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Reportaje:

Colombia destapa la caja de Pandora

La fiscalía se incauta el ordenador de uno de los más importante jefes paramilitares, con información que vincula a legisladores, alcaldes y políticos con los paras

Crímenes, políticos implicados, paramilitares, narcotráfico, financiación ilegal, extorsiones y corrupción son los ingredientes del escándalo que sacude a Colombia, uno de los más graves en la historia reciente: pruebas que comprometen a legisladores, alcaldes y dirigentes en reuniones con paramilitares.

Los medios de comunicación ya se han hecho eco tras tener acceso a informes de la fiscalía sobre información obtenida del ordenador incautado a Rodrigo Tovar, Jorge 40, uno de los más importantes jefes paramilitares desmovilizados que mantuvo su feudo en la costa Atlántica.

El ordenador ha destapado la caja de Pandora. Bajo diferentes claves escondía información tan valiosa como espeluznante: detalles de 558 homicidios cometidos entre 2003 y 2005; jueces, fiscales, miembros de las fuerzas militares en la lista de servidores del jefe paramilitar; apoyo económico a políticos, extorsiones y cobro de comisiones en contratos públicos.

Aunque muchos de estos delitos eran ya conocidos, ha resultado sorprendente confirmar hasta dónde ha llegado el poder de estos grupos y asombra, una vez más, descubrir cómo actuaron impúnemente sin que desde las altas esferas del Gobierno se hiciera algo para frenar su avance.

Las pruebas demuestran que después de iniciado el proceso de paz con el actual Gobierno, los paras continuaron con sus crímenes y fechorías. Los archivos encontrados reflejan que muchos de los hombres bajo el mando de Jorge 40 que entregaron sus armas el pasado mes de marzo, fueron reclutados a última hora, mientras mantuvo armados a sus combatientes más preparados.

Dos meses después, Jorge 40 hablaba de un nuevo proyecto militar y político para tomar la costa del Caribe bajo la máscara de un frente social por la paz.

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Algunos de los políticos mencionados —hay diputados (cuatro de ellos ya fueron detenidos) y un gobernador— ya habían aparecido en debates mediáticos sobre los vínculos entre paras y políticos. Todos sin excepción se han limitado a señalar que sus "enemigos políticos quieren enlodarlos" y han jurado que nunca han mantenido encuentros con Jorge 40.

A raíz de un debate, el año pasado, sobre política y paramilitares promovido por el senador de izquierda democrática Gustavo Petro, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación, que no avanzó por falta de pruebas contundentes. "Lo importante de este escándalo es pasar de lo que todo mundo sabe a tener pruebas que permitan el enjuiciamiento de los implicados", señaló a EL PAÍS León Valencia, de la corporación Arco Iris. La agrupación divulgó el año pasado un estudio sobre cómo los paras lograron cambiar, entre 1999 y 2003, el mapa político en 11 departamentos en el norte del país.

Para algunos este escándalo tiene un matiz positivo: permite conocer la verdad de lo ocurrido en los años de dominio paramilitar.

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