El Gobierno seguirá regulando el año próximo las tarifas de Telefónica

El Gobierno seguirá regulando en 2006 las tarifas de telefonía fija que cobra Telefónica de España a sus clientes, pese a que estaba previsto que este año fuera el último en el que los precios estuvieran regulados. El retraso de los trabajos de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) sobre el grado de competencia en este sector, del que iba a depender la desregulación tarifaria, ha motivado que se prorrogue el sistema de precios máximos (llamado price cap) a que está sometidas las tarifas de Telefónica.

La CMT, por encargo de la Comisión Europea, debe evaluar si en los diferentes mercados (telefonía fija, móvil e Internet) funciona correctamente la competencia. Ese informe, cuyas conclusiones debían estar listas en junio pasado, debe incluir una recomendación sobre si se mantiene o no el control sobre las tarifas de Telefónica de España. Pero el retraso en los trabajos de la CMT, en gran parte motivado por el traslado de su sede de Madrid y Barcelona, ha forzado al Ministerio de Industria ha prorrogar el sistema de precios máximos, según anunció ayer el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, que participó en Santander en un seminario de telecomunicaciones de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, que organiza la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (Aetic).

Este price cap referencia a la inflación el precio del conjunto de servicios y llamadas que presta Telefónica de España. La operadora se ajusta al límite impuesto por el Gobierno, bajando el precio de unas llamadas y subiendo otros conceptos como la cuota de abono mensual.

De esta forma, la compañía que preside César Alierta seguirá sin tener libertad de tarifas -es la única compañía que tiene sus precios regulados-, pese a que ya el Gobierno del PP, con Josep Piqué como ministro del ramo, le prometió que en 2004 dejaría de intervenir sus precios.

Servicio universal

Por otra parte, Ros anunció que pondrá en marcha antes de finales de año la consulta pública para la designación de los operadores encargados de la prestación del servicio universal, con el fin de conocer si existen compañías interesadas en dicha prestación, a la que actualmente sólo está obligada Telefónica.

El servicio universal de telecomunicaciones se asegura a toda la población independientemente de su lugar de residencia una serie de servicios esenciales en esta materia (teléfono fijo, guías y acceso a Internet).

El coste del servicio universal, cifrado en 110 millones de euros en 2002, ha recaído en solitario sobre Telefónica, pese a que la Ley General de Telecomunicaciones contempla la creación de un fondo entre todas las compañías, de acuerdo a su cuota de mercado. Telefónica, que reclama 198 millones por el coste del servicio en 2003, ha venido reclamando desde su privatización que sea el Estado el que costee servicios deficitarios como llevar el teléfono a zonas alejadas, las tarifas especiales para jubilados y otras prestaciones no rentables.

Por su parte, Jesús Banegas, presidente de la patronal Aetic, pidió ayer al Gobierno que financie actuaciones de 1.000 millones de euros al año para cumplir con su programa de convergencia tecnológica con Europa.

Banegas añadió que España necesita innovar en materia tecnológica, no sólo copiar. Para conseguirlo, el presidente de Aetic apuesta por un compromiso gubernamental para hacer del país una plataforma de "investigación, desarrollo y creatividad", advirtiendo de que las inversiones tipo mister Marshall no bastarán.

El gran desafío del país, señaló, es innovar para crecer y para ello la ciencia y la tecnología tienen que integrarse y se debe reconocer económica y socialmente su papel. Banegas explicó que la respuesta del Gobierno con el plan Innova, con el que se pretende converger con Europa, "es de buena voluntad, pero no basta".