Pekín convoca al embajador español para quejarse de las imputaciones de genocidio

La acumulación en la Audiencia Nacional de dos causas que implican a las autoridades chinas en sendos presuntos casos de genocidio, en Tíbet y contra el movimiento Falun Gong, ha colmado la paciencia del Gobierno de Pekín, que ha llamado al embajador español en la capital china, José Pedro Sebastián de Erice y Gómez-Acebo, para quejarse de las actuaciones de la justicia española. Fuentes del Ministerio español de Asuntos Exteriores resaltaron ayer que el Gobierno "mantiene un escrupuloso respeto por las decisiones judiciales y espera que este asunto se pueda resolver de una forma comprensible para todas las partes".

Las investigaciones de la Audiencia Nacional relacionadas con China han acabado por indignar al Gobierno de ese país. En los últimos días, el juez Ismael Moreno ha comenzado a practicar diligencias en el caso del presunto genocidio de Tíbet, y el Tribunal Supremo español ha ordenado a la Audiencia investigar el presunto genocidio y torturas a miembros del movimiento Falun Gong.

Ya el pasado martes, el Gobierno chino declaró que la investigación sobre el presunto genocidio cometido por las autoridades chinas en Tíbet en los años ochenta y noventa es una interferencia en los asuntos internos de su país, al tiempo que calificó de "absoluta mentira" los hechos que se imputan a Pekín. "Las denuncias del llamado genocidio en Tíbet son una difamación total, una absoluta mentira", declaró el portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Liu Jianchao.

La Audiencia Nacional comenzó el pasado día 5 a practicar diligencias sobre el caso con el interrogatorio de Thubten Wangchen, ciudadano español de origen tibetano personado en la causa como acusación particular, quien tuvo que exiliarse a Nepal, India y España. Wangchen, director de la Fundación Casa de Tíbet de Barcelona, ratificó la querella contra siete dirigentes chinos, entre ellos el ex presidente Jiang Zemin. Tras su comparecencia ante el juez, aseguró que el objeto de la querella no es tanto obtener la entrega a España de los miembros del Gobierno chino, sino "que se hable de lo ocurrido en Tíbet a nivel internacional" para que "el Gobierno chino reconozca sus errores y empiece a respetar los derechos humanos".

El magistrado encargado del caso, Ismael Moreno, ha librado comisión rogatoria internacional a Reino Unido y Canadá con el fin de interrogar a otros testigos y víctimas del supuesto genocidio, en el que se calcula que más de un millón de tibetanos fueron asesinados o murieron a manos de oficiales chinos y más del 90% de las instituciones religiosas y culturales fueron destruidas. A petición del fiscal, el magistrado ha solicitado también a Exteriores que informe sobre los documentos y resoluciones de la ONU relativas al caso de Tíbet, sobre los cargos desempeñados por los denunciados y sobre cualquier información relativa a las víctimas.

El segundo caso investigado por la justicia española es el de Falun Gong. La Sala Penal del Supremo ordenó el pasado martes a la Audiencia Nacional investigar el supuesto genocidio y torturas de integrantes del movimiento chino Falun Gong, al estimar un recurso contra la decisión de la Audiencia Nacional de no admitir a trámite una querella contra varios dirigentes chinos. El 30 de noviembre de 2004, integrantes de Falun Gong en España presentaron una querella contra el actual presidente del Comité Nacional del Consejo Consultivo Político del Pueblo Chino, Jian Quinling, número cuatro de la jerarquía comunista, aprovechando su estancia en España para asistir al II Foro Hispano-Chino, y contra otros tres integrantes de la delegación, que se hospedaban en el Hotel Juan Carlos I de Barcelona.

La querella no fue admitida a trámite y contra esta decisión presentaron recurso acogiéndose a la aplicación del principio de jurisdicción universal, para evitar "la impunidad de estos crímenes que no pueden ser perseguidos en China". Según los miembros de Falun Gong, desde la cruenta represión desatada por el Gobierno chino en 1999 contra ese "grupo espiritual", como ellos se definen, han sido asesinadas miles de personas, y hay centenares de miles internadas en campos de trabajo.

La decisión del Supremo fue adoptada por mayoría y el texto se conocerá en los próximos días. En la vista del recurso, el fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Luis Navajas, se opuso a la admisión de la querella por entender que es cuestionable que se haya producido el genocidio denunciado y por entender que el principio de justicia universal no puede ser interpretado de forma tan absoluta que los tribunales españoles se conviertan en "justicieros universales".