La celebración del juicio bajo la ocupación de EE UU genera dudas sobre su legitimidad

Sadam Husein y su abogado contestaron ayer la legalidad del tribunal que le juzga. Era de esperar, pero no son los únicos. Juristas de orígenes diversos han expresado su preocupación por la carga política del juicio. Muchos dudan de que un tribunal establecido bajo la ocupación pueda celebrar un juicio justo contra el ex dictador. El debate es especialmente arduo en el mundo árabe, donde la opinión pública se encuentra dividida entre la admiración que profesa al líder que plantó cara a Estados Unidos y el odio a la figura del dictador que, con otros nombres, padecen los árabes fuera de Irak.

"La presencia de un líder árabe ante un tribunal va a ayudar al desarrollo de nuestra cultura política", defiende Nabil Abdelfattah, investigador del Centro de Estudios Políticos y Estratégicos Al Ahram. Sin embargo, Abdelfattah reconoce que "la ocupación de Estados Unidos y el nuevo régimen que llegó montado sobre sus misiles no son el mejor ejemplo de proceso democrático". Eso, en su opinión, da lugar a percepciones erróneas.

En las calles de El Cairo, la indiferencia por el juicio se mezcla con la convicción de que la sentencia ya está dictada. "Era un dictador", coinciden varios jóvenes, que aun así dudan sobre el proceso.

Existe la certeza de que EE UU desea un juicio rápido por dos razones. La primera porque si, como parece previsible, Sadam resulta condenado por crímenes contra la humanidad, esa sentencia servirá a la Administración de Bush de justificación a posteriori de su controvertida invasión de Irak. Y, en segundo lugar, porque eso evitará que se entre en detalles sobre las pasadas relaciones de Washington con Bagdad. Muchos árabes se preguntan dónde estaban los defensores de los derechos humanos en 1982, cuando se cometió la matanza de Al Dujail, o en 1988, en el ataque con gas a los kurdos de Halabya.

Además, Abdelfattah está convencido de que "el nuevo Gobierno iraquí está usando el juicio como una carta política, y eso no es propio de un juicio serio". La tentación es muy grande. Entre las comunidades chií y kurda, que sufrieron las mayores atrocidades durante los 24 años de dictadura baazista, el juicio resulta catártico. Para ellos, sólo la pena de muerte sería inaceptable. "Se merecería que le colgaran 20 veces al día", manifestó la semana pasada el presidente iraquí, Yalal Talabani, a pesar de ser un declarado opositor a la pena de muerte.

Y ahí viene la segunda objeción, expresada sobre todo por las organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch (HRW). No existe la posibilidad de que ninguna autoridad pueda conmutar la pena de muerte. Es cierto que Sadam podrá recurrir al Tribunal de Apelación (formado por nueve jueces), pero, una vez que la sentencia sea confirmada, la ley iraquí establece que debe ejecutarse en el plazo de 30 días.

Imputados sin pruebas

HRW encuentra preocupante que los acusados puedan ser imputados "si las pruebas satisfacen al juez". Según explicó ayer desde Bagdad el jefe de su equipo de observadores, Richard Dicker, eso "queda muy lejos de la norma internacional de probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable". Para la minoría árabe suní, que vive el proceso como una verdadera caza de brujas, se agrava además ante el hecho de que el juez instructor es un chií y el presidente del tribunal, un kurdo.

Otra objeción de HRW tiene que ver con la inadecuada protección del acusado para organizar su defensa en condiciones similares a la acusación. El abogado de Sadam, Jalil al Duleimi, que sólo ha dispuesto de 45 días para revisar las pruebas, se quejó ayer de este extremo. Al Duleimi pidió sin éxito al tribunal un aplazamiento de tres meses y la posibilidad de prepararse en el extranjero, como los jueces y los fiscales. EE UU ha destinado 125 millones de dólares (105 millones de euros) al establecimiento del Tribunal Especial y la formación de sus magistrados.

Las organizaciones humanitarias cuestionaron también en su día su jurisdicción por considerar que hubiera sido más adecuado un tribunal internacional, al estilo del que se estableció para la antigua Yugoslavia. (No había posibilidad de remitir el caso al Tribunal Penal Internacional, porque entró en funcionamiento en 2002 y no es competente en crímenes anteriores a esa fecha). Sin embargo, se impuso el deseo estadounidense -ayudado por el orgullo nacionalista iraquí- de que debía ser un tribunal local. A pesar de su carácter iraquí, ayer fueron militares de EE UU quienes decidieron qué observadores y periodistas podían acceder al juicio.

El problema, por último, es que un juicio de estas características, más allá de terminar condenando al dictador de turno, tiene que revelar la verdad de lo que sucedió. El juicio a Sadam debería ayudar a que los iraquíes descubran su pasado inmediato, a que los suníes comprendan lo que han sufrido los chiíes y los kurdos, y éstos a su vez se den cuenta de que también muchos suníes fueron víctimas. Únicamente así será posible una posterior reconciliación. Sin embargo, un juicio rápido sería percibido como "la justicia de los vencedores".