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Los partidos acumulaban en 2003 37 millones de deuda impagada

El PSC fue la formación política con más deudas vencidas y pendientes

La deuda vencida e impagada continúa destacando un año más dentro de las finanzas de los partidos. Ocho formaciones acumulan una deuda de 36,2 millones de euros en 2003, según un informe del Tribunal de Cuentas. La tarta se repartía así: PSC (14,9 millones), PSOE (6,7 millones de euros), PA (6 millones), ERC (4,1 millones), UDC (2,1 millones), IU (1,8 millones), EA (1,7 millones) y PP (135.710 euros).

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Los donativos privados, en su mayoría anónimos, sumaron 12,1 millones

El cuadro médico de la financiación de los partidos políticos no mejora a tenor del último informe del Tribunal de Cuentas, que analiza el ejercicio de 2003. A pesar de que recibieron en ese año un total de 165,1 millones de euros de fondos públicos para su funcionamiento, más otros 51 en concepto de subvenciones electorales varias, siguieron arrastrando la losa de una notable deuda vencida e impagada, por un monto de más de 37 millones de euros. (Véase el detalle en el cuadro adjunto). Esta cifra se divide entre un total de 21,8 millones de capital, y el resto serían intereses.No es desdeñable, tampoco, el monto de la deuda total que pesa sobre los partidos: 193,2 millones de euros, de los que sólo 15,1 millones son intereses.

Este año se incluyó, por primera vez, la asignación que recibieron los partidos para gastos de seguridad en Ayuntamientos y en concejales ante la amenaza etarra, que se cifra en 2,8 millones de euros. Sobre este punto, el informe reseña la necesidad de que se dicten normas para regular tales ayudas a fin de delimitar la naturaleza de los gastos sufragables, el periodo de devengo y el modo de justificación de su empleo. Todo ello, por entender que la situación actual no garantiza la debida seguridad jurídica sobre tales gastos.

Presencia en sociedades

El informe del Tribunal de Cuentas destaca que cinco formaciones (CDC, EA, PNV, PSC y PSOE) participan en el capital de diversas sociedades mercantiles. En su mayoría, el objeto social de tales firmas es la tenencia y administración de bienes inmobiliarios y actividades promotoras de construcción de sedes y locales para uso del partido. El tribunal resalta la necesidad de establecer una normativa para regular el reflejo económico que deberían tener en la contabilidad de los partidos.

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Y, como cada año, el informe destaca la ilegalidad, a tenor de lo que fija la ley orgánica que regula la financiación de los partidos, de las ayudas que conceden los gobiernos vasco y catalán a las distintas formaciones con escaño en sus respectivos parlamentos autonómicos para su funcionamiento ordinario. Tales aportaciones cuestionadas suman 3,6 millones, en el caso de los partidos vascos, y seis millones, en el caso de las formaciones catalanas.

Visto que el panorama no ha cambiado desde que el 30 de octubre de 2001 el Pleno del Tribunal aprobó una moción en la que solicitaba la modificación de la normativa sobre financiación y fiscalización de los partidos políticos (en la que se sistematizaban las deficiencias e irregularidades de los sucesivos informes aprobados), esta última auditoría se remite a dicho documento para plantear sus recomendaciones.

"Dado que las deficiencias e insuficiencias puestas de manifiesto en la moción siguen vigentes en el ejercicio fiscalizado a que se hace referencia en este informe, el Tribunal de Cuentas reitera de nuevo las recomendaciones en ella efectuadas, en la pretensión de que dichas recomendaciones sean consideradas, en su caso, en el proceso de reforma de la ley orgánica sobre financiación de partidos iniciado por acuerdo del Pleno del Congreso el 27 de septiembre de 2005, en consonancia con las sucesivas resoluciones adoptadas por la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, en las que se ha venido reiterando la asunción de la práctica totalidad de las propuestas recogidas en la moción mencionada".

Eliminar las donaciones

La reforma de la financiación de los partidos, promovida por ERC, sigue durmiendo en el Congreso a pesar de las promesas del PSOE. Hasta 28 ampliaciones de enmiendas se han aceptado desde octubre de 2005. Prácticamente todos los grupos han aceptado la tesis de ERC y del PSOE, que proponen eliminar las donaciones anónimas. Más conflictivo sería anular por completo las donaciones de empresas, como piden los republicanos y los socialistas.

El PSOE prometió sacar la reforma antes del verano y el propio presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, mostró su apoyo en el debate del estado de la nación la semana pasada. Aún así, el periodo de sesiones se acaba al final de este mes y el Gobierno aún no ha mostrado interés en reactivar la reforma. ERC cree que se debe a las presiones de CiU, la federación que, en porcentaje, más donaciones anónimas recibe.

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