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Reportaje:La nueva legislación audiovisual

El cine entra en el cuadrilátero

La redacción de una futura ley del cine enfrenta a los sectores de la industria audiovisual española entre sí

Patricia Ortega Dolz

Acción. Comienza "el rodaje" de la futura ley del cine y el guión está sin escribir. La base de la nueva norma, que tiene convulsionado al mundo del cine español, es defender al cine independiente de la voracidad del cine americano en el libre mercado, sin dejar de atender a los cambios que han provocado las nuevas tecnologías en el panorama audiovisual. Algunas sugerencias para este nuevo guión están ya sobre la mesa, pero el acuerdo no parece fácil: todos los actores quieren un papel protagonista.

Unos abogan por definir muy bien lo que son los productores y los distribuidores independientes, para que no se proteja o ayude a posibles "infiltrados" como las televisiones que ahora también producen cine y que, lógicamente, no están de acuerdo. También se propone crear incentivos fiscales para que la empresa privada se atreva a invertir en el carísimo y arriesgado mundo del cine, pero resulta complicado con el sistema fiscal español. Y sobre todo, se habla de que en este combate desigual, las películas independientes estén mejor equipadas (con más medios y mejor comercialización) y sean más aparentes y atractivas para que tengan al menos la oportunidad de defenderse. Sin embargo, los dueños de los cines dicen que su público prefiere ver las películas "ganadoras" norteamericanas.

La TDT lo digitalizará todo, y pronto veremos películas rodadas en el nuevo soporte digital
Internet, los móviles de última generación y la piratería lo han cambiado todo

El director de esta compleja "película" que acabará teniendo forma de ley es Fernando Lara, un veterano del mundo del cine, que fue director del Festival de Valladolid y que desde hace poco más de un año, dirige el ICAA (Instituto de Cine y Artes Audiovisuales), dependiente del Ministerio de Cultura. Desde allí, como ocurre con todas las películas españolas, se subvenciona inicialmente y se impulsa este nuevo proyecto (sustituto de la Ley de 2001) cuyo objetivo es: "Defender los sectores independientes y equilibrar la industria. El desafío del cine español está en la comercialización", en palabras de Lara.

Los actores principales de este "filme", que pretende ser revolucionario del mundo audiovisual, no son muy conocidos. Se trata de representantes de los tres sectores de la industria: productores, distribuidores y exhibidores. Los primeros: encargados de poner en marcha las películas consiguiendo financiación. Los segundos: buscándoles un hueco en el mercado. Y los terceros: haciendo que lleguen al gran público en la gran pantalla.

"La ley no es necesaria sino indispensable. Porque los acontecimientos han ido en progresión geométrica y las leyes en aritmética. No debe sólo modificar lo ya existente porque el cambio ha sido estructural. Tiene que ser una ley "revolucionaria", comenta Enrique González Macho, otro veterano del cine que dirige la productora Alta Films, y que es además distribuidor y propietario de la cadena de cines Renoir.

La industria cinematográfica anda muy revuelta porque el rodaje de esta "película" tiene que acabar a finales de año, cuando será presentado el proyecto de ley en Consejo de Ministros, según adelantó la ministra Carmen Calvo. El tiempo apremia y convencer a todo el mundo de que el guión es bueno es complicado. Todos quieren el mejor papel. Y hay actores secundarios ambiciosos, como las televisiones, que últimamente han pasado de ser difusoras de las películas en la pequeña pantalla a ser también productoras de las mismas (caso de Tele 5 con Alatriste o de Los Borgia, con Antena 3).

El caso es que, como toda buena película que se precie, ésta también requiere una enorme inversión y una buena coordinación entre todas sus partes. Y es que el cine si tiene algo, aparte de servir para dar a conocer un país entero, es que es caro y arriesgado. Por eso en casi todos los países del mundo las obras cinematográficas parten de una financiación estatal. Si no, apenas se haría cine, porque ninguna compañía privada -a no ser que existieran incentivos fiscales, que es lo que algunos piden ahora- se mete en una industria que requiere, aparte de conocimientos, enormes inversiones y que puede funcionar o no. En la actualidad, el presupuesto total del ICAA es de 82 millones de euros, de los que invierte en ayudas a la producción cinematográfica unos 58,5 (ver gráfico). Pero con este "nuevo guión" pretenden incrementar su presupuesto en tres millones. El coste medio de una película modesta en España es de unos dos millones de euros. En Francia, un modelo en la industria del cine para España, puede rondar los cinco.

La mayor parte del presupuesto del instituto (unos 45,5 millones) se invierte en películas (hechas) que las productoras presentan a las subvenciones estatales para llegar a cubrir hasta una tercera parte de su coste. El resto, y los posibles beneficios, tienen que provenir de los porcentajes de la venta de los derechos de explotación a los distribuidores, a la venta de DVD, a las televisiones y de los porcentajes de las taquillas. Y en ese periplo, cada intermediario gana su beneficio, hasta que llega a los últimos emisores, las televisiones, que se nutren de los índices de audiencia y la publicidad.

Sin embargo, esta dinámica concatenada se ha visto alterada con la llegada de las nuevas tecnologías y con las nuevas formas de consumir cine: Internet, los móviles de última generación, la piratería... Y también con la entrada de las televisiones en la producción de películas. Desde que hace un par de años una directiva europea impelía a las televisiones a invertir un 5% de sus ingresos en la producción de películas europeas, lo que han hecho las televisiones para rentabilizar esa inversión es producirlas ellas mismas, ya sea creando sus propias productoras o bien participando en ellas. El resultado es que los beneficios revierten en las propias televisiones y además, en tanto productoras, pueden contar con ayudas estatales. A los productores independientes les parece "el colmo", en palabras del presidente de su federación (FAPAE), Pedro Pérez. "Una cosa es emitir y otra producir. Las televisiones son ya concesiones públicas. Está bien que produzcan pero tendrán que hacerlo de manera que no provoquen una competencia desleal en el resto del sector. Si no, al tener más poder en el mercado, se acabaría haciendo sólo el cine que quisieran ellas y no sería precisamente el independiente, por eso hay que regularlo. Tiene que haber de todo", dice Pérez.

"No sólo quieren que invirtamos sino que también quieren decirnos cuánto, en qué y cómo. Como empresa privada tenemos derecho a rentabilizar nuestras inversiones", comentan fuentes de Antena 3, en consonancia con las opiniones de este sector.

Por si fuera poco, la llegada del TDT, que lo digitalizará todo y pronto veremos películas que ya no estarán rodadas en 35mm sino en el nuevo soporte digital, exigirá una reconversión. Los exhibidores, a través del presidente de su federación (FECE), Rafael Alvero, piden más apoyo para afrontarla y, además. en contra de lo que defienden los productores, quieren acabar con la cuota de pantalla que les obliga a que el 25% de sus proyecciones sean de cine europeo. Además, el libre mercado sin regulación ha vuelto a demostrar que el pez grande se come al chico. Las grandes distribuidoras norteamericanas, conocidas como majors (Warner, UIP, Sony...), con una capacidad de negocio astronómica al lado de las pequeñas, se hacen con el mercado estrenando películas con más de 800 copias como El Código da Vinci por las que se pelean las 4.000 salas españolas -una película española media puede estrenarse con unas 120 copias y otra grande como Volver con 228-. Una reciente sentencia del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) las condenó a multas millonarias (2,4 millones de euros por barba) por "un grave delito" contra la libre competencia. La sentencia fue recurrida ante la Audiencia Nacional y está por ver el resultado del litigio.

"Tendrá que haber un control de la situación casi monopolística de las grandes compañías norteamericanas en las salas de exhibición. Lo que tiene que haber es una igualdad de oportunidades en la parte comercial y luego, por supuesto, el consumidor es libre de elegir. Pero no es un mercado libre, si no hay igualdad de oportunidades", comentaba González Macho.

El "rodaje" de la que será la nueva ley se hace así, a la vez que se desarrolla su guión. Y la "película" que surja de ahí, buena o mala, se estrenará en diciembre.

Dos personas contemplan la cartelera de un cine madrileño.
Dos personas contemplan la cartelera de un cine madrileño.GORKA LEJARCEJI

"Hacer películas como buques"

De la batería de propuestas llegadas al Ministerio de Cultura éstas son las fundamentales:

- Medidas fiscales: "Se incluirán incentivos fiscales específicos para el audiovisual, de manera que sea posible la atracción de capitales inversores nacionales y extranjeros". Se habla de que "un tratamiento fiscal similar al que se aplica en la construcción de buques" podría ser apropiado.

- Definición de productor independiente:

"Aquella persona física o jurídica que no sea objeto de influencia dominante por parte de un prestador de servicio de comunicación / difusión audiovisual ni de un titular de canal televisivo, ni, por su parte, ejerza una influencia dominante en el mercado", con lo que quedarían fuera de esta definición las televisiones.

- Agencia audiovisual: "Será el organismo idóneo para velar por la promoción, fomento y desarrollo de la industria de producción audiovisual. Estará adscrito a los ministerios que la creen, previsiblemente: Cultura, Economía y Hacienda, Industria, Educación y Presidencia, a través de la secretaría de Estado de Comunicación.

- Aumento de fondos: "Aumentar la partida de los Presupuestos Generales del Estado y mediante tasas sobre las distintas formas de comercialización de la obra (tales como telefonía móvil, Internet, etcétera) y tasa sobre la licencia de doblaje de películas a cualquier lengua oficial española.

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Entidades de radiodifusión: "Del 5% de sus ingresos que actualmente están obligadas a invertir en cine europeo las televisiones, el 60% deberá destinarse a obras en cualquier lengua oficial española. Se extenderá esta medida a cualquier prestador de servicios de difusión / comunicación audiovisual independientemente de la tecnología utilizada (digital, analógico, Internet, telefonía móvil...). Además deberían invertir un 1% más en series de animación y otro 1% en series documentales. En total un 7% de sus ingresos, de los que el 75% sería invertido en producción de cine independiente. Y de ese 75%, el 50% debería ser aplicado a derechos de antena. Además, en coproducciones en las que participe el prestador de servicios difusión / comunicación audiovisual o productoras dependientes, podrán participar como máximo en un 50%.

- Comercialización: "Incluir ayudas e incentivos a la distribución y exhibición de obras europeas. Y combatir legalmente cualquier abuso de posición dominante, especialmente en multicines".

- Sanciones: "Tipificar nuevas infracciones y establecer nuevas sanciones para reforzar el cumplimiento de la ley audiovisual y evitar abusos que existen en el mercado".

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Sobre la firma

Patricia Ortega Dolz
Es reportera de EL PAÍS desde 2001, especializada en Interior (Seguridad, Sucesos y Terrorismo). Ha desarrollado su carrera en este diario en distintas secciones: Local, Nacional, Domingo, o Revista, cultivando principalmente el género del Reportaje, ahora también audiovisual. Ha vivido en Nueva York y Shanghai y es autora de "Madrid en 20 vinos".

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