Las claves de la protesta

La Ley Orgánica de Educación (LOE) es una ley entre dos leyes. Mantiene la organización escolar y muchas de las grandes medidas educativas que introdujo en 1990 la LOGSE -que, por cierto, es la ley que sigue en vigor, con algunas modificaciones-, e incorpora algunos puntos de la Ley de Calidad que aprobó el PP antes de perder el Gobierno, y que no llegó a desarrollarse del todo. Algunas de las novedades de la LOE son la pólvora de la manifestación que ha convocado mañana en Madrid la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa). A ella se han sumado la Iglesia, el PP y numerosas organizaciones conservadoras.

- Pública o privada. La doble red de colegios vuelve a ser la clave del conflicto. La red concertada representa el 26% de la educación obligatoria, y más del 70% de sus centros son religiosos. Estos atienden a más de un millón y medio de alumnos. La nueva ley considera la educación como un servicio público y entiende que todos los centros, concertados y públicos, deben estar sujetos a las mismas exigencias de escolarización de alumnos. Por tanto, todos deberán tener plazas disponibles para atender esta demanda y serán las administraciones las que armonicen la oferta y la demanda de plazas. Los que se manifestarán mañana entienden que eso es un ataque a la libertad que tienen los padres para elegir centro de enseñanza y defienden el derecho de los centros a programar la admisión de alumnos ajustándose a la demanda.

La ley impide a los centros concertados cobrar cuotas y recibir aportaciones de asociaciones o fundaciones

La asignatura de Religión no cambia. Es de oferta obligada en los centros y voluntaria para los alumnos

Las Administraciones decidirán qué proporción de inmigrantes debe ir a la escuela pública y a la concertada

- Admisión de alumnos. Este punto es problemático por dos motivos. En algunas grandes ciudades los colegios concertados tienen más demanda de plazas de las que pueden atender. Por eso la Iglesia pide que se les deje ampliar conciertos, es decir, que el Estado financie con dinero público los nuevos colegios o aulas que ellos están dispuestos a abrir para atender esta demanda. Pero la ley deja eso en manos de las autonomías, y muchas de ellas no están por la labor de ampliar los conciertos mientras haya plazas libres en las escuelas públicas.

En segundo lugar está el problema de los alumnos que se incorporan una vez iniciado el curso, los inmigrantes. Por lo general, son chicos que requieren una atención especial. Más del 70% de ellos acaban matriculados en la escuela pública porque la concertada agota sus plazas al inicio del curso. La nueva ley establece comisiones de escolarización que se encargarán de velar por que se cumpla la ley en el proceso de admisión y, de nuevo, será la Administración quien decida qué porcentaje de alumnos inmigrantes deben ser escolarizados en la pública y en la concertada organizando la reserva de plazas convenientes para el curso. Unos ven en esto un extra de transparencia en el proceso, y otros creen que es una injerencia en la libertad de los padres para elegir centro educativo.

- Gratuidad. La ley impide a los centros concertados, financiados con fondos públicos, cobrar a las familias una cuota por su pertenencia a fundaciones o asociaciones, un método tradicional en estos colegios para recaudar fondos. Lo explican diciendo que no es suficiente con lo que les da el Estado, porque no les han ido actualizando los pagos con el incremento anual del IPC. Calculan que en una década han perdido un 17% de poder adquisitivo. El Gobierno firmó ayer un acuerdo con los sindicatos de la enseñanza concertada para mejorar las condiciones de los conciertos educativos. El principal sindicato de la concertada, la FSIE, no irá a la manifestación.

- Contenidos comunes para todos. La nueva ley dice: "Los aspectos básicos del currículo no requerirán más del 55% de los horarios escolares para las comunidades que tengan lengua cooficial, ni del 65% para aquellas que no la tengan". El Gobierno se ha comprometido a fijar exactamente el 65% (o el 55% en su caso) de los contenidos comunes que han de estudiar todos los niños, pero los manifestantes preferirían que el texto no fuera "ambiguo" sino que dijera claramente que ningún gobierno podrá fijar menos de eso.

- Repetición de curso. La LOE deja a las comunidades autónomas la posibilidad de que decidan si sus alumnos aprueban o suspenden curso cuando hayan suspendido tres asignaturas. La ley dice que si suspenden dos pasan de curso y, si son cuatro, repiten siempre.

- Educación para la ciudadanía. Es una nueva asignatura que se estudiará en uno de los tres primeros cursos de la secundaria y en otro de la primaria. En esta asignatura se "prestará especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres". Los convocantes de la manifestación consideran que no es necesaria y, que les suena, dice el presidente de la Confederación Católica de padres de alumnos, Luis Carbonel, a "la formación del espíritu nacional".