El Parlamento Europeo rechaza el proyecto más duro para controlar 'e-mails' y móviles

El Parlamento Europeo rechazó ayer el plan de cuatro Gobiernos comunitarios, entre ellos el británico, para controlar las comunicaciones electrónicas (e-mails) y con ello abrió las puertas a la iniciativa alternativa de la Comisión, más garantista y menos agresiva, avalada también por Londres, en este caso como presidencia de turno de la UE. En medios parlamentarios se valoraba ayer el clima de entendimiento existente entre la Eurocámara y Franco Frattini, comisario de Justicia, Libertad y Seguridad, lo que favorece sus planes de ver aprobada su propuesta de directiva (ley) para finales de año.

La Eurocámara aprobó ayer por amplia mayoría (había consenso entre todos los grupos) y a mano alzada el rechazo del plan de retención de datos presentado en abril por Francia, Irlanda, el Reino Unido y Suecia. Para los eurodiputados era una cuestión de principio: el proyecto de los cuatro Gobiernos iba mediante la decisión-marco, que limita la intervención parlamentaria a la simple consulta, sin carácter vinculante.

La propuesta se debatió antes del verano y entonces quedó claro que no iba a salir adelante. Se argumentó que era agresiva con la intimidad, que no era proporcional, que extendía demasiado en el tiempo (hasta tres años) el almacenamiento de datos y que obligaba a las compañías a correr con los gastos adicionales que la puesta en marcha del proyecto conllevara: para un proveedor de servicios de Internet importante el equivalente a almacenar cuatro millones de kilómetros de archivadores.

El pronunciamiento de ayer en Estrasburgo deja la vía expedita al proyecto de directiva aprobado la pasada semana por la Comisión, que se hace eco de las objeciones planteadas en el debate parlamentario de junio y que tiende la mano al Parlamento al ir mediante la codecisión, que da a la Eurocámara voz y voto sobre el texto.

La nueva propuesta concebida por Frattini define los datos a controlar, los considerados necesarios para la buena marcha de una investigación policial, y limita el periodo de su almacenamiento a los seis meses para las comunicaciones de correo electrónico y hasta un año para las telefónicas. Entre éstas se incluyen las llamadas perdidas, que resultaron clave en las pesquisas de los atentados del 11-M en Madrid y de julio en Londres. Frattini también accede a las demandas empresariales del sector y obliga a los Gobiernos a correr con los gastos extra.

Esta directiva sobre retención de datos irá acompañada de otra sobre protección de datos a presentar en octubre, un paquete que satisface a la Comisión de Libertades del Parlamento, que se muestra dispuesta a apoyar a Frattini. "Hay muy buen ambiente", resumía una fuente parlamentaria.

Peter Hustinx, supervisor europeo de protección de datos, elevó su opinión al Ejecutivo comunitario haciendo notar que no estaba convencido de la necesidad de la directiva de Frattini. Alertaba también de que "una propuesta legislativa que debilite la protección a la privacidad que tienen los ciudadanos de la UE no sólo es inaceptable sino que es ilegal".

Adoptando una posición realista, Hustinx reconocía que el Consejo (los Gobiernos de la UE) y el Parlamento pueden considerar que la directiva es imprescindible para luchar contra la delincuencia grave (terrorista o criminal), en cuyo caso fijaba límites a tener en cuenta: periodos máximos de retención de datos, que no excedan de los seis y 12 meses ya considerados; que se limite el número de datos a registrar y que se haga imposible el acceso al contenido de las comunicaciones; garantías de que sólo los investigadores autorizados tendrán acceso a los datos técnicos registrados: de dónde y adónde se hizo la llamada, cuándo, cómo, por qué medio, cuánto duró...; adecuadas infraestructuras de almacenamiento, y sometimiento de todo el proceso a las autoridades nacionales responsables de la protección de datos.

Un portavoz de Frattini indicó que todo era asumible porque todo estaba contemplado en el proyecto de directiva.