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Las compañías telefónicas deberán corregir los abusos en los contratos

Industria detecta que la mayoría impone cláusulas abusivas

Ramón Muñoz

El Ministerio de Industria ha instado a las compañías de telefonía fija y móvil y de Internet a que corrijan sus contratos tras detectar que la mayoría de ellos incumple la normativa sobre derechos de los usuarios. Las principales irregularidades son cláusulas abusivas de permanencia, plazos para darse de baja y para comenzar el servicio y falta de datos de identificación. Las operadoras se enfrentan a sanciones si no corrigen los fallos.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones dio ayer un tirón de orejas a las compañías telefónicas. Tras analizar 40 contratos-tipo ha detectado que la mayor parte de ellos no se atiene a la regulación en materia de derechos de los usuarios, y ha instado a las compañías a que corrijan urgentemente esas irregularidades si no quieren enfrentarte a un expediente sancionador.

En abril del pasado año, se aprobó un real decreto para reforzar los derechos de los usuarios de telecomunicaciones ante el creciente número de denuncias. Las operadoras se comprometieron a cambiar los contratos para recoger las nuevas condiciones, pero no lo han hecho con el suficiente celo a juzgar por el diagnóstico realizado por Industria.

El ministerio que dirige José Montilla ha detectado varias irregularidades en su investigación. Entre las más importantes figuran la inclusión de cláusulas de permanencia abusivas, que contemplan la obligación de que el abonado indemnice al operador si incumple un periodo mínimo de contratación.

Según la normativa actual, sólo es admisible que el usuario devuelva el importe equivalente de las ventajas que ha disfrutado (por ejemplo, el coste de un terminal regalado por contratar con una compañía de telefonía móvil), pero no le puede penalizar por darse de baja. Por eso, Industria ha requerido a las operadoras para que detallen pormenorizadamente en el contrato las indemnizaciones y a qué ofertas están sujetas.

Otra irregularidad es la imposición de una cláusula que establece para el usuario un preaviso superior al legal de quince días para poder darse de baja. También se incumple la obligación de informar en el contrato de la fecha exacta en la que debe comenzar el servicio.

Igualmente se ha requerido a los operadores que permitan a los usuarios otras formas de pago distintas a la de la domiciliación bancaria. Muchos de los contratos tampoco contienen todos los datos de contacto del operador, por si el usuario necesita información o reclamar. Los datos son: su denominación, dirección postal y electrónica, página web y teléfono de atención al cliente.

Asimismo, se incumple la cláusula de que si modifican las condiciones del contrato, el operador debe notificárselo al usuario con un mes de antelación, con indicación de que éste tiene derecho a darlo por finalizado sin penalización si no está conforme con las nuevas condiciones. Tampoco incluyen en los contratos el tiempo máximo de interrupción del servicio al que se comprometen y las indemnizaciones si el corte dura más.

Los responsables de Telecomunicaciones comunicaron ayer a cada una de las compañías los fallos detectados. Éstas ahora deberán corregir sus contratos y, de no hacerlo, se enfrentan a expedientes sancionadores.

El número de clientes de teléfonos móviles con contrato ha superado por primera vez al de los usuarios de prepago en septiembre de 2005, con 21 millones de usuarios, por encima de los 20,3 millones de prepago.

En términos generales, el número de líneas móviles activas en el mercado español superó en esa fecha los 41 millones, con una tasa de penetración del 93,7%. Telefónica mantiene el 71% de la cuota de mercado por ingresos de la telefonía fija.

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Sobre la firma

Ramón Muñoz
Es periodista de la sección de Economía, especializado en Telecomunicaciones y Transporte. Ha desarrollado su carrera en varios medios como Europa Press, El Mundo y ahora EL PAÍS. Es también autor del libro 'España, destino Tercer Mundo'.

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