_
_
_
_
_

La fiscalía andaluza pide el desalojo de los ocupantes de 24 pisos allanados en Jun

El juez cita a declarar a quienes han entrado en las casas, antes de ordenar su expulsión

La Fiscalía del Tribunal Superior de Andalucía considera que la ocupación de 30 viviendas en tres bloques de protección oficial de Jun (Granada) es ilegal. El fiscal que estaba ayer de guardia envió al Juzgado de Instrucción número 8 de Granada un informe en el que pide el desalojo inmediato de quienes ocuparon pisos de los que previamente se había expulsado a 24 familias mediante presuntas amenazas y coacciones. Los que se apoderaron de casas deshabitadas habrían incurrido en usurpación de inmuebles, según el fiscal, que ve también indicios de daños y defraudación eléctrica.

La fiscalía no envió su escrito sobre la ocupación hasta ayer debido a que, hasta ese momento, la Guardia Civil no le había trasladado las investigaciones. Éstas fueron abiertas a raíz de que el pasado día 17 una treintena de familias, procedentes del Polígono del Almanjáyar (un barrio marginal de las afueras de Granada), comenzara a ocupar viviendas vacías de los números 4, 6 y 8 de la avenida de Granada de Jun (Granada).

Fuentes judiciales aseguraron ayer que, una vez conocida la toma de posición del fiscal, la orden de desalojo del juzgado sería inminente, pero hasta las 20.00 de ayer, en los alrededores de los edificios ocupados, sólo había tres vehículos de la Guardia Civil que vigilaron el edificio y a sus ocupantes durante todo el día. Esas mismas fuentes aseguraron que el desahucio podría producirse hoy, después de que se haga recuento de las viviendas que efectivamente estaban habitadas antes de la llegada de los nuevos ocupantes.

Ésas son las familias a las que la fiscalía pretende dar amparo (24, según el alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez). El subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Cruz, aseguró ayer que muchos de los que recibieron presuntas coacciones o amenazas para abandonar su casa tampoco tenían título alguno que justificara su presencia en las viviendas.

El resto son inquilinos que dicen que se marcharon por miedo a los recién llegados. En los tres bloques en los que se produjo la ocupación (48 pisos en total) sólo quedan dos propietarios (uno es una mujer de 81 años) y dos inquilinos (una familia de nueve miembros y otra de cinco). Tres de ellos han denunciado los hechos, mientras que el cuarto asegura que no lo ha hecho por miedo.

La fiscalía cree que en el caso de los expulsados mediante amenazas, fueran o no arrendatarios, puede haberse producido un delito de allanamiento de morada que justificaría la intervención inmediata de la Guardia Civil, ya que todos serían legítimos ocupantes de los pisos. La entrada en los que estaban vacíos sería usurpación de inmueble. A esos dos presuntos delitos se sumaría, en ambos casos, el de daños, ya que han cambiado las cerraduras de las puertas; y el de defraudación del fluido eléctrico, porque han arrancado los contadores y conectado el tendido de los pisos a la toma general de cada bloque para obtenerlo gratis.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

En el escrito se aprecian también indicios de amenazas no sólo a los legítimos habitantes de las viviendas, sino también al alcalde. Éste denunció el pasado sábado que un hombre que dijo actuar en nombre de los recién llegados le encañonó con una pistola, amenazándole con pegarle dos tiros si les cortaba el agua y la luz o les impedía el acceso al inmueble.

El juez ha citado para mañana a las personas que han sido identificadas como ocupantes de viviendas en Jun por la Guardia Civil y que han alegado derecho posesorio para permanecer en las casas. La citación es para que justifiquen su alegación y, si procede, ordenar su desalojo inmediato.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos el pasado 17 de octubre, cuando el casero de uno de los bloques denunció que se habían ocupado algunos pisos. Los agentes confirmaron los hechos, pero no identificaron al presunto usurpador. Cuatro días después, esa denuncia se amplió a otras siete personas, pero el perjudicado aseguró que su entrada en los pisos se había producido sin violencia. El alcalde y tres propietarios de pisos acudieron al cuartel de la Guardia Civil de Alfacar (el más cercano a Jun) el pasado sábado para denunciar las presuntas amenazas.

El subdelegado del Gobierno, Antonio Cruz, aseguró ayer que los agentes han identificado ya a todos los ocupantes. "Hemos hablado con los inquilinos que han abandonado sus casas para decirles que no tengan miedo, que tienen el apoyo de la Guardia Civil", afirmó Cruz, quien insistió en que el cuerpo no ha intervenido hasta el momento porque no habían interpuesto denuncia. "La restitución de la legalidad en Jun puede ser inmediata, sólo esperamos la orden del Poder Judicial", añadió.

El alcalde, que compareció junto al subdelegado, reiteró, sin embargo, que los vecinos se negaron a denunciar por el miedo a los nuevos ocupantes. "Están aterrorizados; por eso, aunque les han arrebatado sus viviendas, les cuesta plasmarlo por escrito en una denuncia". La Delegación del Gobierno en Andalucía anunció a última hora de ayer que ya estaba preparado todo el dispositivo policial para ejecutar el desalojo y que sólo esperaba la orden del juzgado de Instrucción número 8 de Granada.

Los ocupantes aseguran que los tendrán que sacar por la fuerza, y que si lo hacen, volverán a dormir en la calle. Amenazan con ocupar de nuevo las casas tras la intervención policial. Algunas de las familias pidieron a las autoridades que se sentaran a negociar con ellos. "Aquí había gente que vivía sin pagar a nadie", dijeron. "Nosotros estamos dispuestos a pagar cada mes nuestro alquiler".

Varios de los ocupantes de Jun, ante uno de los bloques.
Varios de los ocupantes de Jun, ante uno de los bloques.PEPE MARÍN

"Si nos echan, dormiremos a la puerta del Ayuntamiento"

"¡Mirad cuántos delincuentes! ¿Creéis de verdad que todos estos padres de familia y sus hijos pueden hacer daño a alguien? ¡Lo que pasa es que son unos racistas porque no nos quieren aquí. Nosotros no hacemos daño a nadie!".

Uno de los ocupantes de las viviendas de los números 4, 6 y 8 de la avenida de Granada de Jun gritaba en la tarde de ayer desde su balcón a los periodistas que se congregaron ante los bloques ocupados, esperando el desalojo de la Guardia Civil. Algunos de los presuntos usurpadores o allanadores aseguraron que se sentían amenazados por la presencia de dos vehículos policiales y adoptaron una posición de víctimas ante la amenaza de desahucio.

"No hay derecho a que nos echen, y si lo hacen volveremos a entrar", profirió un hombre en la puerta del patio del inmueble. "Si los guardias nos expulsan, nos plantaremos en la puerta del Ayuntamiento con nuestros hijos, y no creo que nadie vaya a dejar durmiendo en la calle a niños pequeños, ¿no?", añadió.

Los recién llegados negaron que su entrada en los pisos respondiera a una acción organizada. "Nadie nos ha dicho nada. Alguien entró en uno y cuando se supo en el Polígono [del Almanjáyar] se corrió la voz. Nosotros vinimos porque nos dijeron que aquí había pisos vacíos", dijo otro hombre de unos 40 años.

Las amenazas con una pistola, denunciadas por el alcalde, son simplemente "mentiras", según las familias procedentes de ese barrio marginal. "Lo que tiene que hacer es sentarse con nosotros y negociar, porque nosotros estamos dispuestos a pagar un alquiler", aseguraron.

Las presuntas amenazas a los antiguos inquilinos para que se marcharan de sus casas también son falsedades, según los ocupantes. "Nosotros no les hemos hecho nada. Si decidieron marcharse porque se sentían incómodos o tenían miedo, ha sido una decisión personal", continuó el joven, que después añadió: "Nosotros sólo somos pobres; no tenemos culpa de nada".

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_