¿Quién pagará los platos rotos de la educación?
Llevo más de 30 años al frente de la gestión educativa de una institución, la Fundación Hogar del Empleado, que, a su vez, lleva más de 50 años impartiendo en sus colegios enseñanzas en todos los niveles educativos, desde infantil a bachillerato. No soy docente, pero una visión desde otra óptica quizá ayude a identificar las consecuencias de determinados enfoques. Sin duda, los modelos que ofrecen los diferentes Gobiernos no son iguales. Quizá, de ahí los excesivos cambios que ha sufrido la normativa en este último periodo y, quizá también, la necesidad de alcanzar un gran pacto por la educación entre los partidos políticos, los sindicatos, las patronales y las asociaciones de madres y padres.
Financiando solamente el maestro y el aula no se puede hablar de enseñanza gratuita
Siempre se da una coincidencia entre las autoridades educativas -sean de derechas o de izquierdas, sean de la Administración central o de la autonómica- que se ha mantenido persistentemente. Todos defienden la gratuidad absoluta de la red pública de centros, tanto los directamente regidos por la Administración pública como los concertados. Por otro lado, las sucesivas Administraciones han venido coincidiendo en otra cuestión: la insuficiente financiación aportada para cumplir el objetivo marcado de la gratuidad absoluta. Efectivamente, en los centros administrados directamente por el Estado, hoy en día en su versión autonómica, éste se hace cargo del coste del personal docente y, en la mayoría de los casos -no siempre-, construye el edificio en terreno de propiedad municipal. Pero para que un colegio funcione, hace falta mantener el edificio, limpiarlo, iluminarlo, vigilarlo, calentarlo en invierno y refrescarlo en verano, abrirlo por las mañanas y cerrarlo por las tardes y otra serie de atenciones materiales. ¿Quién paga esto? Obviamente, en la enseñanza primaria, no es el Estado ni la comunidad autónoma, sino el ayuntamiento correspondiente, con los tributos que recauda entre los vecinos o con las transferencias que recibe del Estado a través del Fondo de Cooperación Municipal.
Nadie discute que un ayuntamiento destine los fondos que considere conveniente, además de los imprescindibles para mantener abierto un colegio, a mejorar la calidad educativa de un centro. De forma que, en teoría y desde luego también en la práctica, las diferencias entre los alumnos que estudian en un municipio que apuesta decididamente por la calidad de la educación y los de otro que se desentiende de ella pueden llegar a ser abismales. Quede claro que la financiación para alcanzar una calidad educativa aceptable la aporta la comunidad local que, apurando un poco, son los propios padres y madres de los alumnos.
La insuficiencia de la financiación de los centros concertados es igual de evidente. Cada comunidad autónoma se hace cargo de los costes del personal docente y destina una partida para gastos de funcionamiento. En el momento actual en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, esta cantidad asciende a la cifra de 5.693,03 euros anuales por unidad de educación primaria. Para impartir enseñanza en una unidad de primaria se necesita un aula de al menos 45 metros cuadrados y otros tantos de espacios complementarios. Es decir, se necesitan unos 90 metros cuadrados útiles por grupo. Con los 475 euros mensuales aportados por la Administración para gastos de funcionamiento, difícilmente se podría llegar a pagar el alquiler del espacio necesario para acoger al grupo de alumnos de primaria. Díganme dónde hay en Madrid un local o una vivienda de 90 metros cuadrados útiles que se pueda arrendar por 475 euros al mes. En el caso de los centros concertados, no hay ninguna Administración pública, salvo contadísimas excepciones, que ceda gratuitamente un edificio para impartir las enseñanzas concertadas.
Si la financiación estatal para los centros concertados sólo cubre los costes del personal docente y del edificio, a semejanza con la situación de los centros de titularidad pública, ¿quién paga el resto de gastos necesarios para que el centro funcione? Si la enseñanza debe impartirse en condiciones de gratuidad y, además, se prohíbe a los titulares contribuir con fondos obtenidos de aportaciones voluntarias de los usuarios, condenamos a la enseñanza concertada a la inviabilidad más absoluta. Los ayuntamientos solucionan el problema en los centros de titularidad pública con la recaudación de tributos que no son otra cosa que aportaciones "obligatorias" de sus vecinos, que, al fin y al cabo, son los padres y madres de los alumnos, y sin que ninguna norma limite esta práctica.
Cuando una norma es imposible de cumplir, obviamente nadie la cumple, y los poderes públicos suelen transigir con su incumplimiento generalizado. Así llevamos, que yo sepa, más de 30 años. Pero la desobediencia consentida produce inseguridad jurídica y ésta es quizá una de las situaciones más injustas que se engendran en un Estado de derecho. En efecto, los que tienen principios, y no abusan de la situación, tienen las de perder porque suelen ser medidos con el mismo rasero de los que, con ánimo de lucrarse, se aprovechan de la obligada tolerancia de los poderes públicos.
Hay dos tipos de titulares de centros concertados, los de colegios religiosos confesionales y los de colegios laicos no confesionales. En el caso de los centros educativos religiosos, vinculados generalmente a la Iglesia católica, si llegase el caso de que no pudiesen recaudar fondos para cubrir el déficit "obligatorio" al que les somete la normativa vigente, siempre podrían recurrir a la financiación que la Iglesia católica recibe del Estado para sufragar los gastos necesarios para mantener en funcionamiento sus centros concertados. En cambio, los titulares de centros no confesionales que, por lo general, coinciden con el modelo educativo del actual Gobierno, basado en valores de paz, igualdad, respeto, participación, etcétera, no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir si el Gobierno no permite completar la insuficiente financiación con donaciones voluntarias de los usuarios. Ni disponen de una fuente complementaria de ingresos procedentes del Estado como la Iglesia, ni pueden requerir ingresos a los padres y madres como hacen los ayuntamientos. Paradójicamente, el Gobierno, con este planteamiento, hará desaparecer del escenario educativo a sus principales aliados.
Las autoridades deben concienciarse, antes que nada, de que financiando solamente el maestro y el aula no se puede hablar de enseñanza gratuita y no discriminatoria. Por tanto, o dotan suficientemente a los centros de la red pública, concertados o no, de medios suficientes para impartir las enseñanzas obligatorias en condiciones de calidad, o permiten que los usuarios cubran la insuficiencia presupuestaria con sus aportaciones. Cierto que una solución de este tipo puede aparecer como discriminatoria, pero más discriminatorio es admitir esa situación de facto, sin ningún límite ni control, y que los platos rotos los paguen los que son más consecuentes con un modelo educativo solidario.
Enrique Benedicto Mamblona es economista y presidente ejecutivo de la Fundación Hogar del Empleado.
