Los notarios destapan 111 operaciones con claros indicios de blanqueo de dinero en 2006
Un organismo de reciente creación ha analizado de enero a octubre 2.673 expedientes sospechosos
Los notarios españoles han remitido a la policía entre enero y octubre de este año 111 operaciones -la mayoría societarias- en las que sospechan que hay blanqueo de capitales. Desde enero, los notarios ya no son meros espectadores de las operaciones mercantiles de las que dan fe. Si ven operaciones extrañas o sospechosas de esconder delitos, están obligados a facilitar toda la documentación que posean a un organismo que creó en enero el Consejo General del Notariado: el Órgano Centralizado de Prevención (OCP). Jueces, fiscales y policías tendrán acceso a la información que recopile el OCP.
Desde su entrada en funcionamiento, el OCP ha recibido de los casi 3.000 notarios españoles 2.673 expedientes de operaciones sospechosas. Tras analizar esa información, los expertos financieros del OCP han hallado claros indicios de operaciones fraudulentas en 111 casos, los cuales ya están en manos del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), organismo integrado por policías que dependen administrativamente del Banco de España. Los otros casos siguen en estudio y en otros los expertos no han detectado delitos.
El nuevo OCP acumulará, y permitirá cruzar datos, de las operaciones que los notarios consideren llamativas por su cuantía. Pero también de las no llamativas si los firmantes son personas investigadas por jueces y fiscales. Cualquier escritura que realicen puede ser analizada en este centro. Se trata de localizar a las personas que utilizan notarios de distintas ciudades para cometer fechorías y ocultar movimientos societarios y dinerarios.
Cuando un juez, la policía o un fiscal quieran información patrimonial de personas ya no sólo podrán obtenerla de Hacienda o de los registros mercantiles o de la propiedad. Expertos de este servicio, dependiente del Consejo General del Notariado, se encargarán de analizar toda la documentación que vía telemática les remitan los notarios y ponerla al servicio de los investigadores. Y no sólo ponerla al servicio de los agentes o los jueces, los expertos también deberán analizarla y, si ven en ella indicios delito, comunicarla al Sepblac, el servicio del banco de España que investiga el blanqueo de capitales. Y si el Sepblac ve delito, lo remitirá a la Fiscalía Anticorrupción o la del lugar donde éste se haya cometido.
El Consejo General del Notariado ha elaborado una tabla donde detalla las operaciones que deben entenderse sospechosas. Por ejemplo, cuando un menor de edad o una persona de más de 70 años constituyan sociedades multimillonarias, en España o en el extranjero, sin justificación aparente, o cuando una persona compre y venda en un mismo día y en distintos lugares muchas sociedades carentes de bienes. En la actualidad hay decenas de sociedades que se constituyen sin patrimonio y con administradores insolventes para estafar al fisco: las llamadas sociedades fantasma o trucha.
"Explicaciones ilógicas"
En la citada tabla también se enumeran como sospechosas la "constitución de múltiples sociedades, empresas o personas jurídicas en un corto periodo de tiempo y con elementos comunes"; "compraventas sucesivas de un mismo inmueble en un periodo corto de tiempo, con diferencias más relevantes en el precio (ostensiblemente más bajo o más alto)"; el "uso de dinero relevante en metálico"; el "precio excesivamente alto o bajo de las acciones [de una sociedad]"; fondos "aportados desde jurisdicciones de riego"; "aportaciones sucesivas a una misma empresa, sin explicación lógica aparente", y operaciones que realicen personas "de las que exista conocimiento público [noticias de prensa, etcétera] de su supuesta implicación en actividades delictivas".
Este organismo ha sido creado en virtud de una orden, la EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, del Ministerio de Economía y Hacienda. Su objetivo, según el artículo 1 del citado texto legal, es "reforzar, intensificar y canalizar la colaboración del notariado con las autoridades policiales, judiciales y administrativas responsables de la lucha contar el blanqueo de capitales".
Los notarios, según la orden de Hacienda, deberán velar por la fiabilidad de la información que trasvasen a la Unidad de Análisis y Comunicación del OCP. Y ésta, a su vez, "atenderá con la máxima diligencia los requerimientos de información o colaboración que le sean formulados por las autoridades judiciales, fiscales o policiales".
La actividad del OCP está creciendo casi a diario. Si los notarios comunicaron en enero de este año, cuando entró en funcionamiento este centro, un total de 96 operaciones sospechosas, en junio la cifra se triplicó hasta llegar a 358. Las fuerzas de seguridad, jueces y fiscales también han comenzado ya a utilizar este nuevo servicio. De hecho, hasta octubre han pedido información sobre operaciones de 563 personas físicas y jurídicas.
