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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Redondeo al cuadrado

Una regla fundamental en la llamada economía de mercado es que los ciudadanos deben pagar por los servicios que obtienen; ni más, ni menos. Por eso, cuando una empresa recurre al redondeo, es decir, a cobrar por una cantidad de servicio que realmente no ha prestado, contraviene un principio básico del mercado y, por supuesto, perjudica al consumidor.

La decisión de Telefónica de redondear al alza el tiempo que factura a los usuarios del teléfono móvil a sus clientes con contrato -a partir del primer minuto cobrará por paquetes de 30 segundos, los haya gastado o no el autor de la llamada- es una medida claramente abusiva, puesto que se ha tomado en el silencio informativo que suele acompañar las vacaciones de verano y, además, un retroceso sobre el sistema de tarificación anterior, que, al menos a los clientes en régimen de contrato, cobraba el servicio en segundos a partir del primer minuto. Este redondeo al cuadrado, puesto que la compañía ya cobra el primer minuto aunque se hable menos de ese tiempo, es una decisión irritante para el consumidor, que no entiende por qué el redondeo se extiende en lugar de reducirse, como sería lo razonable.

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Es verdad que Telefónica no ha inventado nada. De hecho, ya redondeaba la tarifa a medio minuto a los clientes que utilizan tarjetas de prepago; y su competidor Vodafone utiliza para todos sus clientes tan perniciosa (para los consumidores, claro) tarificación. Una cuestión pertinente ahora es preguntarse si los usuarios del teléfono móvil están informados del redondeo que pagan en sus recibos; la respuesta más probable es que muy pocos sean conscientes de ello.

El argumento del Gobierno y la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) de que las tarifas del móvil están liberalizadas sirve más para quitarse el muerto de encima que para resolver el problema de fondo. Porque la libertad para fijar precios en nada presupone que en su determinación no puedan cometerse actos abusivos. Como lo demuestra el hecho de que prácticas similares -aparcamientos o hipotecas- hayan recibido varapalos legales en los tribunales de justicia. Si los precios de la llamada a través de móviles bajan porque a cambio se cobran minutos no consumidos, la liberalización sería un fraude.

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