Cuidado, no diga Ulysses

Carol Loeb Shloss contra Stephen Joyce. Una profesora de literatura de la Universidad de Stanford contra el nieto y único heredero de James Joyce, el gran escritor irlandés muerto en Zúrich en 1941: las dos partes de un caso -actualmente sobre la mesa del tribunal civil del Distrito Norte de California- que mantiene en vilo a toda la comunidad de estudiosos de la obra del genio dublinés. Y cuya definición podría revolucionar el concepto de derecho de autor en manos de un heredero. ¿Hasta dónde es posible utilizar ese derecho -y el derecho a la intimidad- para obstaculizar investigaciones académicas? Ésa es la cuestión sobre la mesa. Su solución tiene un interés universal, que trasciende el caso.

El conflicto viene de lejos. Carol Shloss empezó a investigar sobre Lucia Joyce, hija de James y tía de Stephen, en 1988. Shloss estaba convencida de que "Lucia tuvo una gran influencia en la escritura del padre, y especialmente en la redacción de Finnegans Wake, su última obra", según explica en una conversación telefónica desde EE UU. Shloss sospechaba que Lucia -pese a los muchos años de internamiento en institutos psiquiátricos- no era esquizofrénica sino, sencillamente, una persona con escaso equilibrio pero dotada de un enorme talento. Talento del que el padre trajo inspiración y que plasmó sobre el papel, durante largas sesiones en las que, en el mismo cuarto, "ella bailaba y él escribía".

Ese mismo año, 1988, Stephen Joyce anunció públicamente la destrucción de cartas que Lucia les había enviado a él y a su mujer. Stephen, que hoy tiene 74 años y que no quiso hablar con este diario para este reportaje, también destruyó tres postales enviadas a Lucia por Samuel Beckett, atendiendo el deseo de éste. "No he destruido ningún papel o carta en manos de mi abuelo, todavía", aclaró Stephen al año siguiente en una carta a The New York Times.

"Yo creo firmemente que hay una parte de la vida de cada ser humano que, independientemente de lo famoso que sea, debería permanecer privada", proseguía Stephen en esa carta. "Además, creo que la privacidad de la familia Joyce ha sido invadida más que la de cualquier otro autor en este siglo". "Si mi mujer o yo encontráramos más cartas así de íntimas [como las de 1909, escritas por James Joyce a su mujer Nora con un alto contenido erótico, y publicadas después de la muerte del autor], las destruiríamos enseguida", advertía, preguntándose: "¿Cómo se sentirían James y Nora ante esa escandalosa intrusión en la parte más íntima de sus vidas?".

Ante semejante anuncio, Micheal Yeats, hijo de William Butler Yeats, manifestó su desacuerdo con Stephen, alegando que "el material relacionado con autores como Joyce y Yeats pertenece al mundo, no a la familia". Los investigadores joyceanos subrayan además que "debido al fuerte componente autobiográfico de la obra del autor, es de suma importancia la investigación sobre su vida y la de las personas que le rodearon".

Los hechos de 1988-1989 fueron el espectacular arranque de la tempestuosa relación entre Stephen y el mundo académico. Shloss no es la única destinataria de la rígida actitud del heredero, que en las últimas dos décadas ha negado casi sistemáticamente el acceso a los documentos que tiene en su resguardo y con mucha frecuencia la posibilidad de citar la obra de su abuelo, que permanecerá bajo derecho de autor hasta 2012, cuando habrán transcurrido 70 años de la muerte.

Fritz Senn, de la Fundación James Joyce de Zúrich, no duda en calificar de "dictatorial" la actitud de Stephen. "Todos los estudiosos estamos sufriendo la misma situación, la misma actitud absoluta e injustificadamente restrictiva".

Luca Crispi, el investigador joyceano de la Biblioteca Nacional Irlandesa, comparte la opinión. "La gestión es demasiado restrictiva y, además, no depende de ningún criterio objetivo fijado. Todo es arbitrario". Crispi señala que se siente obligado a "advertir a los jóvenes investigadores que se interesan por Joyce de lo que hay" y a desaconsejarles ir adelante. "No me gusta que sea él el juez, el que decida si un académico puede utilizar cierto material o no. Pero tiene los derechos", comenta Crispi.

Es ése el punto sobre el que quiere incidir el equipo de abogados de Stanford que han decidido representar a Shloss. David Olson, uno de ellos, dice: "El derecho de autor fue diseñado para proteger a los creadores, no para dar a los herederos el poder de bloquear a los académicos. Con el tiempo, sin embargo, se han ido imponiendo con éxito prácticas intimidatorias por parte de los herederos".

Lo que quieren demostrar es que Stephen ha "abusado de su derecho de propiedad intelectual, que lo ha utilizado ilegítimamente para extender su poder, silenciar el debate, dificultar el acceso a material público y afirmar el derecho a la intimidad de su familia de forma más amplia de lo legal", según apunta Robert Spoo, otro abogado del equipo y, antes, editor durante 10 años del James Joyce Quarterly ("la" publicación del sector, según Crispi).

"Las amenazas y demandas han creado alarma y confusión", prosigue Spoo. La cita de extractos de obras bajo copyright es libre si es breve y con fines académicos. El problema es que la ley no define las dimensiones que puede tener. La actitud de Stephen, por tanto, ha llevado a los estudiosos y a los editores a dudar de la legitimidad de cualquier cita y a temer las demandas, según Spoo, causando un serio freno a la actividad académica sobre Joyce. "Nuestra denuncia quiere entrar en esta situación y aclarar las cosas. Definir bien que, si el heredero tiene derechos, la colectividad también los tiene", concluye Spoo.

"Esta causa es una cuestión de principio. No se puede trabajar bajo constantes amenazas", dice Shloss. Su libro sobre Lucia Joyce se publicó en 2003. Pero con duros recortes. Stephen negó el permiso a publicar numerosos extractos recolectados por la profesora en 15 años de trabajo. La editorial, para evitar riesgos de demanda, aceptó cortar. "Pero esas citas no violaban el derecho a la intimidad", alega Olson, ya que "todos los documentos en cuestión son de público acceso".

La lucha de Stephen, cuyo segundo nombre es James, también es de principios. Al restringir la utilización del material, renuncia a los ingresos correspondientes.