de la Generalitat convertiría a los funcionarios catalanes en los segundos mejor pagados, por detrás de los vascos.
Turró también recordó que el absentismo entre el personal de justicia es del 5,4% de las jornadas de trabajo sin contar los tres primeros días de baja. En el resto del sector público, el absentismo se sitúa en el 3%
La otra gran discrepancia es el aumento salarial. La Generalitat ofrece un incremento bruto de 90 euros consolidable en tres años y otros 90 euros de complemento en igual tiempo a cambio de una estricta presencia en el puesto de trabajo. Los sindicatos lo consideran inaceptable y recuerdan que también les separa de la Administración la incertidumbre sobre las condiciones en que trabajarán cuando se aplique el nuevo modelo de oficina judicial o si finalmente se aplica el criterio previsto para cubrir las plazas de interinos, que podrían obligar a un trabajador a recorrer cada día hasta 100 kilómetros para acudir a su puesto de trabajo.
Críticas al consejero Vallès
Las reivindicaciones de los funcionarios se hicieron sentir ayer en una manifestación sin precedentes a la que asistieron más de 2.000 personas y que recorrió el trecho que va desde el Palacio de Justicia hasta la sede del Departamento de Justicia, en la calle de Pau Claris. Los eslóganes coreados se centraron en el consejero Josep Maria Vallès, cuya dimisión los manifestantes reclamaron con insistencia. Alguno recordó que hace unos días, durante un acto en la sede del PSC, Vallès se jactó de que iba a afrontar una huelga y de que eso era señal de que su gestión política era buena, tal como les dijo en una ocasión a los consejeros el presidente Pasqual Margall.
"Dónde está, no se ve, el talante de Vallès" y "Vallès, Turró, volem els vostres sous" fueron algunas de las consignas más coreadas. Al poco de llegar a la sede del departamento, fueron requeridos los sindicalistas para reunirse con la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Núria Clèries, y con el director de servicios, Jordi Sisquella. Podía haber habido un gesto de desbloqueo, pero no fue así. "Estamos muy decepcionados. Se niegan en rotundo a mover ficha. Y ahora les toca a ellos", dijeron los sindicalistas.
