Hoy por ti, mañana por mí

Endogamia es una palabra que no gusta en la Universidad, pero es la que se usa tradicionalmente para dar a entender que la selección de profesores para elevarlos a funcionarios de por vida no es lo transparente que debiera, sino que se utilizan subterfugios académicos que favorecen al candidato previamente elegido, que no siempre es el más valioso.

El diccionario de la Real Academia recoge en sus dos primeras acepciones los siguientes significados de endogamia: "Práctica de contraer matrimonio personas de ascendencia común o naturales de una pequeña localidad o comarca". "Actitud social de rechazo a la incorporación de miembros ajenos al propio grupo o institución". Las dos podrían valer para definir lo que ha venido ocurriendo durante años en la Universidad española, porque ya no es sólo que se prefiera al candidato de la casa sobre el que viene de fuera, sino que, a veces, se encuentra a más de un miembro de la misma familia en algunos departamentos académicos.

En el proyecto del PSOE, los candidatos deberán acreditar sus méritos ante un tribunal

A veces, se encuentra más de un miembro de una misma familia en algún departamento

Desde 1983, dos leyes han regulado el acceso de profesores a la Universidad. Aquel año se aprobó la Ley de Reforma Universitaria, conocida por sus siglas, LRU. Establecía tribunales de cinco miembros en los que dos de ellos salían de la propia Universidad que convocaba la plaza. Los tres vocales restantes se elegían por sorteo entre los profesores o catedráticos de esa disciplina en toda España. El aspirante debía tener tres votos y ganaba su plaza. El sistema no dio los resultados previstos de transparencia, hasta el punto de que se acuñaron frases como "ligar el trío", es decir, conseguir un tercero entre los miembros elegidos por sorteo para que sumara su voto a los dos de la Universidad: de esa forma salía el candidato seleccionado previamente por la casa. ¿Cómo se ligaba el trío? Se acuñó otra frase para eso: "Hoy por ti, mañana por mí", es decir, tú votas a mi candidato, y cuando tú necesites mi voto, lo tendrás. La Universidad tenía así manos libres para colocar a los suyos e impedir el paso a los que no le gustaban.

"En 1992, un boletín informativo del Consejo de Universidades hablaba de un 100% de endogamia", recuerda el letrado y profesor de Derecho Financiero José Luis Martín Moreno. Ese dato lo tuvieron muy en cuenta los políticos, entonces gobernaba el PSOE, para tratar de reformar este sistema. "Cuando ocuparon la cartera de Educación Javier Solana y Alfredo Pérez Rubalcaba ya hubo intentos de limitar la capacidad decisoria de la Universidad convocante, así estaba escrito en sus proyectos, pero se cruzaron las elecciones y aquello no fraguó", explica Martín Moreno.

"Hace tan sólo cinco años, en septiembre de 2001, la enmienda de texto alternativo presentada por la hoy vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, contra el proyecto de la Ley Orgánica de

Universidades (LOU) del PP seguía apostando por reducir a uno el número de vocales que designa a dedo la Universidad convocante", asegura Martín Moreno.

Pero el proyecto del PP siguió adelante y estableció un examen nacional en el que un tribunal de siete miembros elegidos por sorteo debía habilitar a los profesores candidatos antes de concursar a las plazas que convocara la Universidad. Los rectores pidieron aquel año, antes de que entrara en vigor ese sistema, la convocatoria de unas 10.000 plazas, muchas más de las que solicitaban anualmente. El Gobierno del PP dijo que lo hacían para eludir el nuevo sistema, más complejo, antes de que se pusiera en marcha.

Desde las universidades contestaron que era la previsión lógica por los tres años que tardaría el nuevo sistema en ponerse en marcha y que las plazas ya estaban presupuestadas con antelación. Pero las cifras son tozudas. Entre 2002 y 2006, las universidades han solicitado 2.127 plazas, muy lejos de las 10.000 previstas para tres años. Para cubrirlas con cierto margen de maniobra se convocaron a su vez 3.923 plazas de habilitación para los profesores que quisieran después concursar. Cabe la posibilidad de dejar desierta alguna de estas plazas si el candidato habilitado no gusta al tribunal académico. Y también puede que la plaza la consiga, entre los habilitados y acreditados (según el puesto al que se accede), el que tenga menos títulos.

Son algunos de los fallos que detectan en la LOU del PP los universitarios, que no acaban de ver el sistema transparente. Por no hablar de lo costoso y lento que resulta organizar los tribunales de habilitación nacional, que además desplazan de sus puestos en las aulas a muchos profesores durante demasiado tiempo.

Cuando el PSOE ganó las elecciones, cumplió su promesa de reformar esa ley, que sacó a la calle en protesta a muchos rectores que vieron atacada su autonomía universitaria. Ese texto reformado se tramita ahora en el Parlamento. Se ha eliminado la polémica habilitación nacional, pero algunos universitarios, conscientes de los problemas que acarrea, temen también que se elimine con ella el filtro donde, al menos, se frena a los peores candidatos.

En el II Congreso de Corrupción Universitaria, que reunió en Madrid recientemente a un grupo de profesores afectados por la endogamia y el acoso, se manifestó el temor por que todo quede en manos, de nuevo, de la Universidad convocante.

El nuevo proyecto del PSOE mantiene las acreditaciones, es decir, los aspirantes tendrán que demostrar unos méritos ante un tribunal que aún no se sabe cómo ni quién lo formará. Y después concursarán en las universidades por una plaza. Estas últimas tendrán plena autonomía para disponer cómo se establecen esos concursos. Los miembros de uno y otro tribunal deberán hacer públicos sus currículos, algo que no ocurría antes. Pero los detalles tendrán que esperar a los futuros desarrollos de la ley una vez que ésta se apruebe.