El hombre que dijo ser propietario de 152 fincas en Ciempozuelos admite que mintió
Un juez investiga una supuesta estafa sobre un millón de metros cuadrados urbanizables
El caso Ciempozuelos (el supuesto intento de un grupo empresarial de apropiarse de 152 fincas de titularidad ajena valoradas en 35 millones de euros) ha dado un giro radical. Uno de los imputados, el vecino del pueblo que afirmó ser el dueño originario de las 152 parcelas y que las vendió ante notario a un grupo de empresas, ha manifestado que la operación ha sido un engaño y que mintió a los notarios, a la policía y al juez al decir que las fincas eran suyas. Tras verse sorprendido en algunas mentiras, el imputado Ángel G. C., de 70 años, ha declarado que el administrador de varias empresas implicadas, Ángel P., le obligó "a firmar papeles en blanco" y le dio tres o cuatro millones de pesetas.
Ángel G. C., uno de los cinco imputados por el intento de estafa a 92 vecinos de Ciempozuelos, compareció voluntariamente el pasado martes ante la Policía Local de este municipio y dijo que lo que declaró ante el juez Agustín Carretero era "falso". Según señaló, mintió "coaccionado" por otro de los imputados, administrador de varias sociedades implicadas, quien le hizo simular que las 152 fincas eran suyas. Asegura que los dueños de las empresas le engañaron porque él "no sabe leer ni escribir".
En el procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valdemoro hay otras cuatro personas imputadas, además de Ángel G. C.: los administradores de las ocho empresas que han intentado inscribir como propias las 152 fincas en el Registro de la Propiedad. Son más de un millón de metros de suelo cuyo valor se incrementará notablemente, ya que la mayor parte de los solares van a pasar de ser suelo rústico a urbanizable.
Según los afectados, que presentaron una denuncia el pasado mayo al enterarse de los cambios de titularidad que se estaban intentando llevar a cabo, las ocho sociedades escrituraron las parcelas a su nombre a espaldas de sus legítimos dueños y pretendieron inscribirlas en el Registro de la Propiedad y en el catastro aprovechando triquiñuelas legales.
La herencia
El procedimiento para apoderarse de las parcelas habría sido el siguiente: cuatro personas, Ángel P. L., Eva N. B., Ángel P. V. y Luis M. T. (un matrimonio, el padre de uno de los esposos y un amigo de este último) constituyeron ocho sociedades, siendo cada uno administrador único de dos de ellas. Pagaron a Ángel G. C., a través del cual habían realizado en el pasado algunas compraventas de terrenos, para que manifestara que 152 fincas rústicas de Ciempozuelos eran suyas. Para conseguir una escritura pública en la que constara que él era el dueño de las parcelas, como no disponía de título de propiedad, Ángel G. C. manifestó en una notaría de Leganés que había heredado las fincas de sus padres, quienes las habían obtenido a cambio de "trabajos domésticos". La notaría otorgó escritura de propiedad, algo que, según los afectados, es muy "irregular", ya que no había un solo documento que acreditara que él era el titular de esas fincas.
Una vez escrituradas a su nombre, Ángel G. C. las vendía ese mismo día a alguna de las ocho sociedades citadas. Esa sociedad las vendía a otra, y ésta a una tercera. Todo en el mismo día. Todas las escrituras se hicieron en la misma notaría de Leganés. Uno de los notarios asegura que se ha limitado a "dar fe" de las compraventas.
Se realizaron dos tandas de compraventas: una en diciembre de 2004 y otra en febrero de 2005. Una vez que las 152 fincas estuvieron escrituradas a nombre de alguna de las ocho sociedades, los imputados intentaron inscribirlas en el Registro de la Propiedad. Aprovecharon que la mayoría no aparecían en el registro y, por tanto, no existía ningún titular registral. Según la Ley Hipotecaria, para la primera inscripción hace falta presentar al menos dos títulos de propiedad: el actual y el de los dueños anteriores.
El grupo empresarial no logró inscribir como propias estas parcelas porque el registrador de Valdemoro, en cuya jurisdicción se enclava Ciempozuelos, dudó de la legalidad de la operación y rechazó registrarlas. También intentó inscribirlas en el catastro, donde sí aparecían titulares catastrales. Cuando les notificaron a los propietarios, entre ellos el Ayuntamiento de Ciempozuelos y la Comunidad de Madrid, que el grupo empresarial pretendía poner a su nombre las 152 fincas, presentaron una denuncia en los juzgados de Valdemoro.
El juez instructor ha ordenado bloquear cualquier cambio de titularidad sobre estas fincas.
Un implicado que teme por su vida
Ángel G. C., que compareció el martes pasado ante la policía, se retractó de sus declaraciones anteriores e indicó que el imputado Ángel P. le llevaba a la notaría y allí le decía "dónde tenía que firmar". Afirmó que conoce a Ángel P. desde hace años porque actuaba como intermediario entre él y algunos vecinos del pueblo que vendían fincas. Dijo que un día empezaron a darle "papeles en blanco" para que los firmase.
Cuenta también que, hace un mes, Ángel P. le dio otros dos documentos "para que los firmara". Entre ellos, uno privado en el que asumía haber recibido un pagaré de 348.000 euros por la compraventa de las fincas. "Me dijeron que no podía cobrar ese dinero hasta que no tuvieran inscritas las fincas", añade.
Asegura que cuando le llamó el juez, el pasado 11 de julio, los otros imputados le facilitaron un abogado y le dijeron qué debía declarar. Al comentarles él que lo que iba a decir era falso, ellos le advirtieron de que "tuviera cuidado". "Vete del pueblo y nosotros te compramos una casa", afirma que le dijeron. Según él, no dijo la verdad ante el juez porque estaba "coaccionado". Ahora ha pedido protección porque, según explica, "teme por su vida".
Otra de las mentiras en la que incurrió en su declaración fue que él era hijo único y que por ello la falsa herencia no tenía que compartirla con ningún hermano. Pero los abogados de la acusación han aportado pruebas de que tiene una hermana.
No es la primera vez que Ángel G. C. cambia su versión. Los abogados de las víctimas le pidieron que justificase en concepto de que él era el dueño de las parcelas y el imputado señaló ante el juez que, en realidad, las fincas no se las habían regalado familias del pueblo a sus padres (como había declarado en la notaría), sino que fue el Gobierno republicano quien adjudicó todos los solares a su padre durante la Guerra Civil, por méritos en el frente. Ángel G. C. enseñó un papel, sin fecha ni firma, que contenía la relación de fincas e indicó que su padre, exiliado republicano, le dio esa hoja hace años en el sur de Francia, diciéndole que esos solares eran suyos.
