El juez investiga a 115 personas por falsear contratos telefónicos

Un juzgado de Barcelona está investigando a 115 empleados de una contrata que presuntamente tramitaron el cambio de compañía telefónica sin el consentimiento de más de 350 abonados. Los acusados falsificaban las firmas o engañaban a los usuarios, generalmente mayores de edad, para que se dieran de alta en Auna (ahora Ono). La propia compañía telefónica acabó por denunciar a esta contrata en 2005.

Se llama slamming y es el timo más frecuente que sufren los usuarios de telecomunicaciones. Consiste en la tramitación de un cambio de compañía telefónica sin el consentimiento del cliente. Este tipo de fraude es llevado a cabo generalmente por empresas subcontratadas por los operadores que, como cobran a comisión por cada cliente captado, no dudan en utilizar prácticas rayanas en la ilegalidad para aumentar sus ingresos.

La Guardia Civil ha dado el mayor golpe contra este tipo de fraude en una operación en la que están siendo investigados 115 empleados de una empresa que tramitó irregularmente entre 2003 y 2004 al menos 352 contratos de abonados de 29 provincias.

Los acusados falsificaban las firmas de los usuarios, normalmente personas de edad avanzada, o les engañaban para tramitarles el cambio de operador telefónico, y darles de alta en la antigua Auna, que fue adquirida en noviembre pasado por Ono. Para el engaño, los investigados no dudaban en hacerse pasar por personal de Telefónica -la empresa de la que eran clientes generalmente los estafados- y les pedían una factura telefónica para disponer de los datos necesarios y realizar el cambio de compañía.

Desde octubre pasado

Las investigaciones se iniciaron en octubre del pasado año, a raíz del gran número de reclamaciones interpuestas ante una organización de consumidores, por personas que se habían visto afectadas por estos hechos, sin haber sido conscientes de su contratación.

Paralelamente, se presentó una denuncia ante el Juzgado de Guardia de Barcelona, interpuesta contra Auna que le reclamaba una facturación por el servicio realizado por un cambio de operador no autorizado.

Al tener conocimiento de esta denuncia, Auna interpuso una querella contra la empresa subcontratada para la comercialización de sus servicios y puso a disposición del juzgado un total de 851 contratos de preasignación telefónica. Posteriormente, Ono, tras adquirir Auna, "ha seguido colaborando en todo momento con la justicia", según indicó un portavoz de la empresa.

La Guardia Civil determinó que al menos 352 de los 851 contratos analizados eran irregulares. De éstos, 166 habían sido formalizados mediante firmas falsificadas y otros 186 se tramitaron después de engañar a los usuarios que accedían a firmarlos.

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) pidió ayer al Ministerio de Industria y a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones que cambien la normativa que regula los cambios de operador, "que propicia este tipo de estafas desde hace cinco años".