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La mayor trama de corrupción municipal

Constructores detenidos en Marbella tienen sus grandes proyectos en Madrid y Murcia

La red de corrupción de Marbella amenaza con extenderse. Los grandes constructores detenidos en la segunda fase de la Operación Malaya no sólo operaban en la Costa del Sol. Varios de ellos son muy conocidos en Madrid, donde promueven obras principalmente en ayuntamientos gobernados por el PP, y en Murcia, de donde salieron muchos hacia Marbella.

Entre los detenidos está Fidel San Román, que junto a su hermano Antonio controla más de 30 sociedades inmobiliarias, entre ellas Tifán SL, Sanedi, Promociones Anfisa y Urbanización y Obras Civiles. San Román, encarcelado el sábado pasado por cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, es uno de los principales

constructores de Las Rozas (Madrid), municipio gobernado por el PP y que experimenta un enorme desarrollo urbanístico.

Enrique Rodríguez Bugallo construye en Pozuelo de Alarcón y una de sus empresas movió 30 millones en 2003
El arquitecto municipal de Las Rozas cobró de Fidel San Román, que posee gran parte del suelo recalificado en la ciudad
El Ayuntamiento de Murcia, del PP, recalificó una fábrica a Tomás Olivo para hacer hoteles, oficinas y 300 casas
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Fianzas de más de dos millones de euros

En 1995, el PP llegó a este Ayuntamiento y triplicó las viviendas nuevas previstas, de 5.000 a 15.000. Actualmente, la corporación de Las Rozas tramita una reforma del Plan de Ordenación Urbana para edificar 10.000 viviendas más. Los cálculos del PSOE, opuesto al plan, indican que esta modificación supondrá unos 1.500 millones de euros para los promotores. La familia San Román será la principal beneficiada, ya que posee, según el PSOE, el 90% de los terrenos afectados, especialmente los que están junto a la carreta de El Escorial. Los socialistas denuncian además que esta ampliación se hará sin vivienda protegida.

Para dar una idea del volumen de negocio que maneja San Román, una sola de sus empresas, El Cantizal, que opera en Las Rozas, movió en 2003 unos 40 millones de euros; en 2004, unos 25 millones, y en 2005, otros 26 millones.

San Román ya apareció vinculado a un escándalo en Las Rozas. El 20 de julio de 2004, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia que avalaba la decisión del Ayuntamiento de Las Rozas del 25 de mayo de 1995, entonces del PSOE, de despedir a José Félix Heredero y Marcos Antonio Valencia. El primero era arquitecto jefe del Ayuntamiento, y el segundo, jefe del servicio de planeamiento y gestión urbanística. El Supremo consideró probado que "existía relación efectiva y real" entre sus actuaciones y sus actividades privadas como socios de la empresa Construcciones Elemar, empresa que presidía San Román. Es decir, el principal constructor de la ciudad controlaba una empresa y el arquitecto jefe del Ayuntamiento era el administrador de esa sociedad.

El ahora detenido ha protagonizado el debate político madrileño hace menos de un mes. El pasado 15 de junio, el PSOE llevó a la Asamblea de Madrid, el Parlamento autónomo, una reclamación para evitar que la Comunidad permitiese al Ayuntamiento de Arroyomolinos, controlado por el PP, recalificar 154 hectáreas protegidas para construir 3.700 viviendas.

La participación de San Román es fundamental en esta operación. El empresario es socio de la familia Franco, heredera del dictador, en la empresa Promociones del Suroeste, en la que es el presidente. El director general es Francisco Franco Martínez Bordiú, y Carmen Franco Polo es accionista. Según denunció en el debate en la Asamblea el socialista Modesto Nolla, y no fue desmentido por el PP, el 79% de las viviendas que se construirán en las zonas hasta ahora protegidas están en la finca Valdelasfuentes, conocida en el pueblo como "el coto de Franco", propiedad de esa empresa.

Otro de los empresarios detenidos en la Operación Malaya, Enrique Rodríguez Bugallo, es también un importante constructor de esa misma zona controlada por el PP, especialmente en Pozuelo. Su empresa Construcciones Salamanca movió 30 millones de euros en 2003. Los socialistas vinculan a su hija, María del Carmen Rodríguez, fundadora de Special Events, con un grupo de empresas que se adjudican la organización de actos de la Comunidad de Madrid. La hija del constructor fue durante años, según el PSOE, jefa de gabinete de Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y hombre de Ricardo Romero de Tejada, ex secretario general del PP madrileño.

La trama de Marbella también salpica a Murcia, donde han construido los detenidos Juan Antonio Roca, Enrique Ventero o Tomás Olivo, natural de Cartagena. Olivo tiene varios proyectos urbanísticos en solares estratégicos de la ciudad, gobernada por el PP.Empezó trabajando como chófer y empleado de gasolinera antes de dedicarse al sector de la construcción. Compró muchos solares en Cartagena, entre ellos los que vendió el Ministerio de Defensa.

Tomás Olivo era, además, el propietario del antiguo cine de Los Alcázares, que vendió a Juan Antonio Roca. Éste logró una recalificación para construir en ellos un hotel, actualmente intervenido por orden del juez. Además, Olivo compró una antigua fábrica en Murcia. El Ayuntamiento, del PP, recalificó el terreno y le permitió construir hoteles, oficinas y 300 casas en el centro de Murcia. En El Palmar, Tomás Olivo construye otras 300 casas.

El detenido Enrique Ventero gestiona el campo de golf de Los Alcázares (Murcia), donde gobierna el PSOE, y construye junto a Juan Antonio Roca. Ventero compró tres solares al norte de la capital murciana, en la que tiene previsto construir 600 casas.Información de Carlos E. Cué, Rafael Méndez y Tono Calleja.

El empresario Tomás Olivo abandona el juzgado tras pagar una fianza de 500.000 euros.
El empresario Tomás Olivo abandona el juzgado tras pagar una fianza de 500.000 euros.EFE

GRANDES OPERACIONES

- Arroyomolinos, del PP, planea recalificar 154 hectáreas protegidas para que San Román y la familia Franco construyan 3.700 viviendas

- Enrique Ventero gestiona el campo de golf de Los Alcázares (Murcia), municipio gobernado por el PSOE

- Los socialistas vinculan a Rodríguez Burgallo con Special Events, una empresa que organizó actos de comunidades del PP

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