Presos de cinco cárceles salvadoreñas, en huelga de hambre
Reos de cinco prisiones salvadoreñas, entre ellas un centro de internamiento de menores de edad y un penal de máxima seguridad, llevan a cabo una huelga de hambre que el Gobierno califica de "simultánea" y posiblemente "manipulada" desde el exterior.
Esta huelga, que cumplió su segundo día consecutivo, se suma a otra protesta en el principal penal de El Salvador, La Esperanza, donde desde hace 25 días los reos se mantienen concentrados en una protesta y se niegan a entrar a las celdas y a cumplir los reglamentos disciplinarios.
La huelga de hambre se desarrolla en los penales de Chalatenango, Cojutepeque y Ciudad Barrios, así como en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca y en el centro de menores de Tonacatepeque, donde están recluidos unos 1.599 presuntos integrantes de las pandillas que en Centroamérica se conocen como maras, a las que el Gobierno culpa de la mayoría de los delitos y del 60% de los crímenes que se cometen en El Salvador. Los huelguistas mareros exigen mejorar el trato carcelario, que se respeten sus derechos, atención médica, flexibilidad en el régimen de visitas de familiares y la destitución de los directores de los penales. Las autoridades gubernamentales, como el ministro de Gobernación, René Figueroa, dijo que, si los presos no quieren comer, los alimentos serán enviados a orfanatos y a refugiados damnificados por las torrenciales lluvias que han afectado en los últimos días al territorio salvadoreño.
Mientras, en el penal La Esperanza los prisioneros mantienen su negativa a entrar en las celdas; prácticamente mantienen el control de la institución y no han permitido la salida de los reclusos que deben acudir diariamente a los tribunales. Las autoridades de seguridad se han limitado a la vigilancia periférica. Sin embargo, un familiar de un recluso puso de manifiesto la gravedad de la situación al explicar que los líderes de la protesta tienen una lista de unos 300 presos que serían asesinados si la policía intenta poner orden por la fuerza. El mismo familiar, que no quiso ser identificado, aseguró que cerca de 50 reos piden a las autoridades que les saquen de la cárcel porque se han negado a sumarse a la protesta y han sido amenazados de muerte.
Por su parte, la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Beatrice de Carrillo, dijo sentirse "alarmada, no sólo por la incapacidad demostrada por el Gobierno, sino por el abandono que ha hecho de sus obligaciones en lo referido al sistema penitenciario. En las cárceles puede ocurrir una masacre sin precedentes, pero las autoridades no le están dando absolutamente ninguna importancia y además no quieren sentarse a dialogar con los presos".
En El Salvador, la población penitenciaria de adultos es de 12.000 personas, pero las instalaciones únicamente tienen capacidad para 7.000. Del total de reos, el 32% corresponde a supuestos miembros de maras, a las que el Gobierno concede el trato de bandas criminales y no de simples pandillas juveniles.
