Londres publica una lista de motivos que 'justifican' la deportación de extranjeros

"Fomentar, justificar o glorificar la violencia terrorista", "intentar provocar actos terroristas" o "fomentar el odio que pueda desencadenar la violencia entre distintas comunidades del Reino Unido" serán comportamientos "inaceptables" que justifiquen la expulsión o denegación de entrada al país de aquéllos que de esta forma supongan una amenaza a la seguridad nacional. Así lo ha dado a conocer hoy el ministro británico del Interior, Charles Clarke, al publicar la lista de actitudes que explicarán una de las nuevas y más controvertidas medidas antiterroristas anunciadas recientemente por el Gobierno tras los atentados de julio.

Clarke ha insistido en que la intención del Gobierno no es la de "ahogar la libertad de expresión o el debate legítimo sobre las religiones u otros temas". No obstante, esta ley apunta directamente a numerosos imanes radicales y a extremistas religiosos instalados desde hace años en Londres.

Para llevar a cabo deportaciones, las autoridades británicas se enfrentan a un problema legal. La ley de Inmigración británica de 1971 autoriza a deportar extranjeros que constituyen una amenaza a la seguridad nacional. Sin embargo, Reino Unido es signatario de la Convención Europea de los Derechos Humanos, incorporada a la legislación en 1998, y de la Convención Internacional contra la Tortura, incorporada en 1988. Ambas prohíben cualquier deportación si existe el riesgo de que las personas sean torturadas en sus países de origen.

Para prevenir esto, el Reino Unido está intentando concluir acuerdos con diversos países para garantizar que los deportados serán tratados correctamente. El pasado 11 de agosto, Clarke hizo uso de sus poderes cuando los servicios de inmigración arrestaron a 10 extranjeros que "constituían una amenaza a la seguridad nacional", entre ellos Abu Qatada, el jefe espiritual de Al Qaeda en Europa.

Esta mañana, en una entrevista concedida a la radio de la BBC, el alcalde de Londres Ken Kivingstone mostró su preocupación ante un texto "demasiado rígido" que corre el riesto de prohibir toda libertad de expresión y todo derecho de crítica.