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El registro central de maltratadores 'ficha' a 90.000 hombres en dos años

Los jueces han dictado 55.000 órdenes de protección por violencia doméstica en 25 meses

Cerca de 100.000 personas -el 90,5%, hombres- han sido inscritas como supuestas maltratadoras en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, según el Ministerio de Justicia. Esta base de datos, creada el año pasado, recoge las denuncias por violencia familiar admitidas a trámite desde que, en agosto de 2003, se puso en marcha la orden de protección contra la violencia doméstica. En el registro se contabilizan 55.138 órdenes de protección concedidas, 5.732 denegadas y un total de 94.669 denuncias admitidas en dos años.

Más información
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El Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, creado el año pasado a fin de mejorar la información de jueces, fiscales y Policía Judicial para enfrentarse a las denuncias por maltratado (en el ámbito familiar y de pareja) y proteger más a las víctimas, incluye todas las denuncias admitidas a trámite y las órdenes de protección dictadas o denegadas. El registro contiene además los datos personales del agresor (condenado o aún sin juzgar) y de la persona agredida.

Según el Ministerio de Justicia, encargado de esta base de datos, en ella se ha inscrito a un total de 98.749 personas denunciadas por maltrato desde agosto de 2003 hasta ayer. El 90,5% de los registrados como maltratadores son hombres (89.338). De ellos, el 76,2% son españoles (68.023), y el resto, extranjeros (21.315, el 23,8%). De las 9.411 mujeres incluidas, 7.373 son españolas (78,4%), y 2.038, extranjeras (21,6% ). En ese departamento matizan que, si bien se ha registrado casi a 100.000 personas como maltratadoras por las denuncias presentadas en poco más de dos años, no puede decirse que todas lo sean, ya que muchos casos están aún sin juzgar.

Los datos personales de los denunciados por maltrato deben retirarse del registro cuando la denuncia dé lugar a una sentencia absolutoria o se archive definitivamente. El ministerio no puede precisar aún la cifra exacta de inscripciones canceladas por este motivo, pero calcula que pueden ser varios centenares. En caso de condena en firme, la inscripción debe cancelarse cuando prescriban los antecedentes (por el cumplimiento de la pena y del plazo de tiempo necesario para la cancelación de la condena).

El registro incluye datos desde que en agosto de 2003 entró en vigor la orden de protección a las víctimas de la violencia doméstica (permite a los jueces dictar medidas cautelares urgentes penales, como el alejamiento, y civiles, por ejemplo, la custodia de los hijos, para proteger a las personas agredidas en el ámbito familiar o sentimental). La base de datos se creó casi un año después. Se alimenta con la información que los juzgados están obligados a enviar. Las cifras de las denuncias que incluye el registro se refieren sólo a las admitidas a trámite y son inferiores a las que reflejan otras fuentes.

En la base de datos de Justicia constan 4.388 denuncias entre agosto y diciembre de 2003, periodo para el que figuran inscritos 4.523 agresores.

En ascenso

Para el año 2004 figuran anotadas en el registro 47.161 denuncias admitidas por violencia doméstica (ese año se presentaron 67.045 sólo en el ámbito de la pareja, según el Interior, y 99.111 en todo el ámbito familiar, a tenor de los datos del Consejo General del Poder Judicial). En la base de datos de Justicia se registraron los datos de 49.223 personas denunciadas por maltrato en 2004. En los ocho primeros meses del presente año se han alcanzado cifras que casi son equiparables a las de todo el año pasado: 43.120 denuncias y 45.003 maltratadores inscritos.

El Registro Central para la Protección de las Víctimas también incluye datos sobre las órdenes de protección, que los jueces pueden dictar en un plazo máximo de 72 horas tras recibir la denuncia. Según Justicia, entre agosto de 2003 y el día de ayer se han concedido 55.138 órdenes de protección y se han denegado 5.732 (9,4%) en ese lapso. Estas cifras son inferiores a las que maneja el Poder Judicial.

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