Los escándalos urbanísticos

Alcaldes valencianos planean urbanizar casi 200 millones de metros cuadrados

La Generalitat recibe solicitudes para recalificar una superficie como el doble de Barcelona

Valencia - 26 oct 2006 - 00:00CEST

La mesa del consejero de Territorio de la Generalitat valenciana acumula solicitudes municipales para reclasificar 194,5 millones de metros cuadrados de suelo que actualmente están fuera de ordenación. Una superficie que equivale al doble de la que ocupa la ciudad de Barcelona, que tiene una extensión de 100 kilómetros cuadrados. De los 542 ayuntamientos valencianos, 123 aspiran a recalificar de suelo rústico a urbanizable 67,2 millones de metros cuadrados en la provincia de Valencia, 68 millones en la de Castellón y otros 59,3 millones en la de Alicante.

Las peticiones para reclasificar suelo se han multiplicado por cuatro en el último año

La fiebre urbanizadora se disparó cuando la ley declaró todo el suelo urbanizable, en 1998

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No somos iguales

El actual responsable de Territorio del Gobierno, Esteban González Pons, asumió su responsabilidad el pasado mes de junio y apenas ha movido ficha desde entonces. La consejería sólo ha dado curso a un Plan de Actuación Integrada (PAI), el de Porxinos, que promueve Juan Soler, presidente del Valencia CF, sobre 1,6 millones de metros cuadrados en el término municipal de Riba-roja, a una veintena de kilómetros de la capital. El proyecto prevé levantar una ciudad deportiva para el club de fútbol y una ciudad residencial paralela cuyos beneficios permitirían paliar la actual deuda del club, según avanzó hace meses el propio Soler.

Plan de Porxinos al margen, fuentes de la Consejería de Territorio se muestran muy contundentes a la hora de afirmar que ni de lejos se aprobará el 50% de los 194 millones de metros cuadrados que se pretenden reclasificar y limitan la luz verde al 30% o "como mucho" el 40% de los proyectos presentados. Los promotores no levantarán dos nuevas barcelonas sobre suelo rústico de la comunidad.

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¿Cuál es el origen de esa fiebre promotora? Rafael Blasco, predecesor de González Pons, fue el artífice en apenas tres años de todo un nuevo cuerpo legislativo relativo al territorio, su urbanización, incluso su paisaje, que hay quien considera, sobre el papel, avanzado, incluso restrictivo. Pero sólo sobre el papel. De hecho, su gestión ha sido muy cuestionada por el Parlamento Europeo, que llegó a solicitar, a finales de 2005 una moratoria urbanística en toda la Comunidad Valenciana que parara la reclasificación de terrenos rústicos y las "expropiaciones leoninas" de parcelas privadas en aras del supuesto valor superior de la correcta urbanización.

El denominado Informe Fortou atacaba la raíz de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), aprobada por las Cortes valencianas en 1994 con mayoría absoluta de los socialistas. La LRAU consagró al agente urbanizador, una figura jurídica que abría la posibilidad de promover y urbanizar suelo al margen de la propiedad y que se instituyó con la voluntad de combatir a los especuladores. Los propietarios de suelo que congelaban sus solares urbanizables mientras su valor se multiplicaba se vieron desbordados por promotores, constructores y nuevos urbanizadores. La figura fue eficaz en esta comunidad mientras se colmaron las previsiones de los planes generales de ordenación urbana que, en su inmensa mayoría, se aprobaron a lo largo de la década de los 80. Pero cuando el primer Gobierno de José María Aznar aprobó en 1998 una ley que declaró todo el suelo urbanizable, el agente urbanizador cobró una dimensión desconocida.

La paralela ausencia de un reglamento de gestión de la primitiva LRAU, un reglamento que ningún Gobierno del PP, que ocupa la Generalitat Valenciana desde 1995, se preocupó de desarrollar, otorgó una discrecionalidad a los gobiernos municipales sobre la gestión del suelo que abrió la espita a la depredación del territorio.

"La tramitación de un PAI se puede arrastrar unos cinco años", según un técnico de la Federación de Promotores Inmobiliarios de la Comunidad Valenciana, que apunta dos espoletas de la actual explosión urbanizadora: los planes municipales de ordenación urbana se agotan y la inmensa mayoría de los PAI que plantean reclasificar terreno arrancan a partir de 1998.

Las dudas de la Unión Europea sobre la legislación valenciana, en tercer lugar, habrían precipitado la tramitación de proyectos urbanos para evitar posibles moratorias. De hecho, el pasado mes de diciembre, el anterior consejero de Territorio aseguraba tener sobre la mesa solicitudes de reclasificación de suelo para urbanizar 55 millones de metros cuadrados de terreno rústico, una cantidad que se han multiplicado casi por cuatro desde entonces.

El entonces consejero también aseguraba que había autorizado la transformación de rústico en urbanizable de 20,6 millones de metros cuadrados, la quinta parte de la ciudad de Barcelona, desde el inicio de la presente legislatura autonómica, en junio de 2003.

El actual frenazo a la tramitación de proyectos urbanísticos ha provocado un natural recelo entre los promotores inmobiliarios valencianos. Benjamín Muñoz, secretario y portavoz de la patronal autonómica, comenta: "Sólo pedimos reglas de juego claras, si un consejero nos alienta a crear riqueza, a invertir y a desarrollar suelo no puede ser que mediada la legislatura, sin que haya sucedido ninguna catástrofe, su sucesor en el cargo, del mismo Gobierno, imponga una moratoria unilateral sin informarnos de sus intenciones. Si hay una moratoria, que lo diga. Si hay que modificar los proyectos, que lo diga. Pero es que ya no hablamos ni siquiera de viviendas de protección oficial".

Muñoz también recuerda la creciente aportación de la construcción de vivienda a la riqueza de la Comunidad Valenciana, del 10% del PIB regional hasta el 18% en los últimos siete años.

El talón de Aquiles del Gobierno de Camps

Francisco Camps sabía de sobra cuál era el talón de Aquiles de su Gobierno cuando en junio decidió colocar al frente de la Consejería de Territorio a Esteban González Pons, una persona de su más absoluta confianza, en sustitución de Rafael Blasco. El cambio era obligado. Todas las encuestas coincidían en señalar que la gestión del Gobierno valenciano en urbanismo y ordenación del territorio era, con diferencia, la peor valorada por los ciudadanos. Un sondeo del Instituto Opina publicado por EL PAÍS en octubre de 2005 confirmaba que el 28,5% de los encuestados aseguraba que la política del Ejecutivo regional en esta área era mala, frente a un 18,5% que la consideraba buena. La percepción empeoró un año después. Para el 36% de los ciudadanos, la gestión del territorio seguía siendo mala.

La imagen tan negativa es el resultado de la suma de numerosos factores que incluyen desde presuntos casos de corrupción que afectan a los alcaldes de Orihuela y Torrevieja hasta megaproyectos urbanísticos como el plan Rabassa de Alicante, que supone la construcción de 15.000 viviendas que habitarán 45.000 personas en 10 años y que supondrá un incremento del 15% de la población. Pero sobre todo, es el resultado de la feroz crítica del Parlamento Europeo a un modelo de crecimiento del territorio. Las quejas de 15.000 ciudadanos afectados por la aplicación de la legislación urbanística valenciana llenaron los despachos de la Eurocámara, que envió dos misiones de eurodiputados a la Comunidad Valenciana para concluir, en un informe aprobado por el pleno de la Cámara el año pasado, que la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) vulneraba los derechos de los pequeños propietarios. El Consell de Camps intentó remediar el rapapolvo europeo con la aprobación de una nueva ley en la que aseguraba que corregiría los vicios de la anterior, pero la Ley Urbanística Valenciana (LUV) no pasó el examen. La Comisión Europea dio hace dos semanas un nuevo ultimátum a la Generalitat para que cambie la LUV y la adapte a las directivas europeas sobre contratación pública, de modo que se garanticen el control administrativo y la transparencia en la gestión urbanística. La Comisión aprovechó la ocasión para denunciar una vez más que la Generalitat permitió la presentación de nuevos programas de actuación integrada (PAI) mientras tramitaba la ley. De hecho, decenas de municipios presentaron PAI a toda prisa antes del pasado febrero, cuando entró en vigor la LUV.

El nuevo consejero de Territorio ha pedido tiempo muerto y ha paralizado, con la excepción del PAI de Porxinos, la aprobación de nuevos planes al menos hasta el mes que viene. González Pons se dice defensor de la "política sandía": verde por fuera y roja por dentro. De momento, ha retirado las competencias urbanísticas al municipio alicantino de Catral, gobernado por los socialistas, y ha sustituido a los hombres de confianza de su antecesor, tal que si éste fuera de otro partido.