Una testigo afirma que la policía disparó 11 tiros a Menezes durante medio minuto

Los policías que mataron a Jean Charles de Menezes, de 27 años, la mañana del 22 de julio le estuvieron disparando durante 30 segundos, según declaró una periodista que viajaba en el vagón a miembros de la comisión independiente (IPCC en inglés) que investiga la muerte del brasileño. La periodista Sue Thomason, colaboradora de distintos medios, declaró que los disparos fueron efectuados en intervalos de tres segundos, según consta en un documento de la comisión al que ha tenido acceso el diario The Guardian.

Cuando oyó el primer tiro, Thomason huyó del vagón porque pensaba que se trataba de terroristas que atentaban contra los viajeros. Pero en su huida por los pasillos de la estación de Stockwell tuvo la frialdad suficiente como para contar el número de tiros que oía. La periodista declaró ante los funcionarios de la comisión que la interrogaron que había oído "10 u 11 disparos", cosa que aún no se había publicado en esa fecha. Al principio se pensaba que De Menezes había recibido siete balazos en la cabeza. Después trascendió que le propinaron uno más en el hombro y tres resultaron fallidos.

También se supo que uno de los agentes secretos que lo vigilaban lo agarró por el torso y un brazo justo antes de que lo mataran. Otro testigo declaró que una de las pistolas se encontraba sólo a 30 centímetros de la cabeza del electricista brasileño. De ser cierto todo lo revelado, Menezes murió inmovilizado y tiroteado durante 30 segundos.

La periodista envió un mensaje por Internet a la comisión independiente quejándose de que los dos investigadores que la habían entrevistado le enseñaron un mapa de la estación de Stockwell en el que los lugares clave donde sucedieron los hechos estaban trastocados. "Si la gente que investiga un asunto tan serio ni siquiera tiene el plano de la estación correcto para marcar dónde se encontraban los entrevistados, ¿entonces qué posibilidades tiene el resto del caso?", se preguntaba la periodista en el mensaje que envió a la comisión independiente.

Expulsión de Reino Unido

Por otra parte, Ken Livingstone, alcalde de Londres y destacado miembro del sector más izquierdista del partido gobernante, presentó ayer una campaña contra las medidas que el primer ministro, Tony Blair, pretende poner en marcha en los próximos meses para combatir el terrorismo. La campaña, promovida por 30 políticos e intelectuales progresistas, pretende convocar manifestaciones durante el próximo otoño para intentar que el Gobierno negocie con otros sectores de la sociedad su estrategia en la lucha contra el terrorismo.

Entre las medidas que ha anunciado el Gobierno destaca la de expulsar o excluir la entrada en Reino Unido a todos los que "fomenten, justifiquen o ensalcen" la violencia terrorista, ya sea mediante un discurso, un panfleto, una entrevista televisada o publicada en una página de Internet. La lista de "comportamientos inaceptables" que provocarán la expulsión ha sido publicada esta semana.

La lista ha provocado las críticas de organizaciones internacionales proderechos humanos y del propio relator especial sobre tortura para la ONU, Manfred Nowak, quien no se fía de las garantías civiles de países como Jordania, donde Reino Unido deportará a varios ciudadanos. "El hecho de que

[el Gobierno británico] esté buscando garantías demuestra que el país que pretende deportar percibe un serio riesgo de que el deportado sea objeto de tortura o maltrato al llegar al país de destino", declaró el relator especial de la ONU. A esas declaraciones respondió el ministro del Interior, Charles Clarke, diciendo que la ONU haría bien en preocuparse no sólo por los derechos humanos de los radicales y atender a los derechos de las posibles víctimas de atentados.

Ken el rojo, como se conoce en Reino Unido al alcalde de Londres, insistió ayer en que las propuestas del Gobierno "hubieran significado prohibir la entrada" en Reino Unido a Nelson Mandela y sus simpatizantes en tiempos del apartheid. En un comunicado que emitió ayer el grupo que encabeza Livingstone indicó que las propuestas del Gobierno pueden provocar "la criminalización o exclusión de gente cuya cooperación es indispensable para la policía en su lucha contra el terrorismo".