El Consejo Audiovisual de Cataluña tendrá potestad para suspender las emisiones

El Parlamento catalán aprobó ayer, con el apoyo de todos los grupos salvo el PP, la Ley Audiovisual de Cataluña. La norma otorga al Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), un organismo elegido por la Cámara catalana, potestad sancionadora sobre los operadores de radio y televisión. Las infracciones definidas como "muy graves" se sancionarán con multas de hasta 300.000 euros y con la suspensión de la emisión "por un máximo de tres meses". El CAC tiene previsto hacer público hoy un informe sobre si algunos contenidos de la Cope vulneran la Constitución.

En los casos en que se decida suspender temporalmente una emisión de televisión, el operador estará obligado a difundir "una imagen permanente en negro" que ocupará toda la pantalla. Sin emitir ningún sonido, el canal contendrá un texto en blanco, indicando que se le ha suspendido la licencia. El CAC -que preside Josep Maria Carbonell- también podrá acordar el cese definitivo de las emisiones en diversos supuestos. Por ejemplo, si en un año se cometen dos infracciones consideradas muy graves.

El texto aprobado por la cámara catalana contempla cinco tipos de infracciones "muy graves": emitir sin licencia, incumplir las obligaciones sobre protección de la infancia y de la juventud, difundir publicidad subliminal, obstruir la actividad inspectora e incumplir los "principios básicos" de la ley. Entre estos principios se cuenta la obligación de los medios de comunicación de difundir información veraz: "La que se fundamente en hechos que se pueden someter a una comprobación diligente, profesional y fidedigna".

La ley obliga, además, a distinguir claramente las informaciones de las opiniones y exige la no incitación al odio. También contempla como esencial el "respeto y protección" de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución española.

Se da la circunstancia de que, hace dos meses, el CAC anunció un informe para comprobar si la información difundida por la cadena Cope vulnera la Constitución, y en concreto el artículo 20, que regula la libertad de expresión. Los resultados del estudio se darán a conocer hoy. Si se confirman las sospechas del CAC, eventualmente sería la Generalitat y no el consejo audiovisual -ya que la ley todavía no habrá entrado en vigor- la encargada de sancionar a la emisora de la Conferencia Episcopal.

La nueva ley autonómica es la primera que regula de forma integral el sector audiovisual en Cataluña, hasta ahora disperso en normativas parciales. El CAC, cuyos representantes son elegidos por el Parlamento autónomo, gana relevancia y sustituirá al Gobierno catalán en diversas funciones. Por ejemplo, el informe del consejo será vinculante a la hora de conceder las licencias de radio y televisión, aunque la Generalitat conservará su potestad en la regulación del espacio radioeléctrico.

De esta forma, el CAC tendrá la llave en la concesión de los nuevos canales locales de Televisión Digital Terrestre, así como en la próxima renovación de las licencias de radio. Además, si se produce un cambio en la estructura accionarial de un medio de comunicación, se requerirá la autorización previa del Consejo Audiovisual.

En cuanto a los medios de comunicación de titularidad pública -TV-3 y Catalunya Ràdio, entre otros-, la ley establece un sistema de financiación mixto: una parte de los ingresos procederá de la Generalitat y, la otra, de la publicidad. En la televisión autonómica, la publicidad se limita a 12 minutos por hora de emisión. Además, se prohíben las interrupciones publicitarias en películas que duren menos de 90 minutos.

La Ley del Audiovisual fue aprobada con el respaldo de 120 de los 135 diputados de la cámara catalana. Durante el transcurso del debate en el pleno, el PP cambió por sorpresa la orientación de su voto. Hasta ayer, defendía sólo enmiendas parciales e incluso votó favorablemente el dictamen en comisión.

Consenso roto

El diputado popular Santiago Rodríguez justificó el voto negativo de su formación al "dudar" de que una institución que no sea un tribunal de justicia "pueda pronunciarse sobre aspectos que son eminentemente objetivos", como por ejemplo la consideración de "infracción muy grave". Rodríguez argumentó que la ley "no garantiza suficientemente la pluralidad lingüística y religiosa" y se opuso a que el CAC pueda emitir informes negativos respecto a la "veracidad" de la información de los medios.

La postura del PP provocó la respuesta airada del resto de partidos. CiU y los grupos del Gobierno tripartito (PSC, ERC e ICV) criticaron a los populares por "plegarse a los dictados del PP estatal y de la Cope" y les acusaron de "buscar la confrontación y no el consenso".