_
_
_
_
_
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

La gangrena

Terrorismo y antiterrorismo forman una torva pareja que es el centro de imputación de la continua degradación actual del Estado de derecho y de la incontrolable desbandada de los derechos humanos. Este doble proceso se traduce en una grave deslegitimación de la democracia. El fenómeno ocurre, además, en el contexto de la postguerra fría en el que a las grandes confrontaciones bélicas han sucedido una serie inacabable de conflictos fratricidas y de guerras civiles que han asolado regiones enteras -los Balcanes, el Cáucaso, una parte de África Occidental, los Grandes Lagos africanos etc.- convirtiendo a sus poblaciones civiles en el primer objetivo militar.

En la I Guerra Mundial, como nos recuerda el Boletín mensual de Diciembre de Amnistía Internacional, las víctimas civiles no llegaban al 20% de la pérdida en vidas humanas; el porcentaje asciende al 50% en la Guerra de 1939-1945, y hoy en el conjunto de guerras a que me estoy refiriendo superan el 80%. Hoy los muertos no son tanto los soldados caídos en los frentes de batalla como los civiles masacrados en sus casas, pueblos y ciudades, las víctimas de los atentados y genocidios. Todo ello ha llevado a una modificación de las pautas referenciales de la lógica y la moral de los enfrentamientos bélicos que convertidos en ejercicio de barbarie reclaman de sus actores -Estados, etnias, comunidades- un nuevo código de conducta ético-democrática, un nuevo marco jurídico internacional.

Ahora bien, los únicos que pueden promover ese cambio son los Estados que, en un mundo unipolar como el nuestro son impotentes, y están totalmente en manos de los EE UU que después del 11-S han dividido el mundo en dos campos: el civilizado y el bárbaro. El criminal de guerra, el terrorista, el Estado irresponsable pertenecen a la segunda categoría y personifican lo que Bush llama el Eje del Mal con su contabilidad siniestra irreducible recurriendo al derecho penal internacional. Para hacerle frente hay que utilizar medios incompatibles con cualquier orden jurídico occidental y con las prácticas democráticas. Ese difícil equilibrio de la acción antiterrorista entre "el trabajo en la sombra" y el respeto a las reglas democráticas, lo ha resuelto Norteamérica exportando todos los comportamientos represivos transgresores de la legalidad democrático-occidental, y negándose a aceptar la competencia de las instancias internacionales para juzgar las acciones de los súbditos norteamericanos. Todo ello ha permitido una aceptación de hecho de la tortura, incorporada con naturalidad al arsenal de armas contra el terrorismo con la bendición de Alberto Gonzales, secretario estadounidense de Justicia, que la redefine, para hacerla más aceptable, como "la violencia hecha a los prisioneros siempre que la misma no afecte irremediablemente a su integridad física". Guantánamo, el Presidio de Bagram en Afganistán, las cárceles de Irak con la de Abu Ghraib como emblema, son los datos de una siniestra geografía de la humillación y el suplicio a que los EE UU han consagrado a una de sus más aguerridas élites: el batallón 519 de información militar.

La realidad de la tortura americana, más o menos conocida antes, ha estallado ante la opinión pública mundial con el descubrimiento de los vuelos secretos de la CIA y de su red de cárceles negras, fuera de los EE UU para allí interrogar sin limitación alguna a los sospechosos de terrorismo. Amnistía Internacional, Human Rights Wacht, la Cruz Roja Internacional han entrado con decisión en el tema, acompañados de los medios de comunicación, The Washington Post muy en primer lugar, denunciando las prisiones clandestinas de la CIA y sus localizaciones.

El senador norteamericano John McCain ha debatido sobre este tema con el vicepresidente Richard Cheney defensor de la CIA, arguyendo que como sostiene Louise Harbour, Alto Comisario de la ONU para los Derechos Humanos, las cárceles secretas son en sí mismas formas de tortura. Para el senador Dick Marty, comisionado por el Consejo de Europa para investigar esta cuestión, la existencia de 31 vuelos para operar extraordinary renditions constituye un comportamiento bochornoso para sus organizadores y para aquellos países que habiendo tenido conocimiento de los mismos, no los han denunciado. Las prácticas de los agujeros negros está gangrenando Europa -Polonia, Rumania-. ¿Hasta cuándo?

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Suscríbete

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_