Aragón gravará a las empresas contaminantes, los centros comerciales y los remontes de esquí
Los nuevos impuestos 'verdes' pretenden paliar la menor presión fiscal sobre las familias
El Gobierno de Aragón ha decidido subirse al carro de los impuestos medioambientales. Antes de final de año tiene previsto aprobar una Ley de Medidas Fiscales que incluye tres nuevos gravámenes sobre las grandes superficies comerciales (incluyendo la zona de aparcamiento), los remontes de esquí (porque considera que "perturban el ecosistema") y las emisiones contaminantes, con lo que espera recaudar 17,7 millones de euros y paliar así la pérdida de recaudación que provocará la reducción de la presión fiscal sobre las familias, los jóvenes, los mayores y los discapacitados.
Gravar las actividades que dañan el entorno está de moda. El Gobierno central ha anunciado recientemente la creación de impuestos verdes para compensar las rebajas previstas en el IRPF y el impuesto de sociedades. Y ahora Aragón se ha sumado a Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Madrid en la imposición de penas pecuniarias a las empresas contaminantes.
El consejero aragonés de Economía y Hacienda, Eduardo Bandrés, justifica su creación porque "es una tendencia que se da en toda Europa: la reducción de los impuestos que gravan lo bueno, como la renta, el patrimonio o el trabajo; y el aumento de la carga fiscal sobre las actividades con efectos negativos".
El proyecto de Ley de Medidas Fiscales del Gobierno aragonés, que el consejero cree que estará aprobado antes de final de año, para aplicarlo en 2006, recoge tres impuestos denominados medioambientales. El Ejecutivo ha afirmado que el dinero obtenido -17,7 millones de euros- se utilizará en la conservación del medio ambiente.
Concretamente, el impuesto sobre los centros comerciales se establece según el número de metros cuadrados, incluyendo áreas de venta, almacenes y aparcamiento. El Ejecutivo ha decidido incluir el aparcamiento porque, según especifica el proyecto, "denota la capacidad del establecimiento para atraer y acoger al tráfico, que genera el principal efecto contaminante". La tasa, que se aplicará anualmente a los hipermercados mayores de 500 metros, oscila entre 12 y 19 euros el metro cuadrado, aunque habrá correctores en función de la clase y el tipo de suelo. El Gobierno de Aragón espera recaudar cuatro millones de euros al año.
El impuesto sobre el transporte por cable grava los que trasladan a personas y los que llevan mercancías utilizadas en el medio forestal. La norma afirma que constituyen un "elemento perturbador del paisaje". En el caso de los remontes, el hecho imponible se incrementa, incluyendo no sólo la longitud del arrastre -12 euros el metro al año-, sino también los kilómetros de pista. "Las estaciones de esquí", según el proyecto, "atraen masivamente personas y perturban el ecosistema". Bandrés asegura que "el impacto en el esquiador será prácticamente irrelevante". En total se obtendrán unos 1,7 millones de euros.
El gravamen que más dinero proporcionará(12 millones de euros) es el que penaliza la emisión de contaminantes a la atmósfera. Las empresas pagarán en función de la cantidad emitida de óxidos de azufre, nitrógeno y dióxido de carbono.
Críticas de la oposición
Los partidos que conforman el Gobierno -PSOE y Partido Aragonés- han presentado dos enmiendas para que los dueños de los remontes se beneficien durante el primer año de una reducción del 50% y para que el aparcamiento no compute más del 25% de la superficie total del hipermercado. "Así no se gravará demasiado a los grandes comercios de las afueras en comparación con los del centro", afirma Bandrés. Sin embargo, el principal partido de la oposición (PP) ha pedido que se supriman los tres porque "afectarán al turismo, provocarán pérdida de competitividad en las empresas aragonesas y repercutirán en todos los ciudadanos", según explica Manuel Guedea, su responsable de Economía. Ante estas críticas, el consejero responde: "Para nosotros, el valor del medio ambiente no es infinito. Por eso hemos aplicado cuotas más reducidas que en otras comunidades".
La Confederación de Empresarios de Aragón también se ha mostrado contraria a las nuevas tasas. Su presidente, Jesús Morte, critica especialmente la que grava los comercios porque "aumentará la inflación y hará que pierdan competitividad". Además, considera que no ayudará al pequeño comercio porque lo recaudado no se destinará a su fomento, como sucede en Cataluña.
