La muerte de la cohesión en la Unión Europea
En los prolegómenos de un turbulento debate presupuestario en la Cumbre Europea, sigo teniendo la impresión de que no acertamos a valorar lo que realmente está en juego. La cohesión es un pilar básico de la construcción europea, además de la denominación de un tipo de fondos que se acordaron para los países menos desarrollados en las perspectivas financieras de 1992. El Tratado de Maastricht así lo recoge.
Todavía recuerdo las dificultades que nos creó la desgraciada irrupción del entonces líder de la oposición, señor Aznar, cuando estábamos debatiendo las perspectivas presupuestarias de la Unión Europea, incluidos los fondos estructurales y los de cohesión. Aquella incomprensible descalificación del esfuerzo negociador del equipo gubernamental -"son unos pedigüeños", decía- contrasta con las alharacas de desmemoriados con que acusan al Gobierno actual de no defender los intereses de España.
Unos años después, gobernando el PP, pasé por Bruselas cuando se estaban discutiendo las nuevas perspectivas financieras y el Gobierno, a la defensiva y sin argumentos serios, intentaba salvar los muebles de lo que había menospreciado en aquella ocasión. Los periodistas me preguntaron si, a mi juicio, el Gobierno del Sr. Aznar tenía razón en sus posiciones de defensa de los fondos estructurales y de cohesión amenazados por la ampliación. Respondí entonces, sin devolver aquella agresión que había recibido en el año 1992, que, en efecto, tenían razón nuestros gobernantes aunque no sabían por qué, lo que hacía difícil obtener resultados justos.
Pasa el tiempo y los gobiernos cambian. De nuevo los socialistas están al frente de la tarea en una situación europea nada favorable para un debate serio sobre las políticas presupuestarias de la Unión a 25 países. Acosados por la crisis persistente de crecimiento en algunos países clave, desconcertados por la respuesta ciudadana al Tratado Constitucional y temerosos de las exigibles políticas de cohesión de los 10 nuevos socios, ¿cómo hablar de presupuestos que respeten la cohesión?
Lo ideal, también lo decían los gobernantes del PP cuando se discutía del reparto de los fondos, es que nuestro país, más allá de las batallas partidistas interesadas, estuviera en situación de ser uno de los contribuyentes netos a la Unión, porque eso significaría que nuestra convergencia con el resto de Europa habría sido exitosa hasta el extremo de pasar de la fila de los receptores de ayuda a la de los que no la necesitan o, más aún, de los que están obligados a darla. Digo obligados porque la Unión Europea con todos sus Estados miembros tiene que asumir el paquete de derechos y obligaciones que se deriva de los Tratados.
No puedo, ni quiero, afirmar que estemos en esa situación en nuestro nivel de convergencia porque a los efectos del razonamiento que me gustaría ofrecerles es la consecuencia no la causa. Pero me extraña que el argumento que llevamos oyendo varios años se mantenga sin la réplica adecuada.
España, se nos dice, perderá los fondos -o gran parte de ellos- porque éstos se destinarán a los nuevos países de la Unión con niveles de riqueza inferiores a los nuestros. Sin duda tienen derecho a recibir las ayudas previstas en los tratados. Pero lo extraño de esta aproximación es que los países con más nivel de renta -incluida Gran Bretaña y su anómalo cheque- pretenden seguir aportando lo mismo al presupuesto de la Unión Europea. Lo que ocurrirá, sustancialmente, es que lo que antes destinaban a la Península Ibérica, por ejemplo, ahora lo destinarán a los países de la ampliación.
Como todo presupuesto, el de la Unión se nutre de las aportaciones que corresponden a cada socio y se reparte entre todos con criterios redistributivos para cumplir con la obligación establecida de facilitar la cohesión entre los miembros. Con el planteamiento actual, los más ricos de entre los 15 antiguos miembros aportan lo mismo y los menos ricos de ese grupo reciben menos para pasar la diferencia a los nuevos socios -los 10 países de la ampliación-. O sea, la financiación de la cohesión para los más pobres de la Unión a 25 saldría de los que tienen menos nivel de renta del grupo de los antiguos socios. Los menos desarrollados de ayer ayudan a los aún menos desarrollados de hoy, en tanto los más desarrollados de antes y de ahora se quedan como estaban.
Esto, si termina así, es una barbaridad, independientemente del porcentaje sobre el Producto Interno Bruto de la Unión Europea que se decida como base del Presupuesto. Es decir, al margen de que se fije el 1% o el 1,2% o el doble del PIB como límite de ingresos y de gastos. Pero además de ser una barbaridad, es un incumplimiento flagrante del Tratado de la Unión Europea que fija la cohesión como unos de los pilares constitutivos de la Unión. Incluso fija la obligación de analizar la política de gastos en función del impacto sobre el desarrollo de los socios con criterios de cohesión. Así se decidió en Maastricht y así se firmó y ratificó por todos los socios. Los viejos socios, entonces, y los nuevos cuando firmaron sus Tratados de Adhesión.
¿Cómo hacer cumplir ese Tratado que nos obliga a todos?
De una vez por todas podríamos abandonar las acusaciones de unos contra otros, entre los países y en cada país, y disponernos a hacer un ejercicio pendiente: revisar la política de ingresos de la Unión para que cada país aporte lo que le corresponda en función de su producto por habitante. Esta política de ingresos podría ser proporcional, sin ninguna progresividad, como los diezmos bíblicos. Es decir, los ingresos no se regirían por criterios de progresividad y por tanto no cumplirían con el pilar básico de la cohesión.
A partir de este ejercicio se pueden discutir con más consistencia las políticas de gasto de la Unión, aplicando criterios de cohesión -progresividad- en cumplimiento del mandato del Tratado de Maastricht. Una vez hecho este esfuerzo de transparencia a nadie debería importarle cuánto le toca aportar y cuánto recibir, sea cual sea el resultado. El anómalo cheque británico hay que tratarlo aparte, evaluando, para todos, los diferentes gastos para que no haya desequilibrios que alteren la cohesión.Pero imaginemos que este ejercicio de revisión de ingresos está vedado por intereses más o menos confesables. Para evitar lo que llamo una barbaridad, además de un incumplimiento de los tratados, podríamos dar un paso intermedio del que difícilmente se quejaría el que no quisiera revisar los ingresos. Dejemos el presupuesto tal como está a 15, con los mismos ingresos y gastos, y añadamos a este presupuesto la financiación neta necesaria para aplicar los criterios de cohesión del Tratado de la Unión a los nuevos socios. Estos países recibirían fondos del conjunto de los antiguos socios, sin excepción, de acuerdo con la riqueza por habitante de cada uno.
Prefiero el primer ejercicio, porque tarde o temprano debemos llegar a él y porque es más claro para los ciudadanos de todos nuestros países, pero el segundo evitaría también parte del efecto perverso de las propuestas actuales: que los menos desarrollados a 15 sean los que paguen la cohesión a la que tienen derecho los 10 nuevos miembros.
¿Por qué decía que no podía, ni quería, afirmar de antemano que tenemos que recibir más de lo que aportamos o lo contrario? Porque lo que me importa es el razonamiento y, tras el razonamiento, el proceso de construcción europea en el que nos jugamos tantas cosas en esta era de la globalización. Aclaradas las cuentas, sea cual sea el resultado, mejor si resultamos contribuyentes netos, porque eso querrá decir que hemos avanzado seriamente desde aquellos momentos en que nos descalificaban como pedigüeños hasta igualar o superar la media de nuestros antiguos socios.
En cualquiera de los supuestos no nos podemos sumar a los países europeos que, olvidando las obligaciones del Tratado de la Unión, maltratan a los nuevos socios negándoles lo que son sus derechos como miembros. Esto no es sostenible porque hiere de muerte la cohesión como uno de los pilares básicos de la construcción europea.
Otra cosa supone reflexionar sobre las claves de la cohesión en la era de la revolución tecnológica para cambiar nuestra política de gastos. Nos la jugamos más en los avances en I+D+i como elementos clave para competir en la economía globalizada que en las actuales políticas de solidaridad.
Felipe González es ex presidente del Gobierno.
