Las comunidades desatan una carrera de rebajas fiscales con vistas a las elecciones

La carrera electoral para las municipales autonómicas y municipales de 2007 está lanzada. La semana pasada, Madrid y Castilla y León (gobernadas por el PP) anunciaron rebajas fiscales en la renta de 2007. En ambos casos se trataba de promesas electorales de hace tres años y que se cumplen justo el año electoral. Las comunidades del PP prometerán nuevas rebajas fiscales en su programa electoral de 2007. La Junta de Andalucía (PSOE) anunció también deducciones de 100 euros para 250.000 personas. La carrera de las rebajas de impuestos se produce al mismo tiempo que las autonomías piden más dinero al Gobierno para financiar la sanidad, la inmigración y las infraestructuras.

En septiembre de 2005, el Gobierno acordó con los presidentes de todas las comunidades cederles 1.677 millones de euros más para paliar el déficit sanitario de las autonomías. Sólo un año después de recibir la inyección económica, las comunidades se han lanzado a bajar los impuestos para la renta de 2007, que coincidirá con las elecciones autonómicas y municipales. Los anuncios de nuevas rebajas se sucedieron la semana pasada y puede haber más.

MADRID: La reducción de impuestos, baza electoral

El Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) ha hecho de la bajada de impuestos una de sus principales bazas electorales. En sus tres primeros años de mandato, ha eliminado el impuesto de donaciones para el entorno familiar cercano -padres, hijos, cónyuges y parejas de hecho-; el de sucesiones lo ha reducido sustancialmente y lo suprimirá del todo el año próximo, ha elevado el mínimo exento en el impuesto de patrimonio y ha introducido deducciones para varios colectivos en el tramo que le corresponde del IRPF. Los impuestos de sucesiones y donaciones representaban el 3,5% de los ingresos de esta comunidad (unos 580 millones al año). La última gran promesa de Aguirre ha sido la rebaja de un punto en el tramo autonómico del IRPF, que ejecutará en 2007 como broche de legislatura.

Pero Madrid pide más dinero al Ministerio de Hacienda: exige que reconozca las necesidades de una región que ya supera los seis millones de habitantes y reclama más inversiones estatales. "Queremos que Hacienda reconozca que hemos crecido en un millón de habitantes en los últimos siete años", subraya un portavoz del Gobierno regional, quien sostiene que bajar los impuestos es progresista y que no implica recaudar menos. La oposición, sin embargo, sostiene que este tipo de medidas sólo benefician a los más ricos, los poseedores de grandes fortunas y aquellos que las heredan. "Aguirre promueve bajadas en los impuestos de sucesiones y donaciones para unos pocos, pero mantiene los impuestos de la compraventa de vivienda y sobre gasolina", denuncia Rafael Simancas, líder del PSOE madrileño.

ANDALUCÍA: 250.000 beneficiarios

El pasado martes, la Junta de Andalucía (PSOE) anunció una deducción de 100 euros en la próxima declaración de la renta para familias monoparentales. Según la Junta, la medida afectará a 250.000 personas, madres solteras, separadas y viudas. Además, amplió las deducciones para la compra y el alquiler de viviendas. La misma deducción tendrán quienes tengan a su cargo a sus padres y éstos tengan más de 75 años y una renta inferior a 8.000 euros. El consejero de Economía, José Antonio Griñán, dijo que el conjunto de estas medidas afectan a 1,5 millones de personas. La Junta dejará de ingresar 30 millones de euros.

Paralelamente, Andalucía mantiene la reclamación de inversiones que planteó al Gobierno del PP. Los partidos andaluces han pactado que el nuevo Estatuto (ahora en tramitación en el Congreso) fije las inversiones del Gobierno en Andalucía en el 18%, lo que equivale el porcentaje de población de Andalucía en España. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, afirma que las nuevas medidas tributarias anunciadas para el año 2007 son "absolutamente insuficientes" y "un insulto" a los andaluces.

CASTILLA Y LEÓN: Deslocalización fiscal

También la Junta de Castilla y León (PP) anunció el viernes la supresión del impuesto de sucesiones para herencias entre cónyuges, padres e hijos. "No hemos suprimido el impuesto antes porque supone un gran sacrificio para las arcas de la comunidad, que dejarán de ingresar 144 millones de euros anuales. Hemos preferido ir reduciéndolo de forma progresiva desde 2004, cuando lo eliminamos para los menores de 21 años", explica la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.

Otras comunidades limítrofes, como País Vasco, Navarra, La Rioja y Cantabria ya habían suprimido ese impuesto. "Mucha gente que vivía y trabajaba en Castilla se domiciliaba en las comunidades limítrofes para obtener ventajas fiscales. Esta medida", añade Del Olmo, "va a eliminar esa competencia fiscal". Del Olmo recrimina al Gobierno las inversiones estatales prometidas para Cataluña. "Nosotros no sabemos cuánto dinero va a destinar el Estado para infraestructuras a Castilla y León, al contrario que los catalanes. Las inversiones hay que hacerlas donde se necesitan y no en las comunidades más ricas", destaca.

COMUNIDAD VALENCIANA: "Discriminación respecto a Cataluña

El Gobierno valenciano, que preside Francisco Camps (PP), tiene previsto renunciar este año a 487 millones de euros de ingresos por las bonificaciones y exenciones aplicadas en los tributos cedidos por el Estado. El consejero de Economía, Gerardo Camps, presume de organizar las cuentas de una de las autonomías con menor presión fiscal y que el próximo año acabará por eliminar los impuestos sobre sucesiones, donaciones y transmisiones entre cónyuges y parientes de primer grado. De este modo, al acabar el ejercicio se habrán dejado de ingresar 104, 18 y 49 millones, respectivamente, por las exenciones y bonificaciones aplicadas a los citados impuestos. Pese a todo, la partida más grande de exenciones corresponde al tramo autonómico del IRPF (202 millones de euros). Según el PP, la reducción de la presión fiscal es una de las claves del crecimiento de Valencia en los últimos años.

Sin embargo, la Comunidad Valenciana, junto con Cataluña, es una de las autonomías que está sometida a un plan de saneamiento plurianual destinado a sanear su elevado déficit contable. En esta coyuntura, la comunidad se siente discriminada por el Gobierno central. Cree que Cataluña ha empezado a recibir unas compensaciones que no se le conceden a Valencia pese a estar en una situación prácticamente idéntica. El Gobierno valenciano quiere que se invierta en la región el equivalente al PIB. Según el Gobierno autónomo, esta comunidad aporta al PIB nacional el 9,7% del total y sólo recibe el 9% de la inversión en infraestructuras.

Información elaborada por Vera Gutiérrez, Natalia Junquera y Joaquín Ferrandis.