El PSOE impulsa un cambio drástico de la Ley del Suelo para impedir recalificaciones masivas
Cuatro secretarías federales del PSOE trabajan en proyectos de modificación para mejorar la ciudad, proteger el paisaje y garantizar el derecho a la vivienda de los ciudadanos. La propuesta fundamental se basa en una drástica modificación de la Ley del Suelo, en la que ya trabaja la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, y que incide en la valoración y calificación del suelo para impedir que todo el terreno rústico sea urbanizable, lo contrario de lo que ocurre con la ley de 1998, que permite recalificaciones masivas. Asimismo, se trata de cambiar los criterios de la valoración de los terrenos, para que ésta no se base en la expectativa de lo que costarán, sino en su precio real.
Desde enero, la dirección del PSOE trabaja con la ministra de Vivienda y la de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en un proyecto global de "política territorial para España", que ya ha culminado en un primer borrador que se traducirá en propuestas políticas. De todo el proyecto destaca la necesidad de un cambio radical en la Ley del Suelo, que permite la urbanización casi total del suelo rústico, salvo el especialmente protegido, un porcentaje muy exiguo. Además, la propuesta recoge la garantía de un mínimo de reserva de suelo residencial para vivienda protegida que sea modulable por las comunidades autónomas.
Aunque la colaboración con el Gobierno es absoluta, la dirección del PSOE señala que su obligación es "ir más allá" que el Ejecutivo. Los interlocutores consultados también transmiten su preocupación por las presiones de algunos sectores afectados para que la nueva ley sea lo más suave posible para sus intereses.
Las propuestas del PSOE las coordina la Secretaría Institucional y Autonómica, que dirige Alfonso Perales, junto con Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de Soraya Rodríguez; Economía, de Inmaculada Rodríguez-Piñeiro, y Municipal, de Álvaro Cuesta. Todos parten de que mucho del suelo hoy urbanizado "nunca debería haber estado", según el documento formalizado tras las reuniones de partido, Gobierno y expertos. "Hoy se urbanizan en España más de 20.000 hectáreas de suelo al año, una superficie en la que cabrían 20.000 campos de fútbol". "Espacios que por sus características y valores nunca deberían haber sido urbanizados", señala el texto.
En este documento de la dirección socialista se considera "acuciante" cambiar la Ley del Suelo, porque consagra que "la vocación primordial de todo suelo es la de ser urbanizado, y que la valoración del mismo debe realizarse al máximo valor especulativo posible". Además, según el PSOE, esta política no ha obtenido ninguno de sus "pretendidos efectos benéficos", como, por ejemplo, la moderación de los precios.
Las normas que pretende el PSOE cambiarán la valoración y la calificación del suelo. Cada calificación irá dentro de un plan de ordenación urbana, acorde con "un desarrollo urbano definido democráticamente por el planeamiento territorial y urbanístico".
"Los socialistas nos hemos comprometido a elaborar en esta legislatura una nueva legislación cuyo principal objetivo es ahorrar ocupaciones innecesarias del suelo y acabar con su reclasificación especulativa". La potestad de conferir aprovechamientos urbanísticos a un determinado suelo corresponde a cada comunidad autónoma, pero raras veces interviene ya que deja la tarea a los ayuntamientos. Éstos la aprovechan para ceder suelo ante su necesidad acuciante de financiar políticas sociales.
Una nueva Ley de Haciendas Locales abrirá nuevas vías de financiación a los ayuntamientos. El PSOE persigue que las comunidades cumplan su función, aunque el Estado se reservará la potestad de impedir las calificaciones masivas amparándose también en el artículo 47 de la Constitución, que prohíbe la especulación del suelo. Además, el suelo rústico reclasificado se valorará por lo que es, "no por lo que pudiera ser". SorayaRodríguez discrepa de quienes dicen que "hay muchas Marbellas". A su juicio, "hay un problema urbanístico grave, pero no todo el urbanismo está manchado por la corrupción".
Perales pone el ejemplo de la Comunidad Valenciana, sin que hable en absoluto de corrupción. "Ocho de cada 10 planes de actuación urbanística se han hecho sobre suelo rústico, sin tener en cuenta el plan de ordenación urbana".
