Europa consintió los secuestros de la CIA

La CIA tejió una telaraña de centros de detención secretos a los que trasladó a sospechosos de terrorismo con la complicidad de al menos 14 Gobiernos europeos, entre ellos España. Ésa es la principal conclusión del informe difundido ayer por Dick Marty, el investigador suizo a quien el Consejo de Europa encargó hace siete meses investigar las supuestas actividades ilícitas del servicio secreto estadounidense. Las acusaciones de Marty desencadenaron el rechazo generalizado de los países implicados. El primer ministro británico, Tony Blair, declaró en la Cámara de los Comunes que el informe no añade nada nuevo. "Hemos dicho todo lo que teníamos que decir sobre esto. No hay nada más que añadir", dijo Blair.

El esperado trabajo de Marty, el más exhaustivo de los publicados hasta el momento, establece por primera vez el vínculo entre aviones concretos operados por la CIA y secuestrados con nombres y apellidos. El informe recoge 17 casos de víctimas de entregas extraordinarias. Las pesquisas se basan en la información aportada por las propias víctimas, por algunos de los gobiernos, parlamentos nacionales y servicios de espionaje implicados -incluido el de Estados Unidos-. También se fundamentan en la relación de vuelos que han aportado Eurocontrol y las autoridades aeroportuarias.

Marty se ha apoyado además en los hallazgos de investigaciones periodísticas y de ONG, sobre todo las del diario estadounidense The Washington Post y Human Rights Watch, la organización también de ese país, que destaparon la existencia de prisiones secretas en Europa. Marty reconoce, no obstante, que debido a la complejidad de la cuestión y los medios a su disposición no ha sido "capaz de presentar una visión completa de los diferentes aspectos de lo que ocurrió".

Reino Unido, Suecia, Italia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Alemania y Turquía jugaron un papel "con distintos grados de responsabilidad" en el programa de las llamadas "entregas" -el secuestro y traslado de sospechosos de terrorismo a países terceros para ser interrogados sin garantías judiciales, y en ocasiones bajo tortura- que Estados Unidos considera vitales en su lucha antiterrorista y que la Unión Europea dice deplorar.

"El acto de la entrega no debe constituir per se una violación del derecho internacional", explicó la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, poco antes de viajar a Europa en diciembre pasado. "Otros Estados también han expresado su derecho a detener a un sospechoso de terrorismo en un territorio extranjero, con el objetivo de llevarlo ante la justicia si los instrumentos judiciales y de cooperación no dan el resultado deseado", añadió entonces Rice, en alusión a Francia por el secuestro en África del terrorista Carlos, El Chacal. Rice no explicó, sin embargo, que estos detenidos, como los de Guantánamo, no tienen acceso a la justicia ordinaria.

Otros siete países, entre los que figura España, serían según Marty culpables de complicidad "activa o pasiva" en las entregas ilegales. En el apartado dedicado a España, el investigador considera que se trata de un país del que partieron vuelos cargados de sospechosos de terrorismo y cita la investigación judicial de Baleares. Estas pesquisas se basan en la información aportada por la Guardia Civil con los nombres de los pasajeros de uno de los aparatos que despegaron del aeropuerto Son Sant Joan, con rumbo a Skopje (Macedonia), donde muy probablemente se subió Khaled el Masri -el ciudadano alemán de origen libanés secuestrado en Macedonia y trasladado después a Afganistán, donde fue torturado- antes de continuar hacia Afganistán. Palma de Mallorca figura en el informe publicado ayer como un "punto de partida", que según la denominación de Marty, corresponde a los lugares en los que la tripulación de los aviones de la CIA planeó y preparó operaciones ilegales.

A la vista de las evidencias, el investigador del Consejo de Europa considera que "resulta inconcebible que algunas operaciones ejecutadas por los servicios estadounidenses hayan tenido lugar sin la participación activa, o al menos la connivencia de los servicios de espionaje nacionales". La principal preocupación para algunos Gobiernos ha sido claramente evitar que se enturbien sus relaciones con Estados Unidos, un aliado y socio crucial. Otros Gobiernos, aparentemente trabajan bajo la premisa de que no debe conocerse la información obtenida por sus servicios secretos.

En este punto, el informe cita el caso de Italia, donde el egipcio Abu Omar, bajo vigilancia de la policía italiana, fue secuestrado en febrero de 2003 por la CIA a plena luz del día en las calles de Milán, y posteriormente trasladado a Egipto, donde sería encarcelado. Casos como este conducen a Marty a afirmar que "la impresión que algunos Gobiernos trataron de transmitir tras desatarse la polémica de que Europa fue víctima de tramas secretas de la CIA parece no corresponder con la realidad".

Las conclusiones del informe desencadenaron el rechazo de plano de los países citados. Destaca la contundente reacción de Reino Unido, cuyo primer ministro, Tony Blair, dijo en su comparecencia semanal en la Cámara de los Comunes: "Hemos dicho todo lo que teníamos que decir sobre esto. No hay nada más que añadir", señaló el primer ministro. El Gobierno alemán señaló a través de su viceportavoz, Thomas Steg, que habrá que analizar todos los detalles del informe. Irlanda negó haber dado apoyo a los vuelos de la CIA, lo mismo que los Gobiernos de España, Polonia y Rumania. Portugal afirmó que el informe no aporta ninguna prueba concluyente, sino que recoge "alegaciones y convicciones".

También el Departamento de Estado de EE UU rechazó el informe. Su portavoz, Sean McCormack, declaró que Washington está "decepcionado por el tono y el contenido del informe".