Arenas rechazó como ministro la disolución del Ayuntamiento de Marbella que ahora pide el PP

El Parlamento andaluz debatirá el jueves si pide al Consejo de Ministros la disolución del Ayuntamiento de Marbella. La iniciativa ha sido planteada por el PP, que ahora entiende que se trata de la única solución viable para la caótica situación política de la ciudad, cuando hace dos años la rechazó. El hoy presidente regional del PP y entonces ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, alegó que no había causa legal para la disolución, pero ahora entiende que sí la hay porque la situación ha cambiado de forma radical y alarmante, y lo que en aquel momento era un gobierno municipal que empezaba a andar, ahora acumula incumplimientos e ilegalidades.

La disolución de un Ayuntamiento está contemplada en la legislación, pero es una medida tan excepcional que desde que se aprobó la Constitución en 1978 no se ha planteado ni un solo caso en España, ni siquiera en municipios vascos cuyas corporaciones han dado un apoyo más o menos explícito a ETA. El artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, de 1985, establece que el Consejo de Ministros, "previo acuerdo favorable del Senado" podrá proceder a la disolución de un Ayuntamiento "en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales". La iniciativa puede partir de un Gobierno autonómico, pero siempre prevalece el criterio del Gobierno central, que puede activarla incluso en el caso de que aquel no esté de acuerdo.

En Marbella, la cuestión fue ya objeto de debate tras la moción de censura que en la madrugada del 1 de agosto de 2003 pactaron ocho concejales del GIL liderados por Marisol Yagüe, tres del PSOE, que fueron expulsados del partido, y otros tres del PA. La dirección federal socialista fue inicialmente partidaria de abrir la vía de la disolución, pero pronto la vio dificultosa. La Junta de Andalucía entendió que no se daban los requisitos legales exigibles y que la disolución sólo podría plantearse en el caso de que el gobierno municipal no pudiera garantizar los servicios básicos. "Estamos ante un problema de desvergüenza política, pero no ante un problema legal", dijo el entonces consejero de Gobernación, Alfonso Perales.

Pacto institucional

Los mismos argumentos esgrimió el PP, que en ningún momento mostró el más mínimo titubeo a favor de la disolución, e incluso cuando el PSOE abrió el debate le acusó de que con ello intentaba "tapar su responsabilidad en la crisis de Marbella y desviar la atención". Con todo, el 1 de septiembre de 2003, PSOE, PP y PA suscribieron en el Parlamento Andaluz un acuerdo por la regeneración política de Marbella. El primer punto de aquel pacto institucional instaba al Gobierno de la nación y al de la Junta a que "elaboren los informes jurídicos, económicos y urbanísticos pertinentes que permitan determinar si se dan los supuestos previstos en el artículo 61 de la Ley de Régimen Local a los efectos de considerar la posible disolución del Ayuntamiento de Marbella".

Apenas 22 días después, Javier Arenas informaba en el Congreso de los Diputados de que los primeros resultados de aquellos estudios no mostraban que se dieran los supuestos legales para la disolución. Explicó que la legislación y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional era muy restrictiva con las causas para disolver una corporación municipal y que de hecho nunca se había activado pese a que había habido gobiernos municipales "muy negativos, muy negligentes, y muy incapaces". Explicó entonces además que no se puede proponer la disolución de un ayuntamiento "por razones políticas, oportunismo electoral o juicios de valor", sino solo con el amparo de la ley.

Dos años después, el PP ha cambiado de forma radical. Sus dirigentes provinciales ya alzaron la voz pidiendo la disolución cuando en septiembre Yagüe expulsó del gobierno municipal a dos ediles del PA. Ahora, disconforme con la decisión de la Junta de retirar competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella, que considera un mero "parche", el PP ha presentado formalmente la iniciativa en el Parlamento.

El portavoz parlamentario popular, Antonio Sanz, explica que ahora ya "sí hay base legal". "Entonces el gobierno municipal acababa de tomar posesión y no había realizado ninguna actuación, por lo que no se podía hablar de ningún incumplimiento ni había en lo que sostener una posible causa de disolución, pero ahora, después de dos años, ha habido actuaciones que sitúan al gobierno municipal fuera de la legalidad, con incumplimientos graves e incluso intervención de los tribunales".

Según Sanz, la situación de Marbella ha llegado "al límite" y los problemas no se inscriben solamente en el ámbito urbanístico. "El deterioro es tremendo, hay una quiebra económica absoluta del Ayuntamiento y el equipo de gobierno incumple todas las leyes y lo único que cabe hacer es devolver la voz a los ciudadanos para que elijan una nueva corporación", explica Sanz.

En el caso de disolución de un Ayuntamiento, el Gobierno nombraría una comisión gestora que tendría que garantizar el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento en tanto se convocan unas elecciones municipales extraordinarias.

El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, llama la atención sobre la "paradoja del PP". "En 2003 cuando planteamos la posibilidad de disolver, el PP la declinó porque no se daban condiciones legales, y ahora, en vez de apoyar a la Junta en la retirada de competencias urbanísticas, intenta un nuevo doble salto mortal y plantea una medida que tantas dificultades legales implica y que es prácticamente imposible desde el punto de vista del calendario, porque solo queda año y medio para las elecciones".