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El Gobierno francés da marcha atrás y paraliza las expulsiones de 'sin papeles'

Sarkozy pretendía iniciar las deportaciones de miles de familias al acabar el curso escolar

No habrá caza del niño, ni habrá expulsiones este verano. En el último momento, el Gobierno francés dio ayer un paso atrás en su pretensión de expulsar del país a las familias inmigrantes en situación irregular cuyos hijos estaban escolarizados y una vez acabado el curso. La movilización popular contra esta medida forzó ayer al mediador nombrado por el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, para este asunto, el abogado Arno Klarsfeld, a intentar desactivar la campaña de desobediencia civil que se estaba gestando y que prometía una larga tregua veraniega.

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Los padres tienen ahora hasta el 13 de agosto para presentar los documentos de su caso, que prueben que los niños tienen "fuertes vínculos con Francia", afirmó Klarsfeld.

El curso escolar acabó ayer en Francia. Y lo que para unos era la felicidad del comienzo de las vacaciones, otros lo vivieron como el inicio de una pesadilla en la que eran expulsados del país. Para las familias de inmigrantes en situación irregular con hijos escolarizados, el fin de las clases suponía también el fin de la garantía de que no serían enviados a la frontera. El endurecimiento de las leyes de inmigración impulsado por el titular de Interior, sus promesas de duplicar la cifra anual de expulsados y su retórica sobre la inmigración en un año electoral crearon un auténtico clima de miedo entre estas familias que, paradójicamente, generó un amplísimo movimiento de solidaridad en la sociedad francesa.

Los medios de comunicación empezaron a explicar la situación en las escuelas; los profesores y los padres de alumnos se erigieron en defensores y conspiradores, ocultando a los chavales en sus casas para esconderlos de la policía. Algunas alcaldías de izquierda organizaron bautizos republicanos, con padrinos como el alcalde socialista de París, Bertrand Delanoë, la actriz Isabel Adjani o el ex ministro socialista Jack Lang, así como senadores, concejales, intelectuales, artistas e incluso funcionarios y no todos ellos adscritos a la izquierda.

Según la Red de Educación Sin Fronteras (RESF), la principal organización que coordina el movimiento de solidaridad con estas familias, hay en Francia entre 50.000 y 100.000 niños escolarizados procedentes de miles de familias en situación irregular.

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El anuncio de Klarsfeld cayó como un bálsamo, pero no ha acabado con la movilización. Las manifestaciones previstas para hoy y mañana frente a las alcaldías de París y el Parlamento siguen convocadas.

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