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Argentina se enfrenta a Uruguay por el papel

Buenos Aires critica la construcción de dos fábricas de pasta de celulosa en un río fronterizo

Jorge Marirrodriga

El papel sirve como soporte para rubricar las alianzas, pero en el caso de Argentina y Uruguay también puede ser la causa de su enfrentamiento. Y eso a pesar de las expectativas que produjo la llegada al poder en Montevideo de Tabaré Vázquez, quien coincide ideológicamente con el argentino Néstor Kirchner, que le respaldó abiertamente durante la campaña electoral que le llevó a la presidencia. La instalación de dos industrias papeleras (una de ellas española) en Uruguay, en un río fronterizo, ha provocado el primer roce con Buenos Aires.

La Administración argentina ve con reticencia la construcción de dos plantas de fabricación de pasta de celulosa, que algunos grupos ecologistas califican de muy contaminantes y además suponen una inversión directa en Uruguay de 1.700 millones de dólares y la creación de cientos de puestos de trabajo directos.

Los protagonistas indirectos de la tensión son la empresa española Ence y la finlandesa Metsa-Botnia, que pretenden afincarse en la localidad e Fray Bentos, a 310 kilómetros al norte de Montevideo y frente a la ciudad argentina de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos.

La firma española tiene previsto producir 400.000 toneladas de pasta de celulosa al año, mientras que la compañía finlandesa elevará esa cifra hasta un millón de toneladas. Las organizaciones ambientalistas aseguran que el método que se empleará en el proceso de fabricación es altamente contaminante y liberará a la atmósfera entre uno y tres kilos de dióxido de sulfuro por tonelada de pasta, lo que dañará gravemente el medio ambiente de la zona y, por ende, de todo el río, que desemboca en el río de La Plata.

La Embajada de Finlandia en Buenos Aires ha terciado en la polémica asegurando que "la protección del medio ambiente es una prioridad para Finlandia" y que "la industria de pulpa y papel de Finlandia utiliza los estándares más avanzados del mundo y cumplen con todos los requerimientos de la Unión Europea, dentro y fuera del país".

Éstas son las razones que esgrime el Ejecutivo de Kirchner para oponerse a la instalación de ambas empresas en Uruguay frente a la frontera argentina. Al contrario de lo ocurrido en otras diferencias internacionales, la Administración argentina ha medido cuidadosamente su lenguaje y oficialmente la cancillería argentina califica de "excelentes" sus relaciones con el Ejecutivo de Montevideo.

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Pero Buenos Aires ha filtrado a la prensa local su propósito de llevar el caso, si es necesario, ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

La protección del medio ambiente está recogida en la Constitución argentina, y el ministro de Exteriores, Rafael Bielsa, ya ha declarado que en el caso de que exista peligro de contaminación para su país está obligado a actuar.

En la otra orilla, Tabaré Vázquez, que heredó el proceso de su predecesor en la presidencia, Jorge Batlle, se ha mostrado decidido a seguir adelante con el proyecto. Sin embargo, ambas partes han accedido a crear una comisión técnica con representantes de ambos países que elaborará un informe sobre la posible contaminación que generarán las fábricas.

No obstante, el informe no será vinculante, y -aunque ambas partes, en un comunicado conjunto, han asegurado que los técnicos se reunirán "a la [mayor] brevedad"- tampoco hay fecha para que comiencen sus trabajos.

Desde el lado uruguayo se acusa a Argentina de tratar de interferir en el proyecto poniendo trabas incluso a la concesión de préstamos para la construcción de las plantas que, en principio, van a ser otorgados por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial mediante una carta enviada a dicho organismo expresando su "preocupación" por el proyecto.

La ayuda del Banco Mundial depende de un informe sobre el impacto ambiental del proyecto. Pero la instalación de las fábricas provoca recelos también en Uruguay, especialmente en la zona en la que serán construidas las instalaciones.

Las protestas han sido llevadas hasta la misma capital, Montevideo, donde cientos de personas se manifestaron ante el Parlamento contra el proyecto.

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Sobre la firma

Jorge Marirrodriga
Doctor en Comunicación por la Universidad San Pablo CEU y licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra. Tras ejercer en Italia y Bélgica en 1996 se incorporó a EL PAÍS. Ha sido enviado especial a Kosovo, Gaza, Irak y Afganistán. Entre 2004 y 2008 fue corresponsal en Buenos Aires. Desde 2014 es editorialista especializado internacional.

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