Tres policías niegan haber detenido a dos miembros del PP por agredir a Bono
El PP pide cárcel para los agentes mientras que el fiscal no ve delito
Los tres policías a los que el PP acusa de la detención ilegal de dos de sus militantes tras una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en la que el ex ministro José Bono fue increpado y obligado a abandonar la marcha niegan todas las imputaciones que se les atribuyen. La Audiencia Provincial de Madrid les juzga desde ayer por supuestos delitos de detención ilegal, falsedad en documento público y coacciones. La fiscalía no ve delito en la actuación de los agentes.
El PP, que actúa como acusación particular en el juicio y que representa a los dos militantes supuestamente detenidos, pide para los agentes penas de inhabilitación en sus cargos y entre cuatro y diez años de cárcel por los delitos antes citados. Los hechos que han dado lugar al proceso se produjeron entre los días 22 de enero -fecha de la manifestación- y 24 de enero de 2005, cuando tuvo lugar la supuesta detención ilegal de Isidoro B. y Antonia de la C., ambos militantes del PP.
En síntesis, el PP acusa a los agentes de arrestar ilegalmente a ambas personas a sabiendas de que no habían agredido al ex ministro Bono durante la manifestación y de falsear luego el atestado policial. Entiende el PP que los agentes recibieron presiones políticas.
El tribunal, que preside Miguel Hidalgo, inició el juicio con un visionado de fragmentos de un vídeo que refleja los momentos de tensión vividos por el ex ministro y la eurodiputada del PSOE Rosa Díez, que caminaban juntos durante la manifestación. Increpados y cercados por un grupo de manifestantes, Bono y Díez tuvieron que abandonar la marcha. Más tarde, el ex ministro declaró públicamente que había sido agredido.
Gritos y un palo
Los tres agentes inculpados coincidieron en que, tras analizar el vídeo, en el que se ven zarandeos y gritos, e incluso al manifestante Isidoro B. blandiendo un palo sobre la cabeza de Bono -pero sin llegar a tocarle-, entendieron que los hechos podían ser constitutivos de delitos de injurias y amenazas sobre una autoridad.
El instructor de las diligencias policiales, uno de los agentes imputados, el número 16.259, admitió ante el tribunal que dispuso el traslado a la comisaría de los dos militantes del PP tras visionar el vídeo y después de aparecer sus nombres el día 24 de enero en este periódico. Aseguró que contactó con Isidoro B. y le informó de las diligencias que se habían abierto y que éste le comentó que tanto él como Antonia de la C. deseaban "voluntariamente" ir a la comisaría y prestar declaración. "En comisaría, se les leyeron sus derechos como imputados, pero nunca como detenidos", aclaró el inspector.
El comisario de la Brigada Provincial de Información de Madrid aclaró que su actuación "fue estrictamente profesional" y que no recibió ningún tipo de presión política. Señaló que decidió abrir diligencias policiales porque, si bien no se apreciaba en el vídeo ninguna agresión a Bono, sí se observaban "indicios racionales" de "otras figuras delictivas", tales como zarandeos e injurias. Hoy prestará declaración como testigo el delegado del Gobierno en Madrid, Constatino Méndez.
