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Columna
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De verdad, ¿sabe el Gobierno decir "no"?

Joaquín Estefanía

Una consecuencia lateral de la algarabía generada por la reforma del Estatuto de Cataluña es la aparición de numerosos conflictos corporativos, en forma de paros patronales, que el Gobierno no puede resistir so pena de incrementar la ya muy alta tensión política. No parece casual el momento elegido por transportistas, pescadores, agricultores -y lo que llega-, dado que el precio de los hidrocarburos está creciendo sin parar durante todo el año. La coyuntura elegida es la de mayor debilidad del Ejecutivo.

¿Dónde acabarán estas demandas? No ha habido un minuto de calma para el Ejecutivo. Aparentemente arreglado el paro de los transportistas saltaron las cofradías de pescadores. Y sin solución de continuidad, las distintas organizaciones agrarias han empezado sus movilizaciones parciales y amenazan con un paro general para finales de noviembre, si no se les concede lo que piden. El ruido de nuevos conflictos en otros sectores intensivos en el uso de los hidrocarburos no hace más que crecer.

El esquema es el siguiente: tras la petición insoslayable de ayudas se paralizan los centros neurálgicos de la actividad económica, los mercados se desabastecen (incluidos los de alimentos), se reduce la movilidad de los ciudadanos, lo que incrementa la alarma social y, finalmente, se inician negociaciones in extremis que devuelvan la normalidad perdida. Tras lo cual el Ejecutivo cede a buena parte de las pretensiones de los sectores objetivamente angustiados por el espectacular aumento de sus costes. En general, las exigencias son de la misma familia: en lo inmediato, reducción de impuestos y aumento de subvenciones; a medio y largo plazo, establecimiento de mesas para analizar los problemas de cada sector. Los demandantes tratan exclusivamente de su problema, sin considerar que lo que exigen sea coherente con el conjunto de la política económica y sin analizar si lo que consiguen va en perjuicio de otros. El que no llora, no mama.

La negociación de hace unas semanas con los transportistas (un sector de amplia tradición en la desestabilización política de gobiernos, generalmente de izquierdas) fue un desgraciado precedente. Involucrar en la misma el impuesto sobre hidrocarburos, el célebre céntimo sanitario que aplican algunas comunidades para paliar sus enormes déficit en los sistemas de salud, fue un paso atrás. Poco antes, el Gobierno había tenido que discutir la financiación sanitaria de las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Facilitar que las comunidades no apliquen el céntimo sanitario a cambio de otras fórmulas todavía nebulosas de ingresos es un retroceso en la costosa pedagogía de la corresponsabilidad fiscal. Se trataba de quitarse un incómodo problema coyuntural que afectaba a un sector concreto, pero se ha creado otro, estructural, que sufrirá el conjunto de la ciudadanía.

Los pescadores negociaron mientras sus barcos bloqueaban los puertos, impedían la llegada normal de alimentos y de piezas industriales, y paralizaban el transporte de viajeros por mar. En cuanto obtuvieron el incremento del 58% en la subvención al gasóleo, fueron relevados por los agricultores. Éstos no se han andado con chiquitas: mientras los tractores iniciaban la protesta, el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, principal organización del sector, se declaraba dispuesto a "sacar los tractores a la calle y parar este país", si las negociaciones no terminaban bien. El representante de otra organización anunciaba "acciones más contundentes".

Cada negociación de este tipo estimula movilizaciones futuras. No parece una metodología acertada vincular las ayudas al precio de los carburantes, teniendo en cuenta que ese precio (y también la oferta) mantienen más incertidumbre que nunca en los mercados de futuros. La vicepresidenta de Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, ha dicho que ante las propuestas este Gobierno es dialogante, pero ante las amenazas es un Gobierno firme.

Pero ¿de verdad alguien se ha planteado detenerse y decir "no" si creen que hay que decir "no"?

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