Los vocales conservadores del Poder Judicial rechazan un reconocimiento a los jueces perseguidos por Franco
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó ayer con los votos de los vocales propuestos por el PP una proposición de abrir una investigación sobre los jueces, magistrados, fiscales y secretarios judiciales que desempeñaron sus cargos durante la Segunda República y fueron represaliados después, durante la dictadura de Franco. Los autores de la propuesta, los progresistas Alfons López Tena y Félix Pantoja, así como el vicepresidente del Consejo, Fernando Salinas y la vocal a propuesta del PSOE Monserrat Comas, mostraron su desacuerdo con un voto particular.
López Tena y Pantoja solicitaban al pleno la apertura en el seno del CGPJ de "una investigación documentada que permita conocer las circunstancias personales y profesionales de los jueces, magistrados, fiscales y secretarios judiciales que, sirviendo su cargo durante la II República, sufrieron persecución, pérdida de su carrera profesional o cualesquiera otras represalias por la defensa de los valores y principios políticos y sociales que se han hecho realidad en nuestro actual Estado Social y Democrático de Derecho".
La propuesta, que recordaba que este año se cumple el 75 aniversario de la proclamación de la II República y el 70 del inicio de la guerra civil y por ello fue declarado Año de la Memoria Histórica, consideraba que el periodo democrático transcurrido desde el fin de la dictadura permite abordar "de forma madura y abierta", la relación con la memoria histórica de jueces y magistrados "teniendo en cuenta que recuperar dicha memoria es la forma más firme de asentar nuestro futuro de convivencia". Sus autores consideran necesario "recordar y honrar a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil y a los que lucharon contra la dictadura en defensa de las libertades y derechos fundamentales que hoy disfrutamos".
Los firmantes del voto particular consideran que con su rechazo, el pleno incumple el artículo 1.2 de la ley que declaró 2006 Año de la Memoria Histórica. Dicho artículo obliga a los poderes públicos a promover homenajes y reconocimientos a los hombres y mujeres víctimas de la guerra civil o de la represión del franquismo.
