La petición de amparo de Garzón provoca una grave fractura en el Poder Judicial
El magistrado obtuvo en 2002 el apoyo del gobierno de los jueces con un escrito muy similar
El juez Baltasar Garzón sufre desde hace 10 días uno de los ataques más virulentos que ha recibido un magistrado por una resolución judicial. Desde que imputó por falsedad a los peritos que firmaron un documento en el que vinculaban a ETA y el 11-M basándose en una coincidencia, la aparición del ácido bórico en la casa de un islamista y en un piso de ETA, el PP y distintas asociaciones y medios de comunicación, que coinciden en sus planeamientos o estrategias con el partido conservador, han acusado al juez de prevaricar, prostituir la justicia y dictar autos al servicio del Ejecutivo socialista.
Por una denuncia similar formulada por un dirigente del PNV en 2002 contra Garzón, el Consejo General del Poder Judicial, con los mismos integrantes que ahora, le concedió el amparo. Pero mañana, cuando se reúna la comisión permanente del consejo -tres vocales conservadores y dos progresistas-, las cosas no serán iguales. Los conservadores ya han evitado un primer pronunciamiento a favor del juez en el pleno del Poder Judicial de la pasada semana y no parecen dispuestos a cambiar su actitud.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional ha pedido al Poder Judicial protección contra todos los que le han atacado en los últimos días, incluyendo a uno de los vocales del Gobierno de los jueces, el conservador José Luis Requero, elegido a propuesta del PP.
La abstención de Requero
Algunos entienden que Requero debería abstenerse cuando el pleno del Poder Judicial analice en su momento el amparo pedido por Garzón frente a él, pero esa abstención deja a los vocales conservadores sin la mayoría que actualmente tienen -10 vocales frente a los nueves que conforman los elegidos a propuesta del PSOE (6), IU (1), CiU (1) y el independiente Agustín Azparren-, que se ha pronunciado a favor de la defensa de Garzón.
El Poder Judicial ya rechazó la semana pasada una propuesta de declaración presentada por vocales progresistas a favor de la independencia judicial y contra los ataques descalificatorios dirigidos al juez desde el PP y medios y asociaciones afines.
La mayoría conservadora argumentó que no podía suscribirse esa declaración cuando Garzón estaba siendo investigado en relación con un supuesto maltrato dado a los peritos que firmaron el informe que, basándose en una mera coincidencia, vinculaba a ETA y los atentados terroristas del 11 de marzo en Madrid.
Desde entonces, los vocales del Poder Judicial han recibido escritos de los dos fiscales que intervinieron en los interrogatorios de Garzón a los peritos y de la secretaria judicial que levantó acta de los mismos, en los que se niega cualquier incidente relacionado con coacciones o trato vejatorio del juez a los peritos policiales que comparecieron ante él.
Juan Carlos Campo, vocal elegido a propuesta del PSOE, quien la semana pasada propuso en un escrito un pronunciamiento del Poder Judicial contra los ataques a Garzón, señaló ayer que no tendría sentido un nuevo rechazo de la mayoría conservadora al amparo solicitado por el magistrado de la Audiencia Nacional. "Los criterios técnicos son los que avalan el apoyo al juez Garzón: la crítica es sana y loable, pero cuando es desmedida en forma de linchamiento, el Consejo debe actuar", señala Campo. Y añade: "No se pueden pasar por alto los ataques. Se le ha insultado, se le ha llamado prevaricador, se ha dicho de él que hace montajes con fines torticeros. Creo que éste es el caso más flagrante de los que hemos tenido. Si no hay apoyo al juez, se habrá producido una degradación in extremis del papel del Consejo General del Poder Judicial", concluye.
Enrique López, vocal elegido a propuesta del PP, prefiere no prejuzgar lo que puede ocurrir en la comisión permanente de mañana, de la que es miembro. "Habrá que analizar si existen circunstancias que hayan podido perturbar la independencia del juez", afirma. E introduce el siguiente matiz a lo que ha podido ocurrir en este caso. "No se puede confundir, son dos temas diferentes, el del juez ofendido y el del juez perturbado en su independencia judicial. Hay que analizar la incidencia de las críticas políticas y mediáticas. Los poderes públicos tienen que tener mayor nivel y responsabilidad en esta materia que los medios de comunicación", afirma.
López no cree que este caso suponga una degradación del Poder Judicial: "Hay personas que intentan convertir este hecho en un hecho muy importante, del que depende la independencia del Poder Judicial. A lo que me niego es a que se instrumentalice la defensa del Poder Judicial. Ha habido casos muy similares, en otros supuestos de hecho anteriores, y el Consejo ha actuado", concluye López.
Resoluciones a favor del juez
No es la primera vez que Garzón acude al Poder Judicial en petición de respaldo a su trabajo. Hasta ahora, había conseguido el apoyo del Consejo a sus reclamaciones. En este caso, parece que lo tiene más difícil.
- 'Caso Batasuna'. En julio de 2002, Garzón fue descalificado por diversos dirigentes del PNV tras dictar un auto contra las finanzas de Batasuna, que no había sido aún ilegalizada por el Tribunal Supremo. El magistrado pidió el amparo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entonces, como ahora, de mayoría conservadora, y lo consiguió, pese a que hubo votos particulares de los vocales del sector progresista.
El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, expresó su preocupación porque Garzón se hubiera convertido "en fiel brazo político del Gobierno central" y habló de "utilización política de la justicia". El juez consideró que manifestaciones como la de Azkarraga atacaban su independencia y atentaban contra su imparcialidad.
El Poder Judicial estimó entonces que la petición de amparo de Garzón encontraba cobertura en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que prevé la posibilidad de que los jueces que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pongan en conocimiento del CGPJ, dando cuenta de los hechos al tribunal competente, sin perjuicio de practicar por sí mismos las diligencias indispensables para asegurar la acción de la justicia. "Hacer valoraciones políticas de una resolución entra dentro del marco de las críticas, del derecho de la libertad de expresión; lo que creo que queda fuera de ese marco es imputar móviles políticos al juez que dicta esta resolución", dijo entonces el vocal conservador y portavoz del Consejo, Enrique López. "Los poderes públicos y sus responsables tienen un mayor deber de diligencia en el derecho de la crítica, y deben ejercerlo con mayor responsabilidad", añadió.
- 'Caso GAL'. En enero de 1995, el pleno del CGPJ, presidido por un progresista propuesto por el PSOE, concedió también amparo a la independencia del juez Baltasar Garzón.
El juez había estimado "profundamente perturbada" su independencia como instructor del sumario sobre los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) por las imputaciones recibidas durante algunas semanas contra su actuación judicial. El Poder Judicial aprobó por unanimidad un pronunciamiento donde rechazaba y deploraba "profundamente los ataques" dirigidos contra Garzón y pedía que nadie "obstaculice o dificulte" la investigación de los GAL mediante el cese "de los motivos determinantes de la situación creada, mediante la instauración de un clima de sincero y auténtico respeto institucional".
El artículo 13 de la LOPJ establece que "todos están obligados a respetar la independencia de los jueces y magistrados", y el artículo 199 del Código Penal dice así: "Incurrirá en la pena de inhabilitación especial el funcionario público que atentare contra la independencia de los jueces y magistrados".
